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Un enfrentamiento legal entre la Junta Nacional de Ferias del Agricultor y el Centro Agrícola Cantonal (CAC) de Puntarenas, con sede en Jicaral, condujo al desalojo de la feria de Barranca, cuya sede desde el año 2000 son unos terrenos del Consejo Nacional de Producción (CNP).
La situación impacta en unos 170 agricultores, del Pacífico central especialmente, que colocan sus productos cada semana en dicha feria.
Este choque legal data de hace 10 años. Se llevó primero al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y luego se elevó a Casación en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Luego de agotarse la vía de Casación, el presidente ejecutivo del CNP, Rogis Bermúdez, dijo este 29 de julio que está obligado a desalojar a la feria, que se realiza los viernes y sábados, en las instalaciones de esa entidad, en Barranca.
La primera acción se ejecutó en la mañana de este miércoles 29 de julio y consistió en el desalojo de los empleados del ente administrador de esa feria del agricultor, que es el CAC de Puntarenas.
Aún no se sabe si se permitirá ingresar a las instalaciones a los agricultores, este viernes 31 de julio, pues se gestiona un periodo de seis meses para buscar otro sitio donde realizar ese mercado de frutas, hortalizas y verduras.
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José Manuel Ortíz, director ejecutivo de la Junta Nacional de Ferias, reconoció que el conflicto se inició porque el CAC de Puntarenas no paga las comisiones establecidas en la ley.
Por eso se llevó el tema al ámbito judicial, en primera instancia para cambiar de administrador de la feria. Pero el juzgado determinó, adicionalmente, que no se pueden realizar actividades privadas de lucro en terrenos públicos, aunque haya un convenio firmado.
De ahí partió la interpretación del CNP para desalojar la actividad. “Mi intención nunca es perjudicar a los agricultores, pero si no cumplo el mandato legal puedo ser denunciado”, alegó Bermúdez.
Sonia Durón González, administradora del CAC de Puntarenas, adujo que en el sitio se han realizado muchas mejoras, con una inversión total que ronda los ¢250 millones, financiados con fondos propios de la entidad y con aportes de otras instituciones pero gestionados por ellos.
Explicó que en campo techado y con todas las condiciones de higiene tienen 170 puestos para agricultores y que con datos al 2019 se estima una asistencia semanal de 3.000 compradores a esta feria del agricultor.
El evento se realizaba solo los sábados, pero ante la alta demanda se solicitó permisos al CNP para ampliarlo a los viernes, agregó.
De acuerdo con Durón, la feria genera trabajo para taxistas, ventas de alimentos y otros, por lo cual no solo los agricultores y consumidores se verían afectados.
