EscucharEl Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) elaboró un proyecto de decreto que busca transferir la responsabilidad de la fiscalización en los establecimientos de alimentos destinados al consumo humano a médicos oficializados por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Además, este proyecto elimina la figura de la regencia veterinaria, alegando la reducción de costos y la alineación con estándares internacionales.
El punto crucial radica en otorgar al Senasa las atribuciones para continuar con las inspecciones y sanciones por violaciones a la normativa vigente, mientras que el Colegio de Médicos Veterinarios se centraría exclusivamente en supervisar el desempeño profesional.
Uno de los argumentos presentados por el MAG es que los “mercados internacionales” han comunicado que las regencias veterinarias carecen de validez al no ser una práctica internacional. Estos mercados han exigido la figura de la oficialización de médicos veterinarios, asegura el jerarca del MAG, Víctor Carvajal, a la vez que señala que la seguridad y sanidad alimentaria seguirá garantizada.
Hasta ahora, la inspección de establecimientos para el sacrificio de animales está bajo la dirección de la figura de un regente veterinario, supervisado por el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, creado en 1964. Mientras tanto, el Senasa inspecciona los locales como parte de sus funciones establecidas por su ley fundacional.
¿Pero qué es un regente veterinario? Es un miembro del Colegio de Médicos Veterinarios que, según la legislación, asume la dirección técnica y científica, así como la responsabilidad profesional de los establecimientos detallados en el Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios, Decreto Ejecutivo N° 19184-MAG del 10 de julio de 1989.
Estos establecimientos incluyen fábricas y plantas que elaboran productos y subproductos de origen animal para consumo humano, así como aquellos involucrados en el sacrificio, el despiece y la transformación de alimentos cárnicos.
Por otro lado, el Senasa, establecido en el 2006, se encarga de administrar, planificar, dirigir y aplicar medidas pertinentes en todo el país para cumplir con servicios, programas y campañas relacionados con la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades animales. También controla y garantiza la salud de animales domésticos, acuáticos, silvestres y otros de diferentes especies, además de asegurar la inocuidad de productos y subproductos para consumo humano o animal.
El proyecto de decreto ejecutivo, publicado para consulta pública en el sitio web del MAG a principios de julio, consta de nueve artículos y está programado para entrar en vigor el 1.º de enero del 2024. El jerarca del MAG y promotor de la iniciativa, señala que la oficialización de la inspección estará a cargo de un médico veterinario capacitado por el Senasa.
La diferencia clave es que las plantas de sacrificio ya no pagarían directamente a los veterinarios como regentes. La propuesta también implica la creación de empresas que administren el trabajo de los médicos oficializados, quienes recibirán pagos por las inspecciones bajo supervisión del Senasa, en lo que Carvajal considera como un primer paso hacia una reorganización que se había pospuesto.
MEIC hace señalamientos a propuesta
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) proporcionó valoraciones iniciales sobre los resultados de la consulta a finales de julio, en cumplimiento de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N.º 8220 y su reforma. Entre estas valoraciones, el MEIC insta a clarificar y evaluar la pertinencia de este “complicado” esquema de autorización de veterinarios oficiales, con el objetivo de garantizar principios de mejora regulatoria, claridad y seguridad jurídica.
La propuesta de decreto excluye de la lista de establecimientos que deben ser regentados por médicos veterinarios supervisados por el Colegio, a las fábricas y plantas que producen productos y subproductos de origen animal destinados al consumo humano, así como a los establecimientos involucrados en el sacrificio o despiece de animales y en la transformación e industrialización de alimentos cárnicos.
Esta propuesta ha desencadenado la protesta del gremio de veterinarios, quienes mantienen una campaña en redes sociales y han rescindido unilateralmente un convenio de cooperación con el Senasa como medida de protesta. Las tarifas de regencia veterinaria para plantas industrializadoras oscilan entre ¢135.300 y ¢393.800 anuales, dependiendo del tamaño de la instalación.
El MEIC recomienda que, tomando en consideración la gran cantidad de oposiciones a la reforma del reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Veterinarios en la consulta pública, se explique, con la evidencia oportuna, la necesidad de eliminar el requisito de la regencia a los establecimientos en cuestión y que se demuestre, los beneficios de dicha medida al sector.
El MAG argumenta que la eliminación de las regencias reducirá costos para las industrias procesadoras de alimentos. Silvia Coto, portavoz del Colegio de Médicos Veterinarios, sostiene que el proyecto carece del suficiente respaldo técnico, especialmente dado que el Senasa aún no puede realizar inspecciones rigurosas en los 300 establecimientos que tienen regentes.
Agrega que al proponer la derogación de artículos en el reglamento a la Ley Orgánica del Colegio, los establecimientos carecerán de fiscales especializados para verificar la seguridad alimentaria, razón por la que alistan acciones legales en caso que se publique.
El jerarca del MAG asegura que fortalecerán el personal del Senasa y nombrarán nuevos veterinarios. Germán Rojas, director general del Senasa, indica que actualmente cuentan con 400 médicos veterinarios y técnicos oficializados.
El proyecto también ha causado controversia debido a la inspección de inocuidad, en la que se establece que los mataderos solo serán inspeccionados si un socio comercial lo solicita. Coto argumenta que esto podría limitarse a productos de exportación, dejando sin inspectores oficializados a los mataderos destinados al consumo local.
