EscucharEn Costa Rica se han emitido 10 decretos ejecutivos en los últimos 17 años para regular y agilizar el registro de agroquímicos. Pese a ello, persisten una extensa lista de componentes pendientes de inscripción, así como cuestionamientos por la amenaza que un rezago de casi dos décadas representa para la salud humana, de los animales, y el medio ambiente.
El más reciente de los decretos entró en vigencia en febrero del 2023, y en estos cuatro meses algunos involucrados ven avances, pero todavía se cuestiona si las nuevas disposiciones podrán destrabar la fila. El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) estima que 178 componentes están pendientes de trámite, según datos actualizados al 22 de mayo.
Por medio del decreto ejecutivo N.° 43838, RTCR 509:2022. Insumos Agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes, Vehículos Físicos y Sustancias Afines de Uso Agrícola, vigente desde 1.º de febrero, en los próximos días se oficializará el registro de tres nuevos insumos.
Se trata de la incorporación de un Ingrediente Activo Grado Técnico (IAGT) que se utilizará como herbicida y dos productos formulados, un herbicida para el arroz y un fungicida para combatir la sigatoka del banano, indicó a La Nación, el jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal.
Los productores y las empresas llevan años demandando la agilización en el registro de los insumos que garantizan la comercialización de nuevos productos, y este nuevo reglamento también está puesto a prueba.
Los datos del SFE reflejan que desde el 2008 hasta el 22 de mayo del 2023, se han registrado 1.203 componentes agroquímicos, entre IAGT, coadyuvantes y sustancias finales, insumos para aplicación aérea, fertilizantes y plaguicidas. Aquí no se incluyen fertilizantes con fines de exportación, plaguicidas sintéticos, plaguicidas botánicos ni productos para plantas ornamentales.
Renzo Céspedes, asesor de la Corporación Arrocera y de la Corporación Hortícola Nacional, indicó que el sector productivo tiene serios problemas en sus cultivos debido que no pueden utilizar moléculas que no están registradas, por lo que consideró que aún no hay respuesta eficiente y acorde a las ventajas que tienen otros países.
Mientras que las empresas proveedoras están a la expectativa. “Queremos probar si realmente todo esto va a funcionar, nos estamos preparando para probar el sistema y ver si realmente funciona como lo ha anunciado este gobierno”, indicó Erick Arce, miembro de la junta directiva de la Cámara de Insumos Agropecuarios.
Guillermo Vargas, académico de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica (UCR), especialista en el registro de insumos, consideró que el productor está sin herramientas por responsabilidad del Estado, pero consideró que en esta administración se están observando más gestiones.
Por otro lado, dijo que hay empresas que tienen 10 años de haber presentado la documentación para el registro de moléculas y hasta este año están obteniendo respuestas.
Casi 20 años de rezago
Ileana Sánchez, presidenta de la Asociación de Profesionales en Registro, citó como principal dificultad el hecho de que las normativas se elaboran sin tomar en cuenta la opinión de los especialistas.
“Consideramos que tienen un componente más legal que técnico y hay diferencia de criterios en todos los gobiernos, la eficacia del registro de agroquímicos en Costa Rica sigue puesto a prueba luego de casi 20 años plagado de fallas”, opinó.
En octubre de 2004, la Contraloría General de la República, determinó en el Informe sobre la Evaluación de la Gestión del Estado en Relación con el Control de Plaguicidas Agrícolas, que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) incumplía la normativa nacional e internacional en materia de registro de plaguicidas.
Dos años después, en el 2006, se emitió el primer reglamento vía decreto (N.º 33.495-MAG-MINAE-MEIC), que entró en vigencia en enero del 2007.
Desde ese momento a la fecha se publicaron, en total, 10 decretos ejecutivos, unos que dejan sin vigencia o reforman otros. En los últimos 11 meses se publicaron cuatro, de los cuales uno está derogado y los otros son reformas a la última normativa vigente.
Ventana para genéricos
Sobre el más reciente de los decretos, Renzo Céspedes criticó el procedimiento de homologación definido en el reglamento que puso en vigencia, que tiene como referencia la equivalencia de registros ya aprobados en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicas (OCDE).
Su crítica es que esto podría significar una traba para los productos genéricos. “Como resultado de esto se va a colocar a la industria genérica latinoamericana, nacional, de China y de India en una situación de absoluta desventaja porque al no tener sus productos registrados en esos países (OCDE), simplemente no podrían optar a la homologación”, indicó este asesor.
Al respecto, Carvajal señaló que el reglamento define la cantidad de años en que un producto goza de monopolio de la información, por medio de la protección de los datos de prueba.
Explicó que el registro otorga 10 años de protección, lo que significa que en esta década no pueden comercializarse productos genéricos. Sin embargo, si en la revisión se encuentran con insumos en los que este periodo ya venció, no les será renovado.
Esta revisión de plazo de protección de datos también se analizará en el registro de moléculas bajo el proceso de homologación con terceros países miembros de la OCDE, lo que abre la ventana de ingreso a los productos genéricos e impulsar la reducción de precios.
Carvajal aclaró que la primera molécula registrada por el mecanismo de homologación, oficializada en abril, se realizó sin protección de datos de prueba, por lo que queda disponible para la elaboración de productos genéricos.
Por otro lado, indicó que la normativa permitirá al productor traer directamente los insumos bajo el procedimiento de importación paralela, ya no solo las casas comerciales, sino que a título personal, pero para ello debe cumplir con los requisitos establecidos.
Agroquímicos sin control
El reglamento vigente también pretende controlar el uso de los insumos en Costa Rica.
“Hay agroquímicos que fueron aprobados por leyes donde no tenemos información de absolutamente nada, no sabemos lo que están aplicando los productores, estos productos no pasaron por pruebas de impacto ambiental, no pasaron por suministro de información indispensable”, manifestó Víctor Carvajal, jerarca del MAG.
Según el Ministro, con la entrada en vigencia de la normativa, empezó la actualización de los registros de los insumos que están utilizándose.
El nuevo decreto plantea un plazo de dos años para la actualización de los registros, según el funcionario. “En muchos casos hay que empezar desde cero, registrando la molécula que está utilizándose hoy para luego registrar el producto formulado, esperamos en estos dos años poder cumplir con este objetivo”, indicó.
Costa Rica tiene un alto consumo de plaguicidas en la agricultura que ronda, en promedio, los 34,45 kilogramos de ingrediente activo por hectárea, por año, que lo ubica en el primer puesto respecto a los países miembros de la OCDE en el continente, revela el estudio Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el 2021.
El mismo estudio señala que a esa fecha se mantenían en el mercado 1.884 plaguicidas con más de 10 años de haber sido registrados y algunos hasta con 37 años de registros vencidos y otros que nunca han tenido establecida una fecha de vencimiento.
“Hay que centrar la discusión en la protección de la salud humana y no por proteger los negocios de nadie, eso es algo antiético”, refirió el ingeniero agrónomo, Elidier Vargas, autor del estudio del PNUD.
Las pruebas necesarias
Por otro lado, el titular del MAG, indicó que la homologación con la OCDE agilizará el proceso porque se tendrán como referencia los estudios sobre los IAGT ya realizados en estos países, puesto que anteriormente se pedían estudios específicos para Costa Rica, lo que encarecía el costo del agroquímico.
Elidier Vargas, estimó que en el proceso de homologación se pueden usar los estudios que las empresas presentaron en un país OCDE, pero no hacer la evaluación de riesgo usando como referencia a esos países, debido a las diferencias climáticas y ambientales en el uso de plaguicidas respecto a Costa Rica.
“Eso técnicamente es incorrecto porque aquí no van a hacer el mismo uso”, señaló Vargas, a la vez que enfatizó que en el país no se está tomando en cuenta la peligrosidad que tienen las sustancias.
Él indicó que en una muestra de 16 agroquímicos utilizados en Costa Rica, arrojaron 44% de factores de alerta alta y 50% de alerta moderada para la salud humana, medio ambiente y especies animales.
Los datos analizados provienen de la base de datos de la Unidad de Investigación de Agricultura y Medio Ambiente (AERU por sus siglas en inglés) de la Universidad de Hertfordshire, Reino Unido, recomendada como referencia por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Sin embargo, Erick Arce, de la Cámara de Insumos Agropecuarios, indicó que el reglamento establece que en la homologación se pueden reconocer productos de países que tengan condiciones agroecológicas similares a las de Costa Rica, lo que se convierte en un filtro para reconocer productos que no funcionan en el país por estar dirigidos a cultivos que no se producen localmente.
“Técnicamente no veo impacto por productos que ya han sido avalados en Europa, en Estados Unidos, en Brasil o Colombia, donde hay grupos de expertos con mayor capacidad, con filtros más estrictos”, señaló.
Los riesgos persisten
El agrónomo de la UCR, Guillermo Vargas, señaló que los productores se enfrentan al uso de viejas moléculas cuya aplicación ya saturó su efectividad frente a los agentes patógenos, además de seguir contaminando. “Esa es la paradoja, porque (en el Registro) tienen moléculas mucho menos contaminantes varadas”.
Por esta razón se están enfrentando a plagas que ya no están siendo controladas por moléculas que se han usado por años y hay pocas opciones porque no hay registros nuevos.
El académico indicó que el productor ha tenido que recurrir al uso de opciones que incluso no tienen registros en el país, para poder tener moléculas modernas. “Eso con todas las limitantes porque es un tema que no es legal, traer moléculas de Panamá y de Nicaragua para usarlas, porque el productor las necesita, porque las moléculas de acá ya están obsoletas”.
Y en similares términos se refirió Arce. “Ha habido también un poco de producto, tal vez no tan alarmante, pero sí hay casos de contrabando por la frontera porque están en Nicaragua, están en Panamá, están en todo Centroamérica y algunos productores quieren traerlos para controlar bien las plagas, porque solo Costa Rica no los tiene, ha habido contrabando de ese tipo de cosas”, indicó.
A la consulta de La Nación sobre este tema, la Dirección del SFE señaló que: “no hay en este momento, ninguna denuncia de contrabando planteada”.
