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Productores e industriales del arroz protagonizan un fuerte enfrentamiento, por un negocio que ha generado ganancias por más de $6 millones (¢2.664 millones) con importaciones baratas en algunos años.
El choque generó que el lunes pasado los cuatro representantes de los industriales renunciaran a la junta directiva de la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz).
Mientras, representantes de los productores los acusan de huir porque el negocio salió de sus manos y ahora las eventuales ganancias son administradas por la Corporación.
Francisco Rodríguez, representante de la asamblea de industriales del arroz, refutó ayer las acusaciones y dijo que se retiraron de la directiva en protesta por dos razones:
La intromisión política en la Corporación. Hizo alusión directa al nombramiento del exdiputado y exviceministro de agricultura liberacionista Óscar Campos, como vicepresidente de la entidad.
El control total de las decisiones en poder de los productores, pues tienen cinco miembros contra cuatro de los industriales. La directiva se completa con dos representantes del Gobierno: los ministros de Agricultura y Ganadería, y de Economía, Industria y Comercio (MEIC) o sus representantes.
La ruptura entre los sectores se presenta mientras Conarroz intenta corregir problemas administrativos y responder a cuestionamientos a la repartición de ganancias incluidos en un informe de la Contraloría General de la República.
Ese documento se refiere precisamente al último período (2002-2003) cuando las importaciones generaron ganancias. En esa ocasión se importó el grano a $147 la tonelada, pero se vendió a $210 la tonelada, lo que generó una ganancia de ¢2.986 millones.
La Contraloría cuestionó un mecanismo que se autorizó en un decreto ejecutivo para repartir ese fondo y dijo que un 3% de los productores se llevó más del 50% de los recursos.
Ataques
El presidente de Conarroz y representante de los productores, Agustín Navarro, se cuestionó por qué se retiraron los industriales cuando la Contraloría hizo los cuestionamientos.
Denunció que las industrias se atrasan en el traslado de los recursos que recaudan y deben aportar para financiar Conarroz; en el pago de las importaciones y que se han opuesto a un control adecuado de los inventarios que se usan como base para repartir las cuotas de importación.
A esta declaración oficial se suman versiones de otros productores en el sentido de que el problema real son las eventuales ganancias que pueden generar importaciones si el precio vuelve a bajar. Solamente un barco con 20.000 toneladas en granza puede dejar ¢200 millones en ganancia, dijeron.
En muchas ocasiones anteriores esa ganancia quedó en manos de los importadores. Ese argumento no es válido ahora, argumentaron los industriales, pues con el fuerte incremento de los precios internacionales del arroz las importaciones del período 2003/2004 les generaron, al contrario, pérdidas por $3,6 millones (¢1.598 millones).
Explicaron que una única industria se atrasó en los pagos de las importaciones, por lo que no cabe la denuncia sobre supuesto “jineteo” de recursos.
Al contrario, añadieron, los productores aprobaron proyectos como crear cinco oficinas regionales con todos los servicios, con un alto gasto, pese a la oposición de los industriales.
Este es uno de los casos, enfatizaron, en el cual los productores no atendieron razones.
