EscucharLa Oficina del Consumidor Financiero (OCF) estima que 221.000 personas han accedido a los llamados créditos “gota a gota” en Costa Rica, según se reveló, este jueves, en la segunda Encuesta Nacional de Endeudamiento OCF, aplicada en el tercer trimestre del 2023.
“En la investigación que hicimos en esta encuesta (...) el 7,4% de la población ha tenido acceso al crédito gota a gota. Eso nos lleva a pensar que 221.000 personas en el país tuvieron acceso al crédito gota a gota. Ese es un dato importante y de ponerle mucha atención”, explicó Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).
El estudio también muestra que cinco de cada 10 encuestados conoce esta modalidad de préstamos, que consiste en un crédito informal, que la persona obtiene sin documentos, sin fiadores y con intereses muy elevados y antojadizos. El crédito se lo ofrece, muchas veces, un desconocido con capacidad para sacarlo del apuro de inmediato, y a ahí surgen los problemas.
Cuando el pago se vuelve insostenible, los cobros se comienzan a realizar bajo amenazas, ya sea de muerte, de agresiones físicas o de daño a familiares de la persona ofendida, según explicaron especialista del Organismo de Investigación Judicial a La Nación, en una serie de reportajes publicados sobre este fenómeno.
Montero añadió que conocer la estimación de cuánta población ha tenido acceso a este tipo de préstamos es relevante porque ayuda a ponerle solución a este fenómeno de endeudamiento.
La OCF brindará, en una próxima entrega de datos de la encuesta, cuántas personas recibieron amenazas para que paguen y cuántos han denunciado a las autoridades policiales, se informó en un comunicado de prensa.
La Oficina del Consumidor Financiero realizó la encuesta entre setiembre y octubre del año pasado. En el proceso se entrevistó a 1.200 personas entre 18 y 65 años; y el estudio tiene un margen de error de 2,8%.
Actualmente, en el Congreso hay varias iniciativas legales para enfrentar las repercusiones delictivas que generan estos créditos informales.
Incluso la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa citó a expertos en la materia para referirse al tema. Parte de las aseveraciones fueron que esta modalidad de financiamiento informal creció desde la promulgación de la ley de usura, en el 2020.
De hecho, ese es uno de los principales argumentos de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pues la norma, aducen, sacó a muchas personas del sistema formal al negarles el acceso a tarjetas de crédito y microcréditos.
