La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) cuestionó la insistencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de solicitar datos sin anonimizar de los clientes de las instituciones financieras, por considerar que no son necesarios para elaborar las estadísticas del ente emisor.
Asimismo informaron, en un comunicado de prensa, que pidieron a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) una explicación sobre los alcances de la medida cautelar que ordenó al ente emisor abstenerse de pedir datos de deudores sin anonimizar.
El BCCR argumentó, la semana anterior, que no existe una orden de carácter judicial o administrativo que le restrinja a solicitar información con fines estadísticos.
La ABC señaló que el ente emisor no requiere datos con la identificación de los clientes bancarios para la generación de estadísticas e indicadores. A manera de ejemplo, indicó que la semana anterior se publicó la tasa básica pasiva con información anónima de los depositantes.
“Esta insistencia nos lleva a cuestionar la necesidad de recopilar esta información sensible, especialmente cuando hemos demostrado que no es esencial para los propósitos estadísticos del BCCR”, señaló Ronulfo Jiménez Rodríguez, asesor económico de la ABC.
Jiménez explicó que la ABC planteó al Banco Central la conveniencia de que la información que remiten los bancos semanalmente sobre las tasas de interés activas y pasivas se reporte de forma anonimizada, excluyendo aquellos datos que permitan la identificación de los clientes.
Al no recibir respuesta del ente emisor, las instituciones financieras enviaron los datos de tasas de interés activas y pasivas sin incluir la identificación de los clientes.
El BCCR asegura que con la información detallada de las cuentas de captación (depósitos del público) de cada cliente, elabora indicadores como la TBP, según refirió en un oficio que remitió a la gerencia general de las entidades bancarias el 14 de setiembre.
La solicitud, firmada por la gerenta del BCCR, Hazel Valverde Richmond, cuya copia tuvo acceso La Nación, adjunta el criterio DAJ-CJ-0079-2023 emitido por la División Asesoría Jurídica de la institución, el cual señala que la entidad posee un fundamento jurídico sólido, válido y vigente para continuar haciendo requerimientos de información.
La ABC interpuso ante la Sala IV una acción por inconstitucionalidad que, según señala el BCCR en el criterio jurídico realizado, no suspende la eficacia ni la aplicabilidad de ninguna de las normas impugnadas.
El mismo análisis jurídico indica que el proceso administrativo iniciado por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) se encuentra suspendido hasta que la Sala Constitucional se pronuncie respecto a la acción de inconstitucionalidad introducida por la ABC.
“La decisión de la industria bancaria confirma el compromiso de los bancos de proteger los datos de los clientes y la colaboración que siempre han mostrado al Banco Central para que siga obteniendo la información necesaria para cumplir con sus fines monetarios”, manifestó Jiménez.
Pero reiteró que es necesario que la Sala IV resuelva la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la ABC para tener claridad sobre el tema.