EscucharLa Auditoría Interna del Banco Popular (BP) reprochó la inacción del Consejo de Gobierno y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ante el incumplimiento del requisito de idoneidad de miembros de la Junta Directiva Nacional y subsidiarias de la institución pública.
“No identificamos cuál ha sido la actuación del ente supervisor para corregir tan graves debilidades en el gobierno corporativo de una entidad sistémica como lo es el Banco Popular y la inacción efectiva del Poder Ejecutivo, para atender una delicada situación financiera y de gobernanza que se viene advirtiendo por este despacho”, se detalla en el oficio AG-75-2024, del pasado 9 de julio, firmado por el auditor general Manuel González Cabezas, del cual tiene copia La Nación.
El funcionario enfatizó que las “debilidades” fueron expuestas por la Auditoría desde hace un año y medio, en el documento AG-73-2023, y no fueron atendidas ni por Sugef ni por el Poder Ejecutivo, según se indica en el documento enviado al Consejo de Gobierno y a Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia.
En el oficio de seis páginas, la Auditoría efectúa una reseña de las falencias de gobernanza en el conglomerado del BP. Además, cuestionó las medidas correctivas aplicadas por la Junta Directiva del Banco, considerándolas insuficientes.
El documento concluye con la petición a la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría de la Ética Pública y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que valoren la actuación de la Sugef y los directivos del BP por incurrir en algún posible delito en el “uso de los fondos públicos llamados a administrar y proteger como buenos padres de familia”.
La Sugef recalcó que ha sido diligente en sus actuaciones. “La Sugef ha cumplido con el mandato legal de fiscalización del Banco Popular, incluso circula en poder de los medios de comunicación, la remisión por parte del presidente del directorio de la Asamblea de Trabajadores, de algunos de los resultados obtenidos de dicha fiscalización”, se indicó mediante la Oficina de Prensa.
Este diario solicitó a Casa Presidencial, por correo electrónico el pasado 19 de julio a las 9:37 a.m., una posición a raíz del informe de la Auditoría Interna del BP que fustiga la actuación del Poder Ejecutivo respecto a la designación de los miembros de la Directiva de la entidad financiera. Pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
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La CGR confirmó que se reunió en dos ocasiones con miembros de la Auditoría en el 2023. Sin embargo, a la fecha no ha recibido ninguna relación de hechos por parte de dicha Auditoría Interna sobre presuntas irregularidades.
El Banco Popular está en irregularidad financiera 1, a raíz de debilidades de gobierno corporativo, desde el pasado 15 de enero, cuando la Sugef notificó a la entidad el resultado de la evaluación sobre riesgos en el banco, tal como informó La Nación.
La Directiva del BP está integrada por tres representantes nombrados por el Consejo de Gobierno y cuatro de la Asamblea de Trabajadores, quienes deben ser ratificados por el Poder Ejecutivo.
“No identificamos cuál ha sido la actuación del Ente Supervisor para corregir tan graves debilidades en el gobierno corporativo de una entidad sistémica como lo es el Banco Popular”
— Auditoría Interna del BP, oficio AG-75-2024
En febrero pasado, este diario reveló que Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, presidente de la Directiva del Banco Popular y quien fue elegido por el Gobierno como representante estatal, incumple el requisito de experiencia para ejercer el cargo. La directora María Clemencia Palomo Leitón, otra de las representantes elegidas por el Poder Ejecutivo, tampoco cumplió con el criterio de experiencia, así se reveló en el Reporte de Evaluación de Idoneidad de Juntas Directivas, sus Miembros y Altas Gerencias 2023, a cargo de KPMG, aplicada al Banco Popular y las subsidiarias.
Adicionalmente, una fiscalización de la Sugef detalló que un total de 21 de los 30 miembros de las juntas directivas de las subsidiarias del Banco Popular incumplen los criterios individuales de idoneidad establecidos para ocupar sus puestos.
El Banco Popular es una de las cuatro entidades bancarias catalogadas como sistémicas por Sugef. Esto quiere decir que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, sufriera un deterioro en su funcionamiento o cayera en insolvencia. Las otras entidades con dicho peso son el Banco Nacional, BAC Credomatic y el Banco de Costa Rica.
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Falencias en gobernanza
Según el informe de la Auditoría, las falencias a nivel de gobierno corporativo llevan a entidades financieras a enfrentar dificultades de administración, y mencionó el reciente caso de Coopeservidores, actualmente en proceso de resolución. La única institución interesada en absorber los activos y pasivos de la cooperativa es el Banco Popular.
En el oficio se afirma que las debilidades más relevantes están en que a Sánchez Sibaja se le designó como presidente de la Junta, pese a no contar con ocho años de experiencia en puestos de dirección, pues su trayectoria principal es como diputado.
“El criterio de experiencia no es de ninguna forma un requisito subsanable, para citar tan solo un ejemplo, no hay forma humana de que una persona adquiera la experiencia mínima requerida de ocho años en una entidad financiera o bancaria en tan solo uno o dos años, sencillamente no es factible”, se indica en el documento.
En el caso de las subsidiarias, la Auditoría también resaltó que se nombró a directivos que tampoco cumplían requisitos de idoneidad como dedicación de tiempo o integridad. Además se destacó que tales deficiencias no fueron tomadas en cuenta en la fiscalización externa de KPMG ni en las evaluaciones internas del conglomerado.
“La Sugef ha cumplido con el mandato legal de fiscalización del Banco Popular, incluso circula en poder de los medios de comunicación (...) los resultados obtenidos de dicha fiscalización”.
— Superintendencia General de Entidades Financieras
“En cuanto a la calificación ‘excelente’ obtenida en la evaluación del desempeño de los Órganos de Dirección con corte a junio 2024, consideramos que el ejercicio realizado por el consultor externo es insuficiente y omite aspectos relevantes asociados al desempeño de sus miembros, como (...) aportes de valor en las sesiones de sus respectivas Juntas Directivas y Comités”, se subraya en la Auditoría.
Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, presidente del BP, afirmó que no le corresponde al auditor general calificar las idoneidades de miembros de las juntas directivas del conglomerado financiero. “Las respuestas y evidencias que al respecto hemos emitido están en poder de la Superintendencia y del Consejo de Gobierno”, sostuvo el funcionario.
El jerarca agregó que la institución acata las indicaciones y oportunidades de mejora señaladas por la Sugef. “El Banco presentó a la Superintendencia un Plan de Acción con medidas y que fue aprobado por el propio órgano supervisor en marzo, al considerarse que cumple con los atributos de eficacia”, dijo Sánchez.
Medidas ejecutadas
En el informe AG-75-2024, una de las quejas fue que ni la Sugef ni el Poder Ejecutivo ejecutaron medidas para la destitución de directivos por falta de idoneidad para ejercer el puesto.
La Superintendencia explicó que sus facultades legales son para recomendar medidas de remoción o nombramiento de directores, situación que se notificó en varios oficios al Poder Ejecutivo para el caso del BP.
“La Sugef ha sido insistente con los órganos encargados de nombramientos y remociones de los miembros de Juntas Directivas, incluido el Poder Ejecutivo, para que tengan el debido cuidado de considerar en los procesos de selección y nombramiento de directores, como mínimo la aplicación de las políticas de idoneidad”, resaltó la entidad fiscalizadora por escrito.
Además, se agregó que han dado instrucciones tanto al Órgano de Dirección como a la Alta Gerencia del Banco para ejecutar acciones correctivas, pues son los encargados de mitigar los riesgos.
Por su parte, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR explicó que tras recibir a miembros de la Auditoría Interna del BP, actuó conforme a sus competencias, para lo cual coordinó con la Sugef para asegurar la adopción de las medidas necesarias, entidad a la cual le remitió dos oficios DFOE-CAP-1676 (09934), del 27 de julio de 2023, y el DFOE-CAP-1875 (11960), del 5 de septiembre del mismo año.
La Contraloría informó que, entre agosto y setiembre del año pasado, la Superintendencia remitió tres documentos en los que detalló las medidas solicitadas al presidente Rodrigo Chaves y la Junta Directiva del Banco Popular sobre las dudas en los atestados de directivos.
Adicionalmente, confirmó que no tiene abierto ningún proceso de investigación contra la Sugef en relación con el Banco Popular.
