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Miles de clientes del sistema financiero recibieron un correo o una llamada en las últimas semanas con una mala noticia: el banco le informa que cerrará su tarjeta de crédito de manera definitiva y deberá pagar la deuda acumulada.
En el último mes, más de 136.000 clientes pasaron de tener una tarjeta de crédito con un saldo pendiente, a un préstamo que deberá ser cancelado en un plazo máximo de cinco años.
La medida fue atribuida por los bancos a la entrada en vigencia de una reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, más conocida como “ley de usura”, que puso un límite a las tasas de interés que cobran los intermediarios financieros.
Para las autoridades del sistema financiero se han cerrado entre 150.000 y 160.000 tarjetas de crédito, desde la activación de esa ley, aseguró como cifra preliminar Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Sin embargo, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y Conassif elaboran un mapeo de las tarjetas para saber cuántas fueron cerradas por la pandemia y cuáles por la ley de usura. El resultado final estará listo entre el cierre agosto y mediados de setiembre.
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BAC Credomatic, Davivienda, Promerica y Scotiabank forman parte de la lista de entidades financieras que han comunicado de forma pública cuáles medidas adoptaron con la definición de las tasas de usura.
Estos cuatro emisores acumulan una cifra de 234.526 plásticos eliminados, a unos 136.000 clientes.
Solo BAC cerró 187.526 tarjetas de crédito a un total de 79.789 clientes. Davivienda, por su parte, cerró 7.000 plásticos, pertenecientes a la misma cantidad de clientes. Promerica confirmó la eliminación de 40.000 tarjetas de aproximadamente 30.000 clientes.
Por su lado, Scotiabank anunció en julio que cerraría tarjetas a 20.000 clientes, sin embargo, no detalló de cuántos plásticos se trataba (una persona puede tener varias tarjetas).
¿Por qué la banca cerró estas tarjetas? Las tasas de interés de los plásticos bajaron y esto, según la banca, ocasionó que el margen de ganancia se redujera y por tanto, algunos clientes dejaron de ser rentables para las entidades.
Entre quienes recibieron esta noticia están aquellos que daban poco uso a los plásticos, malos pagadores y otros consumidores con poca vinculación en las entidades, por ejemplo, solo tenían la tarjeta y no adquirían otros productos o servicios.
Nuevas deudas
Con el cierre de esos plásticos, las entidades procedieron a transformar el producto. Cada uno de los clientes que tenían esas tarjetas ahora poseen créditos a un plazo de hasta 60 meses.
Los saldos pendientes de estas tarjetas fueron trasladados a préstamos con esas condiciones en entidades como Davivienda, BAC Credomatic y Promerica.
Los productos también pagan una tasa de interés y se rigen bajo las mismas reglas que cualquier producto de financiamiento en caso de morosidad.
La tasa de interés de esos créditos, por su lado, se definió según el interés que pagaba el cliente por el producto, ajustado a las tasas anuales máximas para créditos y microcréditos.
El interés a pagar es muy variable inclusive dentro de una misma entidad financiera, porque los clientes que recibieron la noticia de cierre de su tarjeta utilizaban distintos plásticos, con distintas condiciones.
Por ejemplo, en Davivienda, el saldo pendiente de pago se cancelará con una tasa de interés corriente en colones de 37,50% y dólares, de 30,36%.
El estado de cuenta será enviado cada mes, como es usual, al consumidor, quien además tendrá la posibilidad de realizar aportes extraordinarios para reducir la deuda sin costo adicional.
Además, las fechas de pago quedaron sin cambios, para que el cliente lleve el mismo orden que tenía desde antes de que el producto sufriera una transformación.
El Ministerio de Económica, Industria y Comercio (Meic) lleva un registro de las denuncias relacionadas con tarjetas de crédito, sobre cobro o cálculo de intereses, cláusulas abusivas, incumplimiento de crédito, entre otros.
Entre junio y el 12 de agosto, los consumidores presentaron 41 denuncias de tarjetas y 40 de otros servicios financieros.
“El dato de la cantidad de denuncias no necesariamente está relacionada con la ley de usura”, explicó el ministerio ante la consulta de La Nación sobre denuncias relacionadas exclusivamente a este ley.
En busca de opciones
La banca mantiene en curso los cambios dados a conocer en julio (ajuste de tasas de interés en los productos para cumplir con la ley y el cierre de plásticos), pero también está a la espera del reglamento que lanzará el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).
Ese texto esclarecerá las reglas que debe seguir la banca y les permitirá analizar con más detalle cuáles otros productos de financiamiento pueden ofrecer a esta población que de momento quedaría de alguna forma excluida de las opciones de financiamiento del sector formal.
Estas personas que hoy son excluidas del acceso al financiamiento del sector formal, tendrían mayor vulnerabilidad de acudir al sector informal como “única opción para obtener financiamiento”, explicó a inicios de julio, Bernardo Alfaro, el jerarca de Sugef.
Desde ya, la banca analiza cuáles productos puede lanzar, para estar listos en cuanto salga el reglamento.
“Nos encontramos trabajando en propuestas innovadoras que en un futuro cercano podamos alcanzar a estos clientes con una oferta que nos permita servirles de una mejor manera”, apuntó Arturo Giacomin, presidente ejecutivo de Davivienda Costa Rica.
Por su parte, BAC Credomatic trabaja con el mismo objetivo: atender a los clientes que perderán el uso de la tarjeta.
Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC Credomatic, explicó que el banco está en proceso de creación de nuevos productos de crédito y microcrédito que le permitan seguir operando en los segmentos a los que cerró la tarjeta, dentro del marco de la ley.
