La reciente condonación de deudas por ¢6.242 millones autorizada al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) no es la primera ni la más alta que hace este sistema de financiamientos, pues arrastra otros dos procesos anteriores que juntos sumaron ¢27.778 millones en perdón de créditos atrasados.

Dos leyes previas obligaron a ese perdón de pagos, en la corta historia del SBD, creado mediante una ley del 7 de mayo del 2008. Con la ley de condonación que fue firmada por el presidente Carlos Alvarado, el pasado 26 de marzo y que está marcha –se elabora el reglamento– la suma total ascenderá entonces a ¢34.020 millones.

La primera de las condonaciones se aplicó con el nacimiento del sistema. La Ley 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, ordenó el perdón de deudas por un valor de ¢13.661 millones, procedentes del Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuario para Pequeños y Medianos Productores (Fidagro) .

Así lo reconoció la administración del SBD al responder consultadas enviadas por La Nación.

Un segundo proceso legalizado permitió que no se pagaran transacciones por ¢12.269 millones del Fondo de Reconversión Productiva (incluye recursos reembolsables y no reembolsables). Esa ley agregó otros ¢1.857 millones de Fidagro.

Este segundo proceso se ordenó mediante la Ley 8835, Ley de Apoyo y Fortalecimiento del Sector Agrícola, publicada el 14 de junio del 2010.

En los dos procesos anteriores, se ordenó que no se pagaran 10.422 operaciones de crédito, de acuerdo con los datos aportados por el SBD en una respuesta por escrito.

En la primera operación de condonaciones se incluyeron 7.161 operaciones de crédito, todas de Fidagro. En la segunda fueron 3.261 operaciones, entre Reconversión Productiva (3.184) y Fidagro (77), explicó el SBD.

Actualmente, ese sistema tiene en marcha el tercer plan de condonaciones, aprobado mediante una ley, el cual incluye 2.705 créditos que eventuamente se dejarán de atender definitivamente.

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De esa manera, con los tres procesos se completará una suma de 13.127 operaciones de préstamos cuyos responsables no tuvieron o no tendrán que pagar, al ser incluidos en leyes de perdón aprobadas por los diputados en el respectivo periodo legislativo.

Una de las críticas de sectores es a quienes se beneficia con esas prácticas. Se trata mayormente de agricultores, quienes, se teme, arrastren historial de impagos.

Por ejemplo, Fidagro compró a los bancos las deudas en dificultades de los agricultores entre el 2002 y el 2006 y les dio facilidades de pago mediante readecuaciones y, de nuevo no pagaron.

Esa crítica sigue presente con la condonación recientemente aprobada, pues se teme que se trate de impagos reincidentes. Por esa razón se han presentado choques entre quienes en el SBD exigen mayores controles para identicar a los beneficiarios y quienes abogan solo por pedir una declaración jurada.

Además, en este último proceso en marcha a solo 41 operaciones se le perdonarán ¢3.893 millones, mientras que a un enorme grupo de 2.664 préstamos se les dispensará del pago de ¢2.349 millones.

¿Práctica común?

¿Se está volviendo una práctica común estas condonaciones en el SBB? Las opiniones son divididas.

Por ejemplo, Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), advirtió de que los fondos asignados a banca de desarrollo, al igual que los que por décadas manejaron los fideicomisos, han sido regalados repetidamente, bajo la excusa inicial de que el sector agrícola requería de esas ayudas por las crisis de clima o precio de los productos.

“Es una mala costumbre por cuanto no se dan justificaciones y es utilizado, en su mayoría, como instrumento político y no de ayuda al desarrollo”, declaró Dent.

Sin embargo, para el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) y actual miembro del Consejo Rector del SBD, Renato Alvarado, no se está volviendo una costumbre, pues las tres condonaciones se refieren al arrastre de los mismos problemas de viejos fideicomisos.

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Alvarado dijo que no sabe por qué con los dos procedimientos anteriores no se terminó de limpiar la cartera de esos fideicomisos. Por lo tanto, dijo el ministro, ahora está luchando para que el reglamento a la ley sea suficientemene claro y se termine de una vez con esos créditos.

El objetivo, enfatizó, sería que la condonación en cursos sea la última a aplicar en el SBD.

Según la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, procesos como el que se aprobó recientemente no piden los requisitos suficientes y, por tanto, tienen el riesgo de que la medida se extienda a quienes no lo necesitan.

“Las condonaciones en general llevan un mal mensaje cuando se trata de fomentar una sólida cultura de pago en los costarricenses, en el sentido de que, en algún momento, el deudor se verá liberado de sus deudas no atendidas gracias a estas medidas”, enfatizó la jerarca.

El ministro Alvarado adujo que un proceso serio de identificación de beneficiarios que realmente necesitan el perdón, porque sufrieron realmente embates de la naturaleza, es lo que se pretende con el reglamento a la ley de esta última condonación.

De nuevo, Alvarado dijo que no puede responder por la forma en que se escogió a los beneficiarios de los procedimientos anteriores y tampoco por los requisitos que se pidieron en aquellas ocasiones.

Influencias

El exbanquero y exvicepresidente de la República, Luis Liberman, advirtió de que, generalmente, las condonaciones de deudas han dependido siempre del poder económico y político de los proponentes.

En algunos casos, agregó, el Estado considera que aliviarle la carga financiera a una actividad para “salvarla de la quiebra” es oportuno. Esta política podría tener sentido si la actividad ha tenido un serio problema coyuntural (una sequía, un cierre temporal de un mercado importante, etc.) y esa actividad es competitiva y puede recuperarse con el acompañamiento del Estado.

“Lo que no se vale son esas condonaciones generalizadas, sin estudiar si todos los sujetos de la misma requieren la asistencia y si la situación que enfrenta la actividad es repetitiva porque produce un bien o servicio que el mercado no demanda o que ya no es competitivo”, señaló el exbanquero.

“Lo serio del asunto es que se le pasa la cuenta a la o las instituciones financieras públicas sin que el Estado les retribuya esas pérdidas que debilita su solvencia”, se cuestionó Liberman.

En su respuesta por escrito, la administración del SBD defendió, de nuevo, el actual plan de perdón de deudas, como un aporte solidario del Estado en una situación de emergencia y dijo que se pedirán requisitos. “La condonación no es un ejercicio de oficio para todos los productores contemplados”, se dice en el documento.

También aseguró que esta condonación se inscribe entre otros muchos proyectos de ayuda estatal, puestos en marcha por el impacto de la situción sanitaria. Entre ellos se mencionan reducción de impuestos, traslado de impuestos, reducción de jornadas, además de la discusión de proyectos de ley para otorgar avales o apoyar a los transportistas.