EscucharDesde hace cuatro semanas, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) enfrenta cuestionamientos de distintos actores, tanto dentro como fuera del sistema financiero nacional. Una serie de hechos relacionados con solicitudes de información individualizada de personas y empresas pusieron a la autoridad monetaria en medio de una turbulencia.
La Nación comenzó el seguimiento del tema desde el 17 de agosto, cuando trascendieron detalles de una denuncia penal del BCCR, en contra de la superintendente General de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, por negarse a entregar información detallada y sin anonimizar de las operaciones crediticias en el sistema financiero nacional.
¿Cómo empezó?
El pasado 17 de agosto, se hizo público un choque entre la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Banco Central. La Sugef informó de que su jerarca había sido denunciada penalmente por la gerente general del Banco Central, Hazel Valverde.
La denuncia se basó en el supuesto delito de desobediencia a la autoridad, ya que Aguilar se negó a proporcionar los datos completos de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor, al considerarlos confidenciales.
Aunque la Sugef no entregó los datos, envió el 23 de diciembre del 2022, una consulta a la Procuraduría General de la República (entidad que actúa como abogado del Estado) para determinar si la información solicitada podía ser divulgada. La denuncia contra Aguilar se presentó el 21 de abril, antes de obtener una respuesta.
A pesar de que esta controversia se hizo pública en agosto, la solicitud de información por parte de la Junta Directiva del Banco Central se remonta al 23 de noviembre del 2022. La autoridad monetaria justificó los requerimientos de información argumentando que la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley del Sistema de Estadística Nacional les otorgan esta facultad.
Posteriormente, el economista jefe del Banco Central, Alonso Alfaro, reconoció que la autoridad monetaria planea utilizar los datos crediticios de personas y empresas para combinarlos con información de Tributación y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esto, afirmó, tiene como objetivo proporcionar mejores estadísticas.
El Banco Central también confirmó que solicitó a entidades financieras información, incluyendo números de identificación, de las personas y empresas que compran y venden dólares en el mercado cambiario. Indicó que se hizo con el propósito de analizar con detalles el comportamiento de ciertos participantes y las respuestas a ciertos estímulos.
¿A quién más le pidieron datos?
Después de la solicitud a la Sugef, el Banco Central exigió a los cuatro bancos más grandes del país que entregaran la información de ahorrantes, depositantes y deudores sin anonimizar. BAC Credomatic, el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular proporcionaron la información de manera completa.
Sin embargo, el Banco Nacional se negó. Como resultado, Bernardo Alfaro Araya, gerente general de la institución también fue denunciado por la Gerente de la autoridad monetaria. Alfaro explicó que no entregaron los datos requeridos por el emisor porque el secreto bancario prevalece.
El BCCR enfatizó que la solicitud de datos solo se dirigió a estas entidades debido a su importancia sistémica. Este jueves 14 de setiembre, La Nación publicó que el Central exigió a estos cuatro bancos un total de 373 datos específicos de sus clientes deudores, todos sin anonimizar.
Además, se advirtió que habría consecuencias para la entidad o su representante, que se negara a proporcionar dicha información. Estos datos incluyen el número de identificación del deudor, ya sea una persona o una empresa, así como de los codeudores de la operación, entre muchos otros.
La Dirección General de Tributación también entregó información de las facturas electrónicas a solicitud del Banco Central. Los comprobantes se enviaron sin anonimizar, es decir, con el detalle de cada contribuyente, y se han remitido mensualmente desde principios del 2021.
¿Quiénes se pronunciaron?
Desde que se hizo pública la solicitud de información del Banco Central a la Sugef, varios actores manifestaron sus puntos de vista, incluyendo la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
También se pronunció la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), que ordenó al Banco Central suspender cualquier solicitud de información que incluya datos de personas sin anonimizar, y a la vez que instruyó a la Sugef a no proporcionar esta información al ente emisor como medida cautelar ante una denuncia.
La ABC presentó una acción de inconstitucionalidad contra los requerimientos del Banco Central, la cual fue admitida por la Sala IV, para su estudio, el 31 de agosto. La OCF hizo lo mismo y presentó su gestión ante el Tribunal Constitucional, el martes 5 de setiembre.
Por otro lado, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa convocó a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y a la gerente de la entidad, Hazel Valverde Richmond, para proporcionar explicaciones sobre la solicitud de información de deudores sin anonimizar.
BAC Credomatic también emitió un comunicado recientemente, señalando que proporcionaron datos individualizados de sus clientes al Banco Central debido a la advertencia de que se podría cometer un delito si se negaban a compartir la información.
La entidad enfatizó que actualmente existen diferencias de opinión entre las autoridades supervisoras, lo que genera preocupación. Ante estas discrepancias, apoyaron la iniciativa de la ABC de presentar una acción ante la Sala IV.
¿Qué viene?
Por el momento, el panorama en las próximas semanas es incierto, ya que las posturas sobre los requerimientos de datos del Banco Central y la Sugef siguen siendo divergentes. La autoridad monetaria ha enfatizado, en más de una ocasión, que la ley los faculta para solicitar esos datos considerados “sensibles” por la Sugef.
La Sala IV ya ha recibido dos acciones de inconstitucionalidad, una de la ABC y la otra de la OCF, de las cuales se sabe que la primera fue admitida para su estudio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aún no ha emitido una resolución final sobre este tema.
La Prodhab también recibió una denuncia, en la cual se dictaminó a favor de las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu). La resolución final está pendiente.
Lo mismo ocurre con las denuncias penales derivadas de este caso, presentadas por la gerencia del Banco Central contra la jerarca de Sugef, Rocío Aguilar, y el gerente del BN, Bernardo Alfaro, las cuales se presentaron por separado, una en abril y la otra en julio.
