EscucharEl Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) despidió, sin responsabilidad patronal, a Marietta Herrera Cantillo, quien ocupaba el cargo de directora jurídica.
La remoción la hizo después de efectuar una investigación interna cuyo fin era determinar si existía responsabilidad de la funcionaria por la presentación tardía de la denuncia penal por el robo de ¢3.293 millones en las bóvedas de la entidad.
La Gerencia General del banco tomó la decisión después de realizar un proceso disciplinario (Órgano Director Administrativo externo) contra la funcionaria por el denominado Caso Gallo Tapado. La decisión la comunicó la institución por medio de un comunicado de prensa.
Detalló que la investigación interna se inició el 9 de noviembre de 2023, día en que también se le impuso una suspensión como medida cautelar.
En específico, el proceso revisó el retraso en la denuncia contra los funcionarios supuestamente vinculados con el robo ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
“Una vez revisadas las pruebas y concluido el análisis jurídico por parte del Órgano Director externo, la Gerencia General del BN tomó la determinación de despedir a la funcionaria de su cargo sin responsabilidad patronal”, detalló el banco.
Reiteró que la investigación la hizo un órgano externo e independiente para garantizar la objetividad y el debido proceso.
Dentro del BN se tuvo conocimiento de la sustracción el 3 de octubre de 2023, pero fue hasta el día 23 que se presentó la denuncia formal al Ministerio Público.
Osvaldo Madriz, abogado de la exdirectora Jurídica, dijo que ella no incumplió ninguna de sus obligaciones, ni laboral ni penalmente. Añadió que así lo demostraron en el procedimiento administrativo disciplinario contra su representada.
“Ahora, procederemos a analizar las acciones legales que puedan corresponder”, afirmó.
La Nación reveló, el 26 de enero, que la Fiscalía le atribuye a Herrera Cantillo un presunto incumplimiento de deberes, precisamente, por el retraso de la denuncia.
La entidad judicial incluyó en la causa a la ahora exdirectora Jurídica porque, al parecer, “habría tenido conocimiento de los hechos delictivos y se cree que omitió su deber de denunciar”, según consta en el expediente.
El principal sospechoso de la sustracción es un hombre de apellidos Olivas Valle, quien desempeñaba funciones en la tesorería del BN. Se cree que podría ser ludópata, es decir, que tiene una adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar, reveló en su momento Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al indicar que se determinó que incrementó su gasto en lotería de ¢100.000 a ¢3 millones diarios.
En un informe sellado como “confidencial”, el presidente de la Junta Directiva del banco, Marvin Arias Aguilar, reportó el 30 de octubre a la Casa Presidencial que la Directiva se enteró de que, por recomendación de la Dirección Jurídica, la cual reportaba al entonces gerente general, Bernardo Alfaro, “la Gerencia General decidió no denunciar inmediatamente el faltante ante el Ministerio Público, con el propósito de contar con mayores elementos fácticos antes de proceder con dicha gestión.
“No obstante, la Junta Directiva General consideró que esa omisión era inaceptable, dada la gravedad que tiene este caso, por cuanto se trataba de un incumplimiento de las medidas requeridas en la sesión del 10 de octubre, en especial ante el riesgo de que, sin la participación de las autoridades judiciales, se pudiese haber comprometido la identificación y recopilación oportuna de pruebas, estas podrían haber sido manipuladas o destruidas, e incluso se podría dificultar aún más la reconstrucción de los hechos relevantes”, explicó Marvin Arias en ese texto hecho público por la Casa Presidencial.
La inclusión de Herrera en el expediente penal surgió a raíz de la entrevista que la Fiscalía hizo a David Hernández Mora, jefe de Seguridad e Investigaciones del Banco, el 24 de octubre. Este funcionario estuvo presente en las diligencias internas hechas el 3 del mismo mes, día en que se detectó el faltante de dinero en las bóvedas.
Según explicó, la noche de ese martes, su equipo analizó con la directora jurídica del BN si daban parte a las autoridades, pero no tenían insumos para la denuncia y, por tanto, decidieron “revisar para descartar”.
Añadió que, dos semanas después, discutieron nuevamente si presentaban la denuncia; sin embargo, “Marietta (Herrera) generó la recomendación de que no hay insumos muy contundentes para establecer una denuncia” y recomendó “revisar primero”.
El fiscal general Carlo Díaz, precisamente, se quejó de la denuncia tardía y explicó sus consecuencias. “Esa evidencia (lo decomisado en allanamientos) se vio afectada por la presentación tardía de la denuncia, o el no querer denunciar. Porque esa persona andaba el día que lo detienen, ¢300.000 en efectivo. O sea, que sabiendo que lo estaban investigando, y anda esa suma, si lo hubiéramos hecho con sorpresa, como se hacen normalmente los allanamientos y las investigaciones, quizás hubiéramos podido encontrar más, o más evidencia. Pero cuando a usted lo sacan por sospechas del banco (lo suspendieron el 22 de octubre), obviamente, usted va a tratar de deshacerse de la evidencia que lo pueda vincular, eso afecta las investigaciones, por eso nosotros hacemos la crítica de que se pusiera tan tarde la denuncia, porque eso afecta la investigación”.
