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El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) insistió, este miércoles 10 de febrero, en la creación de un único dividendo pagadero al Gobierno en lugar del establecimiento de una contribución temporal para enfrentar la crisis fiscal.
Bernardo Alfaro, gerente general de la entidad estatal, expuso que el aporte adicional del 30% sobre las ganancias anuales, pactado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), implicará dejar de otorgar ¢74.000 millones en préstamos entre el 2022 y el 2025.
El jerarca se refirió, en específico, al proyecto de ley 22.384 Aporte Solidario y Temporal Sobre la Utilidad de las Empresas Públicas al Pueblo Costarricense para el Ajuste Fiscal.
La iniciativa, enviada al Congreso el pasado 22 de enero, plantea el aporte temporal para un grupo de 14 empresas públicas, en las cuales están el BNCR y el Banco de Costa Rica (BCR).
“Nos preocupa que los bancos del Estado destinen un 30% de su utilidad neta, después de impuestos, como un aporte para paliar la situación fiscal (...) ese aporte equivale a dejar de financiar 2.500 viviendas o incluso 15.000 micro y pequeñas empresas”, afirmó el funcionario.
Alfaro destacó que si se impone vía ley la contribución especial, el Nacional y el BCR tendrán contribuciones equivalentes al 82% de sus ganancias anuales, cuando se incluye el pago de impuestos y las cargas parafiscales.
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La propuesta de transformar los impuestos y cargas parafiscales que paga la banca estatal en una devolución periódica para el Gobierno, es una idea que comenzó a surgir en el 2019, acuerpada por el anterior gerente del Banco Nacional, Gustavo Vargas (q. e. p. d.) y Douglas Soto, actual gerente del BCR.
Ambas entidades pagan el 30% del impuesto sobre la renta; el 15%, al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); el 10%, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop); el 5%, a la Comisión Nacional de Préstamos (Conape); y el 3%, a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
El objetivo del BNCR es eliminar la mayoría de las cargas parafiscales, solo se conservaría la del IVM, y establecer un único aporte anual.
El gerente de la institución destacó que la propuesta es que la contribución única sea del 40% de la utilidad bruta y se excluiría a la entidad del pago del impuesto sobre la renta.
Sobre las empresas subsidiarias sí se mantendrían la aplicación del tributo sobre las utilidades.
“El aporte único le representaría al Estado el doble de lo que se está pretendiendo recaudar con el proyecto de ley. Creemos que es la vía correcta para una mejora en la situación fiscal”, afirmó Alfaro.
Según la estimación del Banco Nacional, su aporte único y el de sus subsidiarias implicarían el traslado de ¢19.044 millones entre el 2022 y el 2025, en vez de los ¢8.334 millones previstos en el plan con el FMI.
“El aporte al IVM estamos de acuerdo en mantenerlo, pero en las demás cargas parafiscales le hemos propuesto al Gobierno el aporte único”, enfatizó Alfaro.
La contribución temporal planteada por el Gobierno implicaría una recaudación anual equivalente al 0,20% del producto interno bruto (PIB) del país, entre 2022 y 2025.
De las 14 empresas públicas que serían gravadas con el aporte temporal, cinco reportaron utilidades netas significativas en el 2019, mientras que el resto tuvieron ganancias menores e incluso pérdidas, según una revisión efectuada por El Financiero, a finales de enero.
Ese año, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tuvo un resultado neto de ¢121.663 millones y el Instituto Nacional de Seguros (INS), de ¢59.983 millones.
En tanto, en el BNCR su utilidad fue de ¢50.883 millones, en el BCR de ¢38.180 millones y en la Junta de Protección Social (JPS) de ¢8.661 millones.
