EscucharJorge Eduardo Sánchez Sibaja fue reelecto por unanimidad como presidente de la Junta Directiva del Banco Popular este miércoles, según informó la entidad. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) aconsejó al Poder Ejecutivo, en julio pasado, revocar su nombramiento y el de otros dos miembros de la directiva, debido a que no cumplen con el requisito de experiencia para ocupar sus cargos.
Sánchez es abogado y fue tres veces diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Según una publicación de La Nación de diciembre pasado, participa en dos directivas estatales (la del BP y la del cuerpo de Bomberos), además de dos comités técnicos. Fue nombrado directivo del BP por el presidente Rodrigo Chaves, en setiembre del 2022. Un año después, la Junta lo designó presidente del órgano.
El político y abogado ocupará el cargo de presidente del BP hasta setiembre del 2025. La reelección se hizo efectiva durante la sesión ordinaria No.6142 de la Junta Directiva, confirmó la institución.
Por medio del oficio confidencial SGF-2345-2024, con fecha del 30 de julio, Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, solicitó la remoción de Sánchez y de los directivos María Clemencia Palomo Leyton y Eduardo Navarro Ceciliano, por no cumplir con el requisito de experiencia necesario para desempeñar los puestos.
Según el ente supervisor, Sánchez no acreditó haber ejercido un cargo de directivo o de alta gerencia en al menos ocho de los últimos diez años. En tanto, Palomo y Navarro deben contar con al menos tres años de experiencia en puestos de dirección y gerenciales, requisito que no cumplen, según la Sugef.
La petición de la Sugef se hizo con base en el Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros de órgano de dirección y de alta gerencia del 2022, que permite a la Superintendencia proponer la remoción de directivos y gerentes por incumplir esta normativa.
A raíz de las deficiencias de gobierno corporativo, el Banco Popular está en Irregularidad financiera 1 desde el pasado 15 de enero, cuando la Sugef notificó a la entidad el resultado de su evaluación sobre riesgos.
Por medio de la oficina de prensa de la entidad, Sánchez refirió a La Nación, por medio de un correo electrónico, que un informe de la empresa externa KPMG, emitido el pasado 4 de junio una calificación de “excelente” al presidente y a la Junta Directiva del BP, tras evaluar la percepción individual de desempeño y los elementos relacionados con las metas y objetivos del conglomerado.
Sánchez añadió que, en diciembre pasado, la misma empresa otorgó una calificación de cumplimiento en los principios de idoneidad señalados en la normativa prudencial, como honestidad e integridad, formación académica y conocimiento, dedicación de tiempo, comunicación, valoración y prevención de los conflictos de interés. “El único criterio pendiente por subsanar es el ítem de experiencia”, indicó.
Polémica con directores del Banco Popular
Legalmente, la Junta del BP está compuesta por tres directores nombrados por el Gobierno y cuatro por la Asamblea de Trabajadores, la cual está conformada por 290 delegados de 10 diferentes sectores. Sin embargo, el Poder Ejecutivo eligió a todos los miembros de la Directiva porque rechazó a los elegidos por la Asamblea de Trabajadores.
En enero pasado, el Ejecutivo publicó un decreto donde vuelve a designar a los cuatro directivos temporales en representación de la Asamblea de Trabajadores, sin especificar por cuánto tiempo más permanecerán en el cargo. Con esta decisión, el Gobierno Central mantiene el control total de la Junta Directiva del BP como lo hizo en los últimos 15 meses, porque también eligió a los tres representantes estatales en el órgano colegiado.
Mediante el decreto N.° 44331- MP-MTSS, firmado por el mandatario Rodrigo Chaves y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el pasado 11 de enero, el Gobierno no ratificó a las cuatro representantes – y sus suplentes–, propuestos por parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.
El rechazo por parte del Poder Ejecutivo de los representantes de la Asamblea según las autoridades de Gobierno, es porque “se encuentra en un proceso complejo y responsable de verificación de cumplimiento de los requisitos” de idoneidad de las personas.
La Junta Directiva del BP actualmente la conforman Jorge Eduardo Sánchez (presidente), Eduardo Navarro Ceciliano y María Clemencia Palomo Leitón, nombrados por el Ejecutivo. Además de Iliana González, Raúl Espinoza Guido, Shirley González Mora y Nidia Solano Brenes, nombrados por el Consejo de Gobierno tras el rechazo de los nombramientos de la Asamblea de Trabajadores.
El BP, fundado en julio de 1969, es una entidad pública no estatal. Es una de las cuatro entidades bancarias catalogadas como sistémicas por Sugef, lo que significa que ante un eventual escenario de deterioro en su funcionamiento o cayera en insolvencia, impactaría a todo el sistema financiero y la economía del país.
Hasta julio pasado, la entidad registró activos por ¢4.121.722 millones, representando el 10,14% de todo el sistema financiero nacional (SFN), compuesto por más de 45 entidades, entre bancos, cooperativas, financieras y mutuales.
