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Los líderes bancarios del país solicitaron, este martes 17 de marzo, medidas más rigurosas al regulador del sistema financiero para contener un incremento en la morosidad como consecuencia del nuevo coronavirus covid-19.
Las acciones planteadas van desde permitir no manchar el récord crediticio de un deudor por impago, autorizar préstamos de emergencia, principalmente al sector empresarial; y permitir la desacumulación de provisiones a las entidades financieras para canalizarlas al sector productivo.
Específicamente, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) solicitó al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) que se otorgue a los deudores un plazo de 90 días para normalizar sus pagos, sin manchar su récord crediticio, en caso de caer en morosidad por efecto del nuevo coronavirus.
Además, entre otras medidas excepcionales, los banqueros pidieron tomar en cuenta el otorgamiento de créditos de emergencia para los clientes, así como reestructuraciones y arreglos de pago para las empresas afectadas y personas físicas.
“El interés es que los clientes logren bajar los gastos fijos y alivien el flujo de caja. En el caso de las empresas el soporte financiero que se logre dar permitirá que se enfoquen, en el corto plazo, en la cobertura de inventarios y pago de salarios”, resaltó María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la ABC.
El crédito de emergencia tiene como objetivo que el sector productivo logre cubrir sus pagos en los próximos tres meses.
“La propuesta es dar un plazo de tres años para diluir las pérdidas; se están considerando factores para determinar el requerimiento mensual, los meses de financiamiento y el plazo. El planteamiento de la ABC está siendo evaluado por las autoridades del sector”, afirmó la Directora Ejecutiva de la ABC.
Este lunes 16 de marzo, el Conassif aprobó de manera inmediata una serie de medidas que flexibilizan, entre junio del 2020 y junio del 2021, las opciones para que la banca renegocie operaciones de crédito con sus clientes.
El regulador financiero permitía a la banca efectuar, en un plazo de 24 meses, dos readecuaciones crediticias. Ahora se podrá efectuar una tercera, pero solo dentro de los próximos 12 meses.
Asimismo, se permitirá que dicha medida se aplique a cualquier operación de crédito sin importar el monto adeudado. El Reglamento para la Calificación de los Deudores solo lo autorizaba a operaciones con un saldo de hasta ¢100 millones.
La otra medida acordada fue la eliminación, por un año, de la estimación contracíclica a las entidades financieras.
Esta es una provisión especial que obliga a tomar el 2,5% de la utilidad mensual de cada banco para enfrentar momentos críticos de la economía. El saldo de dicha estimación en todo el sistema financiero asciende a ¢140.000 millones.
La Directora Ejecutiva de la ABC destacó que las entidades financieras también toman acciones para minimizar los riesgos operativos y asegurar la continuidad de los servicios.
Por su parte, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica (Fedeac) mostró su preocupación de que las medidas anunciadas por el Conassif sean insuficientes, dada la incertidumbre económica actual y por la reducción de las actividades productivas.
“Esperamos que las directrices que emanan del Gobierno de la República no solo sean dirigidas a los bancos públicos y que la Sugef sea proactiva en los ajustes regulatorios necesarios para que el sector financiero soporte un potencial escenario de desaceleración económica por un tiempo más prolongado de lo esperado”, argumentó la Federación en un comunicado.
Más medidas
Gustavo Vargas, gerente del Banco Nacional, también presentó propuestas adicionales al Conassif y el Banco Central con el objetivo de que sean tomadas en cuenta si la situación tiende a empeorar.
Por ejemplo, el jerarca mencionó medidas transitorias a las entidades con los clientes con más riesgo y quienes tienen la peor calificación en su récord de crédito, como disminuir el castigo que los bancos reciben en los mitigadores de garantías crediticias.
“A algunas empresas vamos a tener que darles tres o cuatro meses para aliviar su situación crediticia porque se le redujo su ingreso. Esa es la propuesta, sin que eso signifique que la operación se reclasifique y hacer más provisiones. Porque si se da un efecto en masa nos afectará la liquidez”, aseguró Vargas.
El funcionario consideró recomendable que el Banco Central pueda participar en la compra de títulos de la entidad o el Ministerio de Hacienda, en el mercado secundario, garantizando el precio al cual se emitió el bono de deuda.
En tanto, Maurilio Aguilar, gerente del Banco Popular, destacó que la entidad también aprobó establecer moratorias en el pago de créditos de los deudores.
“La Institución está dando la posibilidad de que el cliente pueda hacer un arreglo de pago capitalizable por un periodo determinado, ayudándole de esta manera a liberar su flujo de caja en la actual coyuntura difícil”, recalcó Aguilar.
El Gerente enfatizó que cada caso se valorará, según las condiciones del deudor, pero al menos el objetivo es dar flexibilidad por un plazo de tres meses.
