Bancos retomaron pautas más estrictas para calificar a deudores y créditos desde este 1. ° de enero

Los bancos retoman, este 2022, el análisis de estrés para valorar la capacidad de pago de los clientes durante toda la vida del préstamo, así como en las nuevas operaciones. Además, a los deudores en problemas solo se les podrá efectuar una readecuación, refinanciamiento o prórroga en un plazo de 24 meses, en vez de en forma ilimitada.

La vuelta a las reglas bancarias, previo a la pandemia, se restablecieron a partir de este mes de enero, después de que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) eliminó, el pasado 1.º de noviembre, las medidas de flexibilización crediticia aprobadas desde marzo del 2020.

Durante el periodo de relajamiento normativo, las entidades financieras efectuaron readecuaciones a la mitad de la cartera de crédito brindada por las instituciones bajo la tutela de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

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“Uno de los temas más importantes está asociado al riesgo crediticio y desde la entrada en vigencia de las medidas de flexibilización, en marzo del 2020, buena parte de la medición de la cartera quedó desactivada con el propósito de ayudar a los hogares y las empresas a sobrellevar los momentos de incertidumbre. Tan es así que más del 50% de la cartera del sistema financiero se prorrogó, reestructuró o refinanció”, detalló a La Nación Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, en noviembre pasado.

La funcionaria explicó que las medidas no es posible mantenerlas porque las finanzas de la banca deben reflejar, de la mejor manera, los riesgos a los cuales se enfrentan los deudores. Al momento de la aprobación de los cambios reglamentarios, el saldo de la cartera de crédito del Sistema Financiero Nacional ascendía a ¢21.870.164 millones, lo cual implica que un saldo de ¢10.935.082 millones recibió algún tipo de reestructuración, muestran los datos de la Superintendencia.

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Algunas medidas, de cara a las entidades financieras, se mantendrán este 2022 como la flexibilidad en los parámetros para que un banco no caiga en irregularidad al reportar pérdidas durante varios meses. Así como las asociadas a las estimaciones contracíclicas (reserva para mitigar los efectos del ciclo económico sobre los resultados financieros) que debían realizar los bancos, y a la posibilidad de que una entidad caiga en irregularidad financiera, al reportar pérdidas durante varios meses.

Otras no tendrán modificación, como aquella que se adoptó para que cuando un cliente entre en impago con alguna entidad, no se afecten de la misma manera los créditos que mantiene al día en otras instituciones del sistema financiero, según el acuerdo del Conassif.

Las modificaciones del Consejo también se aplican para las operaciones de crédito otorgadas por el Sistema de Banca para el Desarrollo.

“Las medidas que se aplicaron de manera excepcional sin duda fueron un alivio para las familias y empresas afectadas por la pandemia. Los bancos hicieron esfuerzos extraordinarios para apoyar a sus clientes, pero ahora, si bien no hemos dejado atrás la pandemia, el Conassif considera que es momento de retornar a las medidas vigentes previo a esta”, afirmó María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Cortés añadió que la decisión de las autoridades supervisoras permitirán conocer la realidad financiera de las entidades y de los clientes.

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“El regresar a la normalidad normativa limita la posibilidad de los bancos a seguir apoyando a las familias y las empresas, ya que estarán obligados a realizar más reservas en caso de hacer readecuaciones, lo cual provocará un encarecimiento del crédito y la reducción de posibilidades de ayuda”, afirmó la vocera de la ABC.

La crisis económica del coronavirus provocó que las entidades financieras catalogaran como incobrables ¢1.100.000 millones prestados a sus clientes, es decir, el 5% del total de la cartera crediticia del sistema, según datos de la Sugef. Mientras que el 84% del saldo fue calificado por la propia banca de riesgo bajo o medio, o sea, ¢19.400.00 millones.