Bancos tendrán más flexibilidad para calificar a deudores en problemas por alza en tasas de interés

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó, el pasado 31 de octubre, una serie de ajustes en la manera en que las entidades financieras califican los préstamos y la capacidad histórica de pago de sus clientes. Las acciones se tomaron a raíz de las recomendaciones emitidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

En el documento CNS-1767/11, del pasado 4 de noviembre, se explica que las medidas normativas se acordaron para crear espacios a los bancos que les permitan suavizar las condiciones contractuales de los créditos, de cara a los deudores, para atenuar la creación de estimaciones por créditos malos en las entidades financieras.

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Por ejemplo, se permitirá que bancos, cooperativas, mutuales y financieras no degraden la calificación de un deudor que, en los últimos 24 meses, se le efectuó una readecuación crediticia y ahora requiera otra. Específicamente, se permite que, partir del 1.º de enero y hasta el 31 de diciembre del 2023, un cliente con al menos una operación modificada dos veces en un periodo de 24 meses será clasificado en la categoría de riesgo B2, en lugar de C1 (de mayor riesgo). Tal medida implica que a la persona no se le afecta su historial crediticio.

Otra medida de cara a los deudores, es que cuando un cliente entregue un bien para cancelar una operación crediticia, no se le afecte el comportamiento de pagos histórico (CPH) si cubre el monto total adeudado.

Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, explicó que se propusieron los cambios después de una revisión en la cartera de crédito del sistema financiero y el eventual impacto por el aumento en las tasas de interés, alza del tipo de cambio y el incremento en la cuota de los créditos. Además del menor ingreso disponible de los hogares y empresas por la alta inflación, y el efecto de trasmisión de la subida de la tasa de política monetaria.

De cara a los bancos, los cambios temporales implicarán que no deban efectuar el mismo nivel de estimaciones y provisiones desde enero del 2023 hasta enero del 2024. La medida se tomó, según el acuerdo del Conassif, para preservar la fortaleza de las entidades para absorber futuros riesgos crediticios.

Aguilar enfatizó que se discutió, en el seno del Consejo, cómo evitar un deterioro en los clientes, brindando un paquete de medidas prudenciales, con el objetivo de que las entidades tengan flexibilidad para apoyar a los deudores. Pero sin ser estas similares al periodo excepcional de arreglos de pago del 2020 a raíz de la pandemia.

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La superintendente enfatizó en que las medidas permitirán que las necesidades de los deudores, por parte de las entidades financieras, sean atendidas. Mientras que los bancos deben reflejar el riesgo, pero sin el desincentivo de apoyar al cliente.

Al inicio de la pandemia, el Connassif y Sugef impulsaron una serie de acciones que permitieron a los bancos efectuar renegociaciones de operaciones crediticias a sus clientes, sin que eso signifique un empeoramiento de la calificación del deudor, ni un aumento en las provisiones de las entidades financieras.

Además, autorizaron liberar la provisión contracíclica que la banca acumuló para cubrirse de momentos críticos en la economía. Esta es una estimación especial en la que cada entidad financiera acumula, mensualmente, el 2,5% de su utilidad.

Las medidas de apoyo se mantuvieron todo el 2020; durante el 2021 algunas se revirtieron gradualmente. La crisis económica de la covid-19 provocó que las entidades financieras catalogaran como incobrables ¢1,10 billones prestados a sus clientes, es decir, el 5% del total de la cartera crediticia del país.