EscucharEl Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó este viernes 22 de diciembre, ordenar la intervención de Bancrédito, por seis meses.
La decisión fue tomada en una reunión extraordinaria del Consejo, convocada para esta mañana, según pudo confirmar La Nación con fuente allegadas al caso. Posteriormente, pasadas las 4:00 p. m., esta información fue confirmada por el propio Consejo, por medio de un comunicado de prensa.
Según el presidente del Conassif, Luis Carlos Delgado, se tomó esta decisión con el fin de velar por la estabilidad, solidez y buen funcionamiento del sistema financiero así como de los recursos públicos que mantiene la entidad bancaria, y consecuentemente, tomar posesión de todos los bienes de la mencionada entidad, para administrarlos como mejor convenga a los intereses públicos.
En el Gobierno la decisión no fue bien recibida. Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, rechazó los argumentos de Conassif para iniciar la intervención en Bancrédito. A criterio del Gobierno, no existe ninguna razón para tomar esa medida en este momento debido a que no hay ahorrantes ni inversionistas a los cuales proteger.
“A nuestro juicio los argumentos de Conassif, para la intervención de Bancrédito, no son de recibo y así se lo hemos externado. La valoración de una entidad que no hace intermediación financiera no puede fundamentarse en indicadores y análisis concebidos para intermediarios financieros que sí la llevan a cabo de forma regular”, precisó el ministro.
Alfaro continuó: “Además, que la finalidad de una intervención bancaria es proteger a sus ahorrantes e inversionistas y en este caso, no los hay. A partir de hoy el interventor asignado, así como la Sugef y el Conassif, asumen la responsabilidad y consecuencias que genere esta intervención”.
Delgado dijo que ellos solo cumplen con el mandato legal de intervenir porque entró en irregularidad tres.
La intervención es un mecanismo regulado en la Ley Orgánica del Banco Central que se aplica a entidades que se encuentran en una situación de grado tres de inestabilidad o irregularidad financiera, el cual puede darse por varias razones.
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“Recordemos que Camels (en español calidad en capital, activos, manejo gerencial, utilidades y liquidez) tiene una serie de indicadores que fue como el indicador de liquidez, rentabilidad y activos el que hace que entre en irregularidad tres”, comentó Delgado.
“De igual forma, la situación patrimonial del Banco se ha deteriorado desde mayo del 2017, siendo que las pérdidas netas acumuladas representan un 37% de patrimonio al cierre de noviembre del 2017”, añadió el Consejo en un comunicado.
El interventor nombrado es Marco Hernández Ávila y el interventor adjunto Johanni Portilla Campos, funcionarios de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“Son personas sumamente idóneas, con conocimiento, con una ponderación prudente que es lo que buscamos nosotros en el Conassif”, dijo Delgado.
Sigue cobro de créditos
Delgado enfatizó que el Banco todavía posee una cartera activa, personas que tienen créditos con la entidad, y los interventores la gestionarán para que se deteriore lo menos posible.
“El Banco dispone una cartera activa, la cual hay que gestionar para que no se deteriore y buscar, eso le corresponderá al interventor, las vías legales y posibles para que esa cartera se siga gestionando de forma más eficiente, más eficaz y que se recupere en beneficio de la sociedad”, dijo Delgado.
En cuando a las deudas del Banco, la entidad solo mantiene un pasivo de ¢35.000 millones con el Ministerio de Hacienda.
“Eso en realidad no tenemos informes en línea contraria de que haya habido variaciones, de manera que corresponderá el día en que venza la obligación atender de conformidad a derecho”, dijo Delgado sobre esta deuda.
El presidente aclaró que decidieron intervenirlo hasta hoy porque hasta hoy se dieron los elementos que lo hicieron caer en irregularidad tres, pero que durante 18 meses lo han seguido responsablemente.
Sobre el costo operativo mensual de la intervención, Delgado dijo que serían unos ¢10 millones a ¢15 millones menos de lo que podría costar en la actualidad.
Sobre los empleados, Delgado, explicó que lo dirá el interventor cuando tome posesión de la entidad.
Respecto a la venta de activos que se había iniciado, Delgado dijo que el interventor tiene libertad de seguir con el orden que corresponda o si él considera que se podrá aligerar otros procedimientos o complementar con otros procedimientos.
“Debe señalarse que la intervención del BCAC es una situación puntual de esta entidad. El sistema financiero y los bancos, incluidos los de capital público, se encuentran en una condición sólida que les permite una operación normal”, aclaró el Conassif en un comunicado.
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