EscucharLa Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió este martes sobre mensajes que calificó como “mal intencionados” que llaman a los clientes de Coopealianza R.L. a retirar sus ahorros ante un rumor sobre una supuesta intervención de la cooperativa, según informó el ente regulador en un comunicado de prensa.
La Sugef añadió que la entidad mantiene una situación económica y financiera adecuada, con un nivel patrimonial y de liquidez suficiente para enfrentar situaciones adversas del mercado.
“Esta superintendencia desmiente totalmente que Coopealianza R. L. vaya a ser intervenida en las próximas horas”, indicó el supervisor, por medio de un comunicado.
Francisco Montoya, gerente general de Coopealianza, señaló a La Nación que la “campaña maliciosa” comenzó el pasado 4 de agosto. Aseguró que no se han producido retiros masivos, aunque sí se ha registrado un requerimiento constante de información por parte de los ahorrantes. En algunos casos, estos han decidido no renovar sus cuentas.
“Uno percibe que es una campaña para tratar de desestabilizar el sector cooperativo después de la caída de Cooperservidores”, afirmó Montoya, quien además confirmó que la situación financiera de Coopealianza es solvente.
Montoya señaló que el sector cooperativo está “muy lesionado” por lo ocurrido con Coopeservidores. “Obviamente, cuando hay una campaña de desprestigio sostenida durante 10 días, eso afecta porque los inversionistas están asustados”.
“Lo que nosotros vendemos es confianza, y cuando se empiezan a generar dudas sobre la solidez de la empresa, eso empieza a afectar la confianza del ahorrante, sobre todo porque el sistema financiero está desconfiado y el sector cooperativo está muy sensible”, añadió el gerente de Coopealianza.
El pasado 13 de mayo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), ordenó intervenir Coopeservidores a raíz de irregularidades detectadas en la administración en el otorgamiento de préstamos, falta de cobro a los deudores y supuesta alteración de datos financieros. La decisión se tomó con base en dos informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Posteriormente, la organización cooperativa fue declarada inviable, el pasado 21 de junio, y el Consejo dio un máximo de dos meses a los encargados del proceso de resolución para finiquitar la negociación del traslado de los activos en buenas condiciones, así como todos los depósitos garantizados hasta por ¢6 millones, a una entidad financiera solvente, que resultó en la absorción del 80,5% del denominado “banco bueno” por parte del Banco Popular.
Según cifras de la Sugef, el indicador de suficiencia patrimonial de la cooperativa era del 16,5% a junio, mientras que el mínimo promedio para considerarse en riesgo es del 10%, según la normativa vigente. Este indicador mide la fortaleza de la entidad para enfrentar pérdidas inesperadas.
Montoya agregó que Coopealianza cuenta con una cartera de crédito muy sana y una excelente recuperación de préstamos. “La salud financiera de Coopealianza es muy buena; están tratando de afectar nuestra imagen, lo cual complica la gestión, que es transparente y apegada a la normativa de supervisión”, señaló.
La cooperativa comenzó operaciones el 22 de agosto de 1971, en Pérez Zeledón, y actualmente cuenta con 50 oficinas en 35 cantones del país. Los activos totales de Coopealianza al cierre de julio ascienden a ¢835.155 millones.
La cartera de crédito a julio totalizaba ¢510.378 millones, compuesta por 86.855 operaciones de crédito, lo que la convierte en una cartera con riesgo de crédito muy atomizado, explicó.
Montoya señaló que el indicador de eficiencia demuestra que la gestión del gasto administrativo de la cooperativa es superior al resto del Sistema Financiero Nacional. Detalló que, por cada ¢100 generados en Utilidad Operacional Bruta (UOB), Coopealianza gasta ¢38, mientras que el resto del Sistema Financiero Nacional gasta en promedio entre ¢60 y ¢70.
Añadió que la cooperativa cuenta con estimaciones contracíclicas adicionales y voluntarias por un monto de ¢50.300 millones, lo cual protege a los asociados, inversionistas y ahorrantes en caso de eventos inesperados.
