EscucharVarios legisladores de la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público manifestaron su molestia con Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, presidente del Banco Popular, por su negativa a responder preguntas durante su segunda comparecencia en este foro. El motivo principal de la tensión fue la difusión anticipada de un comunicado donde Sánchez anunciaba su decisión de abstenerse de declarar.
El enojo de legisladores verdiblancos, Dinorah Barquero y Francisco Nicolás Alvarado; y la frenteamplista Sofía Guillén, se fundamentó en que, previo a la intervención de Sánchez, se difundió un comunicado de prensa en el cual se informaba la decisión del jerarca del BP de no declarar.
Tal situación provocó que Nicolás Alvarado confrontara al dirigente bancario y solicitara explicaciones. Sánchez reconoció ser el autor del documento, pero afirmó desconocer por qué se había difundido con antelación. En el comunicado se calificaba la comisión como un “show político".
La comisión legislativa investiga los nombramientos de directivos en el BP por parte del Consejo de Gobierno, sin contar con algunos de los requisitos para ocupar el cargo. El presidente de la institución bancaria compareció, el pasado lunes, y reconoció que no cuenta con ocho años de experiencia para ocupar la presidencia de la entidad financiera. Por esa razón, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) demandó al gobierno destituirlo.
El tres veces diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien fue designado en el cargo por el gobierno de Rodrigo Chaves, acusó a los legisladores de lanzar cortinas de humo en su contra para no entrar a investigar temas como las debilidades en la supervisión financiera para evitar casos como los de Coopeservidores y Desyfin, ambas entidades en proceso de cierre.
Barquero, presidenta de la comisión, le recordó al dirigente bancario que la abstención se aplica cuando la respuesta puede afectar penalmente a la persona, a su cónyuge o a parientes hasta el tercer grado de consanguinidad.
Sánchez reiteró su decisión y, a partir de ese momento, se abstuvo de responder a la mayoría de las consultas de los legisladores, argumentando que ejercía su derecho constitucional.
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La Sugef recomendó al Poder Ejecutivo, el 30 de julio anterior, destituir a Sánchez Sibaja porque incumple con el requisito de experiencia para el cargo, según el Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros de órgano de dirección y de alta gerencia. La solicitud de la Superintendencia fue rechazada por el gobierno, pues se argumentó que a Sánchez se le nombró en el 2022 y la normativa rige desde el 2023.
Actualmente, el Banco Popular está en irregularidad financiera precisamente por tener debilidades de gobierno corporativo.
