EscucharUn estudio elaborado por la organización denominada International Center for Law & Economics, y presentado por la Academia de Centroamérica, afirma que el establecimiento de topes a las comisiones a pagos con tarjeta, por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR), generará a futuro un incremento en costos a clientes por las pérdidas provocadas a los bancos con la fijación de tarifas.
“Las pérdidas de los bancos emisores y adquirentes probablemente se les trasladen a los consumidores en la forma de comisiones bancarias o de tarjetas más altas y menos inversión en mejoras. Los consumidores de menores recursos serán los más afectados”, se argumenta en el documento Regulación a las comisiones de tarjetas de pago: mejores prácticas internacionales y lecciones para Costa Rica.
El informe, presentado este martes 29 de noviembre, fue realizado por el británico Julián Morris, investigador académico del International Center for Law & Economics, organismo con sede en Portland, Oregon (Estados Unidos). La organización se autodefine como un centro de investigación no partidista y sin fines de lucro que trabaja con más de cincuenta afiliados académicos y centros de investigación de todo el mundo.
En el estudio argumenta que las comisiones máximas dictadas anualmente por el BCCR, que la ley le obliga a establecer, interfiere con la operación eficiente del mercado de tarjetas. En la investigación se indica que la fijación se enfoca, principalmente, en los costos estáticos de los comerciantes y no toma en cuenta el efecto que tendrá en los consumidores financieros.
Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica, dijo que invitaron al Banco Central a participar en la presentación del estudio, pero se negó a participar. La Nación solicitó una posición al BCCR, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
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Mercado regulado
El ente emisor propuso, a inicios de noviembre, una reducción en las tarifas que se cobran a los pagos con tarjetas de crédito y débito en los comercios.
La entidad pública planteó que el tope máximo de comisión de intercambio pase del actual 1,75% a 1,50%. En tanto que la tarifa de adquirencia se movería del 2,25% a 2,00%, a partir del 1. ° de enero del 2023. Con la disminución propuesta para el 2023, la entidad estima que se daría una reducción en costo, en especial al sector comercial, de ¢13.600 millones.
La comisión de adquirencia es la que paga el comercio al banco adquirente, el cual le provee el datáfono y el servicio para que las personas puedan cancelar con tarjeta. La comisión de intercambio corresponde a la que reconocen las entidades adquirentes a los emisores de las tarjetas que pasan por sus datáfonos (si la tarjeta del cliente es del proveedor del datáfono no se paga comisión de intercambio).
Según la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas, la número 9.831, le corresponde al Banco Central de Costa Rica determinar estas comisiones y revisarlas cada año. La última fijación que realizó el Banco fue en marzo de este año y se determinó con base en un estudio de noviembre del 2021.
La fijación del 2022 fue criticada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) porque, al igual que en la actual propuesta, el estudio lo realizó la División de Sistema de Pagos la cual compite de manera directa con la banca en transacciones de pagos.
La ABC participó entre las entidades que convocó a la presentación del estudio presentado por la Academia de Centroamérica este martes.
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Previo a la promulgación de la legislación, en el país las tarifas estaban dictadas mediante un pacto entre entidades bancarias. En el 2018, previo a la legislación, los ingresos por comisiones a pagos con tarjetas le generaron a las instituciones ingresos por ¢199.000 millones, 12% respecto al año previo, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
En 1992, seis bancos (Crédito Agrícola, Nacional, Banex, Credomatic, Costa Rica y Popular) firmaron un acuerdo donde definieron el porcentaje de las comisiones de intercambio. Más tarde una adenda al acuerdo estableció que serían de 1% para gasolineras, 2% para supermercados y 4% para el resto de comercios.
Efecto a futuro
Los representantes del sector bancario argumentaron, durante la exposición del estudio, que las continuas disminuciones en las tarifas hacen que el negocio no sea sostenible a futuro.
“La fijación favorece a los grandes comercios. El efecto a futuro de la gradualidad (en las comisiones) hará que empecemos a tomar medidas como el cierre de cuentas o encarecer productos o la desafiliación de comercios”, dijo Melvin Sánchez, director Estrategia de Negocios Digitales de Banco Nacional.
A Sánchez se le consultó si alguno de esos escenarios ocurre actualmente, como el traslado de costos a clientes. Él dijo que en la entidad pública no porque se ha frenado la toma de una decisión, pero si la disminución continúa se podrá dar.
Ronulfo Jiménez, asesor económico de la ABC, criticó que el Banco Central ha fijado los topes a tarifas de adquirencia e intercambio sin tomar en cuenta la información de los bancos locales participantes en la actividad.
“Si se le pregunta al Banco Central si las tarifas que vienen (las del 2023) garantizan la continuidad del negocio en el sistema, el Banco Central va a decir ‘no sé', por eso el riesgo”, afirmó Jiménez. Además, volvió a cuestionar que los estudios de tarifas tope los haga la División de Sistema de Pagos del BCCR, la cual compite de manera directa con la banca en transacciones de pagos mediante el Sinpe.
