EscucharEl Gobierno Central mantendrá el control de la Junta Directiva del Banco Popular, por un periodo temporal de ocho meses, porque nombrará a los siete miembros del órgano de dirección de la entidad pública, es decir, las cuatro personas que debe designar la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y los tres representantes del Poder Ejecutivo.
La designación de la totalidad de los miembros de la Directiva se estableció mediante un decreto ejecutivo que reformó el Reglamento de Acreditación de delegados a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. De momento, no se han anunciado las personas que ocuparán una silla en la Junta del banco.
El Poder Ejecutivo justificó la decisión, según el decreto 43.638-MP-MTSS publicado el pasado 28 de julio, en que debe efectuarse un censo de los 290 delegados de la Asamblea de Trabajadores para determinar la representatividad de estas personas dentro de los sectores sociales presentes en la Asamblea.
Sin embargo, el Gobierno no explicó si la decisión de cambiar, de forma temporal, el proceso de nombramiento de los directivos fue del Ejecutivo o del Banco. La Nación consultó a Presidencia sobre el tema, pero al cierre de esta información no hubo respuesta.
“El Consejo de Gobierno podrá nombrar en forma pro tempore a las cuatro personas directoras representantes de los Trabajadores, las cuales deberán ser personas representantes de los cuatro sectores más representativos (de los trabajadores)”, se establece en la directriz presidencial.
Fernando Faith, presidente de la Asamblea de Trabajadores del Popular, tampoco se refirió al tema. En una primera llamada hecha por La Nación, a las 11:28 a. m. de este miércoles 3 de agosto, dijo que estaba en una reunión y respondería a las consultas a la 1:30 p. m. de este mismo día. Sin embargo, no respondió las llamadas hechas, ni los mensajes de texto enviados.
La entidad financiera informó, mediante una breve respuesta, de que es respetuosa del ordenamiento jurídico. “Se velará en todo momento por la debida aplicación del citado decreto, que, como el mismo indica, tiene el objetivo central fortalecer la representatividad de los sectores que conforman nuestra Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras”, recalcó la institución.
No es la primera vez que el Poder Ejecutivo nombra la totalidad de los miembros de la Directiva de la entidad financiera. Durante las admnistraciones de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís ocurrió una situación similar pero, en esos momentos, se optó por esa medida debido a la falta de un acuerdo entre los gremios de trabajadores para nombrar a sus representantes.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), recalcó que el nombramiento de cuatro, de los siete directivos, no podrá superar los ochos meses y espera que el Ejecutivo designe a las personas bajo criterio de idoneidad, aunque estén de forma temporal en los cargos.
“La Sugef ha instado a esa Asamblea de Trabajadores para que en el proceso de selección de los miembros del órgano de dirección del Banco Popular que le corresponde, consideren los lineamientos señalados en el Reglamento sobre Idoneidad de los Miembros del Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia (...) porque le corresponderá designar de manera permanente a cuatro de los miembros”, recalcó Aguilar.
El Banco Popular, fundado en 1969, es una entidad pública que pese a tener representación del Gobierno en su Junta Directiva no tiene respaldo estatal, como ocurre con el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica (BCR). Además, es la cuarta entidad financiera más relevante en el país. A junio anterior, reportó activos por ¢4.073.406 millones, una cartera de crédito de ¢2.641.932 millones, y un patrimonio de ¢858.041 millones, según datos de la Sugef.
El Banco administra aproximadamente por espacio de 12 meses, el 1,25% sobre el salario devengado por los trabajadores que, posteriormente, se traslada al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Un 1% lo aporta el asalariado y el restante 0,25%, el patrono.
Cúpula movediza
La juntas directivas en los bancos son los máximos órganos de dirección, a sus miembros les corresponde aprobar la estrategia del negocio, de gestión de riesgos, de solidez financiera o solvencia y de la organización interna y estructura de la entidad. Además, de nombrar a las personas que ocuparán el cargo de gerente, subgerente y auditor general.
En el caso del Popular, todos sus miembros son elegidos por un periodo de cuatro años el cual coincide, generalmente, con el cambio de Gobierno Central. En el caso del Nacional y el BCR, las personas se designan por un plazo de ocho años.
Francisco Antonio Pacheco, quien ocupó la presidencia de la Directiva en el periodo del 2010-2014, recordó que, en la administración de Laura Chinchilla, la falta de acuerdo en la Asamblea de Trabajadores para designar a sus representantes obligó al Gobierno a nombrar a los cuatro miembros, para garantizar la conformación de la Junta.
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“En la Asamblea (de Trabajadores) el asunto empezó a atrasarse y atrasarse. Entonces el Gobierno intervino y nombró a todos los miembros. Es un órgano compleja y hay muchos intereses contrapuestos entre los sectores. Había falta de orden en establecer realmente quiénes formaban parte y si cumplían los requisitos para estar en la Asamblea”, subrayó.
En la administración de Luis Guillermo Solís se continuó con la Directiva intervenida, a raíz de la falta de acuerdos para asignar los cuatro representantes de los trabajadores en el órgano.
En el caso del gobierno de Carlos Alvarado, lo que se dio fue una suspensión de los tres representantes del Poder Ejecutivo en la Junta, porque ellos aprobaron el nombramiento de un subgerente sin cumplir una directriz de establecer un tope a salarios altos en la banca pública.
Acreditar representación
En el decreto ejecutivo de la actual administración se ordena la realización de un censo para acreditar la representación de los 10 sectores sociales con representación en la Asamblea de Trabajadores. Entre los grupos hay representantes de organizaciones solidaristas, cooperativas, de colegios profesionales, sindicalistas, educadores, asociaciones comunales, artesanos y trabajadores independientes.
El Ministerio de Trabajo será el encargado de certificar a cuál organización social está afiliado cada uno de los 290 miembros de la Asamblea de Trabajadores. Además de emitir una certificación en la que se constate la cantidad total de personas afiliadas o asociadas activas. El decreto faculta a la Auditoría Interna del Banco a fiscalizar el proceso del censo.
“A efectos de no perjudicar la integración de la Asamblea del periodo 2022-2026, la Comisión de Integración dará un plazo razonable a las organizaciones base para remitir la certificación de membresía emitida por el Ministerio de Trabajo y, de esa forma, subsanar la documentación y realizar la verificación de la cantidad de personas afiliadas y asociadas activas”, se indica en la directriz presidencial.
Trabajo será el encargado de definir el mecanismo, procedimiento y requisitos para su obtención de la certificación por parte de cada sector social.
