Marco Hernández, interventor de Bancrédito, tiene muy claro que el Gobierno debe definir, lo más pronto posible, la aplicación de la garantía estatal en el menor de los bancos públicos.
Si la decisión del Poder Ejecutivo se demora en llegar, el resultado será un mayor deterioro financiero del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y pérdida de su patrimonio, que a enero anterior ascendió a ¢40.262 millones.
Por eso, el pasado 13 de febrero, solicitó al Gobierno hacer uso de la garantía estatal debido a la deuda de ¢131.000 millones que la institución bancaria tiene con el Ministerio de Hacienda.
El interventor reconoció, en entrevista con La Nación, que antes de definir el futuro del Banco deben pagarse todos los pasivos.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) acordó, el pasado 22 de diciembre, la intervención de Bancrédito, por un plazo de seis meses.
A continuación, un extracto de la entrevista con Hernández.
– ¿Cómo es el proceso para aplicar la garantía estatal?
– Está establecida en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Es una obligación del Estado respaldar a un banco público cuando existe un problema y no puede pagar las obligaciones vencidas.
"Ahora le toca al Gobierno analizar la forma en que debe de implementar la garantía y cuál es la mejor forma de implementarla".
– ¿La solicitud es de acatamiento obligatorio para el Gobierno?
– Es una obligación que está establecida por ley.
– ¿El Gobierno podría obviarla?
– En buena teoría, no.
– ¿El Gobierno puede negociar con la interventoría de Bancrédito el respaldo estatal y el tiempo de su aplicación?
– La obligación estatal está en la ley, y el Gobierno debe ejecutarla en el menor plazo posible.
"Es una obligación legal, la idea es que sea efectiva lo más pronto posible".
– ¿Por qué en el menor plazo?
– Porque estamos en una situación que tenemos obligaciones vencidas que tienen que ser honradas en el menor tiempo posible.
"Segundo, porque entre más largo o se dilate la decisión, los activos que respaldan el pago de esa obligación final al Estado se irán deteriorando con el tiempo".
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– ¿Cuál es el riesgo de que el tema se demore?
– De que tengamos un problema con los activos y que las obligaciones vencidas generen intereses.
– ¿Cuáles son los activos del banco?
– Los activos que sirven de respaldo al patrimonio del Banco. La entidad no está en quiebra, pero es un banco ilíquido y no puede hacer frente a obligaciones.
"Tiene cartera crediticia por ¢160.000 millones, solo con eso podría cubrir el débito con el Gobierno que es de ¢131.000 millones".
– ¿Cuándo se vencieron los certificados a plazo en los que invirtió Hacienda?
– El 22 de diciembre se vencieron y desde entonces está la obligación con el Ministerio de Hacienda.
– Usted se reunió con el ministro (de Hacienda) Helio Fallas y la viceministra Martha Cubillo. ¿Cuál fue el objetivo de la reunión?
– Cuando venció la inversión, el Ministerio de Hacienda cobró y la interventoría del Banco Crédito le indicó a Hacienda que no tenía la liquidez para hacerle frente a la obligación. Entonces, se ofreció dar en dación los bienes (del Banco).
"Hacienda respondió que no tiene habilitación legal para recibir los créditos y las propiedades. Las propiedades sí pueden recibirlas para obligaciones tributarias, pero no cuando se trata de recursos del erario público.
"Por eso, no aceptaron la oferta de pago. Entonces seguía activar el último mecanismo que es la garantía del Estado, para eso es, para que se asuman las obligaciones vencidas".
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– ¿Es posible concretar con el Gobierno algún arreglo de pago?
– No, ya no. Era posible antes de la intervención, pero no en estas condiciones. Ahora, debe establecerse, en definitiva, cuál será la solución final de Bancrédito.
– ¿La solución final es el cierre definitivo?
Posiblemente. Es una situación que corresponderá a la Asamblea Legislativa en su momento.
– Pero la interventoría es quien recomienda...
– La interventoría determina si el Banco es viable o no. Si no es viable, el Conassif tendrá que informar al Congreso para que se tome la decisión que ellos determinen que sea la mejor.
– Por la situación financiera del Banco hoy, ¿el paso es el cierre?
– El paso correcto es informar a la Asamblea Legislativa, sobre la situación del Banco.
– ¿El cierre?
– Bueno, es la Asamblea la que tendrá que definir, ahí se puede decidir no cerrarlo sino transformarlo, o capitalizarlo.
– El proyecto de transformación tiene mucho tiempo varado, la capitalización es prácticamente impensable por el tema del déficit fiscal. ¿La opción que queda es el cierre?.
– Posiblemente sea la solución más sensata.
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– Don Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, criticó la intervención, pues adujo que se daría pérdida de valor en la cartera de crédito. ¿Eso fue así?
– La pérdida de valor de la cartera crediticia se dio desde antes, por no haberse vendido. Pero la intervención, en sus procesos, no implica que la cartera se deteriore radicalmente.
"El proceso de intervención no genera una situación adicional, siempre y cuando la solución se tome lo más rápido posible. Un banco en esa situación no es sostenible".
– Entre los créditos problemáticos de Bancrédito están los de Yanber, Casa Blanca y las empresas de Juan Carlos Bolaños. ¿Siguen dentro de la cartera que no se vendió?
– Sí, se están cobrando normalmente y en otros casos se están ejecutando (en cobro judicial).
–¿Los procesos de aprobación de créditos eran correctos; principalmente los corporativos?
– El Banco otorgó créditos por encima del músculo que tenía para soportar un deterioro de esos créditos. Fue una situación de riesgo tomado, pero estamos investigando algunas situaciones y no descartamos que sean denunciables.