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MECO y H Solís pasaron, en pocos días, de ser clientes catalogados con la mejor categoría crediticia y una deuda por ¢72.000 millones con la banca nacional a convertirse en un factor de preocupación para siete entidades financieras a raíz del Caso Cochinilla.
La investigación judicial entorno a los supuestos actos de corrupción de estas constructoras, el escrutinio público y la confirmación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de una fiscalización más directa acompañarán, en los próximos meses, a siete instituciones que han brindado recursos a las compañías para el desarrollo de proyectos de obra pública.
Ambas constructoras reportan líneas de créditos con saldos por ¢43.184 millones y $45,2 millones (¢28.342 millones), según documentos bancarios y los estados financieros registrados por las compañías en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), de los cuales tiene copia La Nación.
Las instituciones con las cuales las empresas poseen operaciones son el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica (BCR), Promérica, Lafise, Cathay, Financiera Desyfin y Banco BCT, así se detalla en cartas emitidas por las instituciones financieras a las empresas para los procesos de contratación con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Los riesgos para las entidades se elevaron con el anuncio de Rodolfo Méndez, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de revisar los actuales contratos de las constructoras y al descartar la adjudicación de nuevas obras.
Tal decisión podría impactar el flujo de caja de las compañías y sus obligaciones con la banca.
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De hecho, así lo subrayó la calificadora Fitch Ratings al degradar la calificación de riesgo de MECO y al colocarla en perspectiva negativa, el pasado 15 de junio.
“La observación negativa refleja la incertidumbre con respecto al desempeño financiero y comercial de MECO en Costa Rica y (…) posibilidad de que haya suspensiones, retrasos o amortizaciones parciales de cuentas por cobrar y reclamaciones existentes”, se destacó la agencia estadounidense.
Las siete instituciones financieras declinaron referirse amparadas al secreto bancario, al estado de las operaciones con las constructoras, la posible reclasificación de las constructoras o si han creado provisiones para cubrirse ante eventuales impagos.
Por su parte, Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, confirmó que dan un seguimiento directo a la actual situación, aunque no se refirió en específico a ninguno de los bancos.
Además, dijo que no prevén de momento un riesgo sistémico en el sistema financiero por el efecto que pueda darse con las constructoras.
“Todos estos temas requieren una gran atención de los efectos secundarios (...) hacemos el seguimiento estricto de las situaciones que esto pueda derivar con las entidades, garantizándonos y asegurándonos de que los riesgos que eventualmente se acumularon, las entidades los reflejen y los administren”, explicó Aguilar.
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Cuando la capacidad de pago de un deudor se deteriora, los bancos deben modificar la calificación de riesgo crediticio.
El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen abierta la pesquisa a 72 investigados que vincula a empresarios de la construcción con supuesto pago de dádivas a empleados públicos a cambio de favores relacionados con contratos de obras viales y la aparente malversación de ¢78.000 millones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entre el 2018 y el primer semestre del 2020.
Tipos de operaciones
Los estados financieros auditados de ambas empresas, al 31 de diciembre del 2020, de los cuales tiene copia La Nación, confirman el endeudamiento con entidades financieras costarricenses.
El saldo de la deuda de H Solís fue de ¢39.484 millones al cierre del año pasado, es decir un 26% más comparado con los ¢31.316 millones, muestra el reporte hecho por la firma auditora Crowe Horwarth Costa Rica.
En tanto las obligaciones bancarias de MECO eran de $81,1 millones, e incluye operaciones en Costa Rica, Panamá y Colombia. En el 2019, el saldo fue de $131,3 millones; la baja se genera por venta de negocios en Colombia, según los estados financieros auditados por Deloitte.
El endeudamiento con la banca tica se detalla en documentos emitidos por las mismas instituciones a solicitud de MECO, para la participación en concursos de obras públicas, que detallan préstamos por $45,2 millones y ¢3.700 millones.
Por tipo de operaciones, las constructoras tienen líneas de financiamiento para emisión de garantías de cumplimiento de contratos y para capital de trabajo.
Además de adelantos de contratos y cesión de descuento de facturas con proyectos con Conavi y otras instituciones públicas.
Ambas empresas utilizaban préstamos revolutivos principalmente. Se trata de operaciones otorgadas por una suma límite. El deudor pide desembolsos parciales y cuando se alcanza el monto máximo se deja de girar dinero.
Pero cada vez que el cliente efectúa pagos, aumenta el disponible para nuevos giros de recursos.
El Banco Nacional reporta con MECO líneas de financiamiento por $20 millones.
De dicho total, $15 millones son para respaldar las garantías de cumplimientos de los contratos adjudicados a la empresa y $5 millones para capital de trabajo, según un oficio del pasado 21 de mayo, dirigido por la institución al Conavi.
La Dirección Jurídica de la entidad estatal informó que, a raíz del secreto bancario no pueden referirse al estado de dichas operaciones de MECO ni de las de H Solís, deudor que también tiene préstamos con el Banco.
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En el caso de Banco Promérica, un oficio dado a MECO, para procesos de concursos de obra, detalla que la empresa posee líneas de crédito por $15,7 millones.
La constructora mantiene relaciones con la entidad, desde abril del 2006, y tiene una categoría de riesgo A1, se detalla en el documento.
La categoría de riesgo A1 se otorga a los mejores clientes de la banca. Son deudores con una alta capacidad de pago y cuyo atraso en el pago es de menos de 30 días, según el Reglamento para la Calificación de los Deudores de Sugef.
“Banco Promérica es muy riguroso en la aplicación de su política de confidencialidad, la cual aplica para todos nuestros clientes, independientemente de su tamaño y del producto específico que tengan con nosotros”, informó la institución bancaria.
MECO también cuenta con una línea revolutiva por $7 millones con Lafise. Además de $2,5 millones y ¢3.700 millones con BCT.
Ambas entidades también declinaron referirse a las operaciones porque se rigen por las reglas sobre confidencialidad bancaria.
Por su parte H Solís posee créditos con el Nacional, BCR, Cathay y Desyfin.
Los documentos de la empresa muestran que el financiamiento revolutivo con Cathay es por $5 millones y con Desyfin por $3 millones.
Silvio Lacayo, gerente general de la financiera, sí confirmó que todas las operaciones de la constructora se encuentran al día.
“Salvo que las autoridades judiciales ordenen lo contrario –en cuyo caso estaremos siempre anuentes a colaborar– la ley nos impide brindar mayor información al respecto”, recalcó el vocero de Desyfin.
Cathay respondió que están en disposición de colaborar con las autoridades judiciales, pero no detalló el estado de las operaciones.
El BCR también rechazó referirse a los créditos otorgados a las constructoras dado el secreto bancario.
