El Ministerio Público acusa a Guillermo Quesada Oviedo, exgerente general de Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), de supuestamente usar su influencia cuando dirigía la institución para que se otorgara un aval bancario por más de $800.000.
Jorge Chavarría, fiscal general de la República, confirmó que Quesada Oviedo habría intercedido, en 2010, para otorgar el beneficio financiero a una empresa ligada a los hermanos de Thelvin Cabezas Garita, quien en ese momento era el presidente de la Junta Directiva de Bancrédito.
"Hubo un incumplimiento en el pago y como el Banco avalaba, tuvo que hacerle frente a la deuda por más de $800.000", recalcó Chavarría, al señalar que Cabezas Garita también está como imputado en el caso, al igual que el resto de los miembros de la Directiva que fungía en dicho periodo.
Los otros directores en ese entonces responden a los apellidos Sánchez Madriz, Solano Brenes, Garita Sánchez, Rivera Bianchini, Castro Castro y Dengo Solera. También figuran en el caso dos miembros del Comité del Crédito del Banco, apuntó el jerarca del Ministerio Público.
La Fiscalía aún no ha presentado la acusación ante el Tribunal Penal de Hacienda porque Bancrédito hará su propia querella en el proceso judicial.
La infracción.
A las 10 personas se les atribuye supuestamente haber quebrantado la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
En específico se trata de un supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública. Esto ocurre cuando un funcionario público usa su cargo para influir o dirigir cualquier decisión que resulte lesiva al interés público.
Chavarría explicó que dicho delito impone una pena de dos a ocho años de prisión.
José Pablo Badilla, abogado de Quesada Oviedo, dijo que ya fueron citados y rindieron una amplia declaración ante el Ministerio Público.
"En aquel momento (2010), los órganos disciplinarios sancionaron a los miembros de la Junta Directiva por supuestamente abusar del cargo. A don Guillermo nunca se le abrió un proceso administrativo porque él nunca participó", aseguró Badilla.
Por su parte, el exgerente dijo a Noticias Monumental que él no participó en la Comisión de Crédito que aprobó los financiamientos.
El caso.
El Ministerio Público investigó el aval de Bancrédito por más de $800.000, dado al consorcio Alfa Maik Delta S. A. y Tecnología de Fibra Óptica S. A. para que obtuvieran una licitación con la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).
La empresa Alfa Maik está ligada con hermanos de Thelvin Cabezas Garita, dijo el fiscal general.
"Obviamente aquí había un conflicto de interés. Quesada intervino para que se otorgara el aval a las dos empresas por parte de Bancrédito, en caso de incumplimiento es el banco el que debe hacer frente a la deuda", afirmó Chavarría.
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El expresidente de la entidad bancaria dijo que no tiene ningún conocimiento del aval dado a las compañías citadas por el Ministerio Público.
"Las juntas directivas de los bancos no aprueban, ni de ninguna manera intervienen en nada administrativo, eso es función de la administración", recalcó Cabezas Garita.
Proceso pendiente.
Por otra parte, el jerarca del Ministerio Público confirmó que Guillermo Quesada Oviedo tiene otra causa abierta por faltas graves, pero incurridas en el cargo de subgerente del Banco de Costa Rica (BCR).
El BCR lo despidió el año pasado, pero fue restituido por el Tribunal Contencioso Administrativo.
"El Tribunal rechazó este lunes nuestro pedido de suspenderlo del cargo (a Quesada Oviedo). Con este caso (BCR) y el otro (Bancrédito) es evidente que es una persona que no resulta conveniente que esté como subgerente bancario", explicó Chavarría.
La Fiscalía apelará la decisión del Tribunal.
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El BCR destituyó a Quesada Oviedo porque le atribuyó faltas, como intervenir en favor de un hermano afectivo y su pareja para obtener un crédito de vivienda, pese a no contar con los requisitos y los libró del pago de honorarios y avalúo.
También se le atribuyó haber otorgado dos préstamos, vía tarjeta de crédito, a una empresa que había sido descalificada por una comisión interna de crédito.
Otro hecho fue haber autorizado el traslado de una sucursal en Alajuela, de un centro comercial a otro, en una servilleta y sin los trámites previos.