La evidencia de debilidades en el gobierno corporativo del Banco de Costa Rica (BCR), por los conflictos en torno a su junta directiva, comenzó a tener impactos negativos en la percepción que las calificadoras de riesgo tienen sobre esta entidad financiera.
Este lunes 2 de octubre, la agencia Moody’s redujo la calificación en tres de los indicadores relacionados con la fortaleza intrínseca del Banco y la probabilidad relativa de incumplimiento de varias obligaciones contractuales, decisión que en su mayoría se sustenta en los problemas evidenciados en el seno del directorio del BCR.
Pese a esto, la agencia confirmó las calificaciones crediticias de largo plazo del Banco en moneda local y las calificaciones de deuda senior no garantizadas de moneda extranjera en Ba2, así como la calificación de depósitos a largo plazo en moneda extranjera de Ba3.
Además, destacó que la garantía soberana (estatal) sobre las obligaciones del Banco debe ayudar a mitigar el impacto sobre los depósitos del banco que podrían tener algunos de estos riesgos.
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El principal deterioro ocurrió en el Indicador de Solidez Financiera Intrínseca (baseline credit assessment o BCA), que constituye una opinión de Moody’s sobre la fortaleza de los emisores sin tomar en cuenta el apoyo extraordinario que pudiera provenir de un gobierno, que en el caso del Banco de Costa Rica sería la garantía estatal.
Aquí, la calificadora bajó la nota de ba2 a ba3. Emisores con categoría "b" se consideran con una fortaleza financiera intrínseca especulativa; los numerales del 1 al 3 expresan la ubicación de la entidad en su categoría, siendo el 1 el nivel más alto y el 3, el más bajo.
La acción de calificación también redujo de ba2 a ba3 el indicador BCA Ajustado, que sí toma en cuenta la solidez del Banco con la garantía estatal, así como el riesgo de contraparte de largo plazo (de Ba1 a Ba2).
El riesgo intrínseco mide la fortaleza crediticia de la entidad misma. Para determinarlo, se evalúan aspectos como los fundamentos económicos del país pues a partir de ellos se determina, en parte, la capacidad para obtener ingresos suficientes en el futuro; también se evalúan la fortaleza institucional del emisor, la calidad de las decisiones financieras y de su ejecución.
Directiva en medio de conflictos
El Banco de Costa Rica se encuentra en el centro de una polémica por el otorgamiento de créditos por $30 millones a la empresa Sinocem Costa Rica, para la importación de cemento desde China. Asimismo, por un financiamiento de casi $33 millones a la cooperativa de electrificación Coopelesca, para la compra de una hidroeléctrica.
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En medio del conflicto, el presidente Luis Guillermo Solís pidió la renuncia de todos los directivos del BCR, el pasado 26 de setiembre.
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"La degradación del BCA independiente del Banco de Costa Rica, a ba3, refleja una mayor preocupación por el gobierno corporativo del Banco, evidenciado por la solicitud del Presidente de la República de Costa Rica, el señor Luis Guillermo Solís, de pedir la renuncia a la Junta Directiva de BCR, el 26 de setiembre del 2017", explica Moody´s, por medio de un comunicado de prensa.
La compañía evaluadora explica que la solicitud de renuncia del Gobierno fue motivada, en parte, por un reporte de la Superintendencia General de Entidades Financieras que, de acuerdo con el presidente Solís, señala conflictos internos en la directiva que limitan el funcionamiento del Banco y su capacidad para tomar decisiones.
En el informe de Sugef se determinó que ese órgano abandonó el control tanto de esta entidad como de su subsidiaria, el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).
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Moody’s también destaca que pese al pedido de renuncia de Casa Presidencial, la mayoría de miembros del directorio se rehusaron a dejar sus puestos lo cual obligará a un proceso administrativo para concretar la remoción, lo cual podría complicar la situación del BCR.
"Dado que el proceso administrativo tomaría varios meses para resolverse, la negativa de los miembros de la Junta a dimitir podría conducir a la incapacidad del banco para tomar decisiones significativas de gobernanza, agravando al menos, temporalmente, las cuestiones que llevaron al Presidente a solicitar la renuncia del consejo, en primer lugar", asevera Moody´s en el documento.
La agencia suma a la solicitud de Solís, la investigación en curso por parte de una comisión especial en la Asamblea Legislativa sobre préstamos concedidos por el Banco de Costa Rica, así como la suspensión del gerente general (Mario Barrenechea) durante tres meses, a partir de julio del 2017, mientras se realizan investigaciones "no reveladas".
Moody’s considera que las preocupaciones sobre el gobierno corporativo del Banco probablemente repercutirán negativamente en el perfil de financiamiento global de BCR por medio de mayores riesgos de refinanciamiento y reapreciación, especialmente si la incertidumbre respecto al directorio del Banco no se resuelve rápidamente, reza su informe.
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No obstante, afirma que la garantía soberana sobre las obligaciones del Banco debe ayudar a un mitigar todo el impacto, especialmente en los depósitos del banco.