EscucharOcho bancos optaron por excluir el número de identificación de sus clientes en la información de captaciones que envían al Banco Central de Costa Rica (BCCR), para calcular la tasa básica pasiva (TBP), indicador de referencia para 758.000 operaciones de crédito en el Sistema Financiero Nacional.
El Banco Central confirmó que las entidades que tomaron la decisión de suprimir la identificación de las personas en las transacciones son el Banco Nacional, Banco Cathay, Davivienda, Banco Improsa, Banco Lafise, Promerica, BAC Credomatic y Banco BCT.
Cuatro de las ocho entidades bancarias respondieron consultas de La Nación sobre las justificaciones de la decisión. Entre los argumentos, destacaron que es posible para el BCCR calcular el indicador sin los números de identidad, y que los proceso legales abiertos por el tema de la entrega de información sin anonimizar de los deudores, creó incertidumbre sobre cómo proceder.
Por su parte, el BCCR explicó que esta decisión de las instituciones financieras fue unilateral y que anteriormente enviaban información identificada de los clientes para el cálculo, desde el 2016. No obstante, estos ocho bancos dejaron de hacerlo desde el 13 de setiembre pasado.
Al día siguiente, el 14 de setiembre, la gerencia del Banco Central envió un oficio a todas las entidades financieras recordándoles su “obligación de brindar información completa” y explicando el fundamento jurídico que les permite solicitar datos con fines estadísticos, según su interpretación.
Para el BCCR, el oficio, que incluyó un criterio jurídico del ente emisor, fue un recordatorio de que las entidades debían seguir enviando información con la identificación, debido a que “ninguna de las acciones legales emprendidas por la ABC suspende la facultad del banco de solicitar la información que requiere”.
El Banco Central hace alusión a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) contra la solicitud del BCCR de obtener la información crediticia de los deudores sin anonimizar, que el 31 de agosto la Sala Constitucional admitió para estudio.
Antes de que las instituciones financieras decidieran dejar de enviar información con la identificación de los depositantes, la ABC solicitó al Banco Central que modificara sus sistemas de captura para permitir a bancos enviar los datos sin identificar a las personas para el cálculo de la TBP.
La ABC argumentó que el Banco Central tenía la capacidad de calcular este indicador sin necesidad de la identificación de los clientes. Desde el 2016, las entidades financieras envían la información de depositantes sin anonimizar, para el cálculo de la tasa básica, porque así lo exige el Banco.
Días después, el 19 de setiembre, la ABC cuestionó la insistencia del Banco Central de solicitar datos sin anonimizar de los clientes de las instituciones financieras, por considerar que no son necesarios para elaborar las estadísticas del ente emisor, entre ellas la TBP.
El Banco Central, por otro lado, sostiene que la calidad de los datos utilizados para calcular estos indicadores es de suma importancia, ya que deben reflejar fielmente las condiciones del mercado financiero por medio de transacciones que sean observables.
“Eliminar la identificación de la transacción en el envío de información impide esa comprobación que resulta indispensable para garantizar que la tasa refleje el costo real de la captación de fondos en el sistema financiero nacional”, explicó el Banco Central.
El ente emisor añadió que las deficiencias en la información con la cual se calculan estos indicadores podría resultar en mayores costos para los deudores con préstamos a tasa variable, dado que se puede dar la alteración intencionada de las tasas de interés.
En una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la gerenta del BCCR, Hazel Valverde Richmond, reiteró que esta información que se envía semanalmente para construir indicadores como la TBP debe ir con la identificación, ya que, si son mal calculadas, tienen implicaciones negativas para la población.
“La tasa básica pasiva es la referencia de más de 750.000 créditos en el país, si está mal calculada podría tener un impacto fuerte en las finanzas de los hogares y de las empresas”, manifestó la gerente de la autoridad monetaria, el pasado 12 de octubre.
La tasa básica es un promedio ponderado de las tasas de interés brutas de las captaciones (ahorros y depósitos) realizadas por las entidades financieras en el mercado nacional. Para calcular este indicador, el Banco Central saca un promedio ponderado basado en el monto de captación de las últimas cuatro semanas, el cual aplica durante siete días.
Bancos justifican la medida
La Nación consultó a los ocho bancos que decidieron dejar de enviar la información de depositantes y ahorrantes con la identificación de las personas para el cálculo de la TBP. Al cierre de esta nota, solamente cuatro dieron respuesta.
La Dirección Jurídica del Banco Nacional aseguró que lograron determinar “técnicamente” que el Banco Central no requería de la identificación de las personas para poder calcular la TBP y añadió que, a la fecha, el ente emisor continua calculando el indicador a pesar de no contar con esa información.
“Es nuestra obligación constitucional y legal la de proteger la información privada de nuestros clientes, la cual forma parte de su derecho constitucional a la intimidad y privacidad de su información”, enfatizó la Dirección Jurídica del Banco Nacional.
Por su parte, Davivienda y Promerica alegaron que actualmente la Sala Constitucional se encuentra analizando una acción de inconstitucionalidad presentada por la ABC, que ya fue admitida para trámite y continúa su curso para resolver sobre el fondo del asunto.
“En ese momento todos tendremos claridad y certeza, que es lo que los bancos quieren para tranquilidad de sus clientes, y seguridad jurídica”, manifestaron las dos entidades.
En esa misma línea, BAC Credomatic respondió que debido que existen varios procesos legales abiertos sobre este asunto de la solicitud de datos sin anonimizar hecha por el Banco Central, de momento prefieren no referirse al tema.
En la comparecencia del 12 de octubre, la gerenta del Banco Central afirmó que solicitaron un criterio jurídico que validara que la acción de inconstitucionalidad presentada por la ABC no se consideraba una razón suficiente para dejar de enviar los datos sobre depósitos y ahorros que mandaban desde el 2016, semanalmente.
Polémica por datos
Desde el pasado 17 de agosto, el Banco Central enfrenta cuestionamientos de distintos actores, tanto dentro como fuera del sistema financiero nacional, por la exigencia de información crediticia sin anonimizar, de personas y empresas, que hicieron a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La Sugef se negó a entregar la información al considerar que los datos son confidenciales. A raíz de esto, la gerencia del Banco Central interpuso una denuncia contra Rocío Aguilar Montoya, por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad.
Después de la solicitud a la Sugef, el Banco Central exigió a los cuatro bancos más grandes del país que entregaran la información de ahorrantes, depositantes y deudores sin anonimizar, como medida de contingencia ante la negativa de Sugef. BAC Credomatic, el Banco de Costa Rica (BCR) y el Popular proporcionaron la información de manera completa.
Sin embargo, el Banco Nacional se negó. Como resultado, Bernardo Alfaro Araya, gerente general de la institución también fue denunciado por la gerencia de la autoridad monetaria. Alfaro explicó que no entregaron los datos requeridos por el emisor porque el secreto bancario prevalece.
Desde el pasado 22 de setiembre, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa sigue una investigación contra el Banco Central por el requerimiento de información sin anonimizar hecho a la Sugef sobre personas y empresas.
La Sala IV ya recibió dos acciones de inconstitucionalidad, una de la ABC y la otra de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), de las cuales se sabe que la primera fue admitida para su estudio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aún no ha emitido una resolución final sobre este tema.
