EscucharUn proyecto de ley para modificar el proceso de resolución de entidades financieras, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, propone suprimir de manera gradual la garantía estatal a los depósitos y ahorros en el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR).
Este cambio forma parte de un paquete de reformas que también amplían las facultades de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para remover directivos y gerentes en los bancos, y para recomendar al Conassif la declaración inmediata de inviabilidad de una institución, así como su resolución o liquidación.
La iniciativa promueve la reforma de seis leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Banco Central, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución de Intermediarios Financieros. En la exposición de motivos del proyecto se indica que estos cambios responden a recomendaciones hechas al país por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Se incluyen algunas otras modificaciones (...) siendo la principal la supresión gradual de la garantía del Estado a sus bancos, a cambio de la presupuestación por parte del Ministerio de Hacienda del soporte financiero que pudiera requerir un proceso de resolución en un caso extremo", se indica en la exposición de motivos.
El texto está en discusión en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos del Congreso, donde comparecieron Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, y Marco Hernández, director general de Resolución en la Superintendencia, para exponer las implicaciones de la reforma.
Aguilar explicó que, a raíz de la eliminación de la garantía estatal, el proyecto propone un mecanismo para la resolución del BN o el BCR en un caso hipotético, considerando que ambas son entidades sistémicas.
“Surge un mecanismo de resolución (en la banca pública) donde actuaría el Banco Central de manera temporal (con el aporte del dinero para depositantes) y el Ministerio de Hacienda tendría que buscar los recursos en un presupuesto extraordinario", dijo la funcionaria.
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La eliminación de la garantía estatal al BN y el BCR fue cuestionada por las diputadas Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional, y Sofía Guillén, del Frente Amplio, quienes señalaron posibles efectos negativos en la confianza de los clientes de ambas entidades. Sin embargo, Aguilar argumentó que el 60% del activo del sistema financiero nacional no cuenta con garantía estatal y que eso no afecta la confianza de las personas en dichas instituciones.
Por su parte, el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, consultó a la jerarca si era necesario incluir el tema del respaldo estatal en una reforma al proceso de resolución de entidades.
“¿Necesita este proyecto la eliminación de la garantía del Estado para mejorar el marco de la resolución? De forma directa, podría decirle que no. Pero sí es necesario buscar un mecanismo de financiamiento de la garantía", respondió Aguilar.
Nuevas herramientas
Sobre los cambios para agilizar los procesos de resolución bancaria, el proyecto de reforma elimina la figura de intervención para bancos, cooperativas, financieras y mutuales. El mecanismo propuesto es acudir directamente a la resolución o liquidación cuando la Sugef determine que una entidad no es viable o potencialmente viable.
Para ello, recomendará al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) las medidas a seguir. Aguilar recalcó que la información que se brinde al Consejo debe ir fundamentada técnicamente, pero dicho órgano no está obligado a acatar la sugerencia.
La figura de intervención sí se mantiene para las operadoras de pensiones, sociedades administradoras de fondos de inversión, aseguradoras y puestos de bolsa.
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Por otra parte, el proyecto amplía de manera relevante las funciones del superintendente de entidades financieras quien, con una orden fundamentada, podrá remover directivos de juntas y miembros de la alta gerencia; y prohibir la entrega de dividendos a socios. Actualmente la Sugef solo puede dar recomendaciones.
Además de prohibir a instituciones supervisadas la renovación de operaciones crediticias, vender inmuebles, otorgar préstamos sin garantías o realizar cualquier actividad financiera que ponga en riesgo su estabilidad, solvencia y liquidez.
