EscucharEl director ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), Miguel Aguiar Bermúdez, fue suspendido en el cargo, con goce de salario, por orden del Consejo Rector, el cual acordó abrir un proceso administrativo en su contra por una causa que no se dio a conocer.
La decisión se da nueve días después de que Aguiar enviara una carta en la cual previene sobre los riesgos legales de una reciente reforma al reglamento de la entidad, aprobada por el Consejo. Él, quien está en el cargo desde 2012, hizo señalamientos desde la etapa de proyecto.
Pero, además, Aguiar presentó el 6 de marzo una demanda por acoso laboral contra cuatro de los siete miembros del Consejo Rector. Se trata de Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur); Víctor Carvajal, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG); Francisco Gamboa, ministro de Economía y William Rodríguez López, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y ministro de Turismo sin cartera.
El SBD informó que la suspensión de Aguiar se dio en una sesión extraordinaria del Consejo Rector, realizada el 11 de mayo. ¿De qué se le investiga? El SBD indicó que se dio luego de conocer un informe de auditoría, el cual, no dio a conocer.
La Nación intentó obtener más detalles, pero la oficina de Comunicación del Sistema Banca para el Desarrollo señaló que Francisco Gamboa, ministro de Economía y presidente del Consejo Rector, no se puede referir al tema porque la investigación se encuentra en desarrollo.
Demanda por acoso laboral
En la demanda presentada en el Juzgado Laboral del Primer Circuito Judicial de San José, Miguel Aguiar cita 63 hechos ocurridos entre mayo de 2022 y febrero de 2023.
Entre ellos, señala que fue amenazado en enero con una investigación administrativa por atreverse a consultar a la Procuraduría General de la República (PGR), en junio de 2022, sobre la legalidad de elegir a William Rodríguez, propuesto como presidente del Consejo Rector, en vista de que tiene un nombramiento de ministro sin cartera.
En el documento de 56 páginas, también alude hostigamiento desde el MAG. Cita un documento de la institución en el cual se señala que él tiene dos procesos abiertos por supuestos incumplimientos en la entrega de créditos, lo que califica como “acto de persecución”.
Al respecto, la entonces jerarca del MAG, Laura Bonilla, pidió disculpas públicas a Aguiar.
Asimismo, dice que los demandados le han cuestionado su desempeño pero no le han permitido dar explicaciones.
También afirma que, en diciembre de 2022, la representación del gobierno en el Consejo Rector presentó cuatro denuncias en su contra “para separarme, investigarme y eventualmente despedirme”, además de que durante 17 sesiones su gestión fue objeto de bloqueo.
En la demanda, Aguiar estima en ¢20 millones la indemnización por daño moral subjetivo.
Chaves se refirió a demanda
Durante el anuncio de la reforma del reglamento, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo en conferencia de prensa, el 31 de marzo, que en el SBD “hubo una posición brutal y absoluta” al trabajo de los ministros miembros del Consejo Rector.
“La resistencia a los cambios de esta política, sobre todo a los indicadores de desempeño, ha llevado a gente a judicializar, como quejarse que los están tratando mal estos ministros y la Junta Directiva en pleno”, aseguró.
Consultado al respecto, Aguiar respondió a La Nación que no se iba a referir y que, “como costarricense, creo en el Estado de Derecho, creo en el Poder Judicial”.
“Deber de obediencia”
Igualmente, La Nación conoció la carta enviada por Aguiar al Consejo Rector el 3 de mayo en la cual alude la aplicación de las disposiciones del Reglamento.
Advirtió que “podría conllevar riesgos legales, operativos y económicos. En tal sentido, hago constar que la aplicación de estas disposiciones por parte de Secretaría Técnica del Consejo Rector se enmarca en el deber de obediencia”.
Sobre el nuevo reglamento, publicado en el Alcance No. 71 de La Gaceta del 26 de abril, Aguiar agrega que la versión en vigencia no fue puesta en consulta para un análisis y valoración previa, razón por la que se darían a la tarea de estudiarla para proceder a su implementación.
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Denunció que hay aspectos “críticos” de cara con la continuidad del negocio. Entre ellos, mencionó la potestad que se le da al Consejo Rector para aprobar créditos, lo que inhabilita al Comité de Crédito.
El director ejecutivo suspendido también cuestiona el nombramiento de Karol Fallas como miembro del Consejo Rector dado que, dice, ella labora en la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), organización acreditada como agencia de capital semilla del SBD.
El SBD fue creado en 2008 y lo componen varias entidades encargadas de financiar e impulsar proyectos productivos.
Los recursos provienen del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Fofide), el Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD) y los recursos especificados en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
