EscucharLa Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) le envió un oficio a la Junta Directiva del Banco Popular para advertirle de que la designación de la persona que ocupará la gerencia general de la entidad debe hacerse con el uso de “sanas prácticas”.
Además recordó a los directivos de la institución que a quien elijan debe contar los requisitos personales, académicos, técnicos y de experiencia necesarios para dirigir una entidad considerada de importancia sistémica por su tamaño y complejidad.
Así lo subrayó Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en el oficio confidencial SGF-1419-2023, del pasado 9 de junio.
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El documento, del cual tiene copia La Nación, se dirigió a Genoveva Chaverri Chaverri, presidenta de la Junta Directiva del Banco Popular, y con copia certificada para el resto de directores; y a Manuel A. González, auditor interno de la entidad.
“Resulta relevante recordar que, de conformidad con las sanas prácticas de gobierno corporativo, entre las responsabilidades que le competen al Órgano de Dirección, se encuentra definir los requisitos personales, académicos, técnicos y de experiencia necesarios para cada uno de los puestos claves que conforman la estructura organizacional”, se detalla en el oficio.
La entidad pública informó, mediante su Oficina de Comunicación, que el proceso de elección se lleva en estricto apego a la normativa y la política de idoneidad señalada por Sugef.
“Los lineamientos puntualizados por la Superintendencia tienen una enorme relevancia, porque vienen a ratificar los ejes de la planificación que la Junta Directiva en su conjunto había determinado desde hace meses para el proceso, en apego estricto a la legislación vinculada y a la normativa interna delegada en el Comité de Nominaciones”, puntualizó la entidad.
El Popular explicó que el envío de la terna de candidatos finales es la instancia que sigue a la etapa actual de valoración de conocimientos y entrevistas con la Directiva.
El próximo jerarca del Banco Popular ocupará el cargo por un periodo de cinco años y tendrá un salario mensual de ¢9,5 millones.
Asimismo, también está en trámite la elección del próximo subgerente general de Negocios porque a Juan Francisco Rodríguez Fernández se le finalizó el nombramiento a inicios de junio.
La entidad recibió 43 postulaciones para dicho cargo que también debe ser elegido por la Directiva. La persona escogida se desempeñará en el cargo cinco años y tendrá un sueldo mensual de ¢8,5 millones.
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“Los miembros que finalmente designen deben contar con la experiencia, las competencias y la integridad necesaria para gestionar y supervisar los negocios (...) acorde con el tamaño y complejidad de las operaciones que ejecuta una entidad de importancia sistémica, como lo es el Banco Popular”.
— Rocío Aguilar, oficio SGF-1419-2023.
Dominio del Gobierno
El Popular inició, en mayo pasado, el proceso de designación del próximo jerarca, con el apoyo de un comité interno, a raíz del vencimiento del nombramiento de Marvin Rodríguez Calderón quien dejó el puesto el pasado 3 de junio. Al concurso se presentaron un total de 31 candidatos.
La elección de la persona a dirigir la entidad, por un periodo de cinco años, en una Directiva dominada en su totalidad por el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, pues los siete miembros fueron puestos por el Poder Ejecutivo por un periodo total de 15 meses.
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La actual administración nombró, de manera temporal, a Iliana González Cordero, Shirley González Mora, Raúl Espinoza Guido y Eduardo Navarro Ceciliano.
Mientras que los tres representantes del Ejecutivo (también nombrados por el Gobierno) son Chaverri Chaverri, actual presidenta de la Junta; María Clemencia Palomo Leitón y Jorge Eduardo Sanchez Sibaja.
El Popular es la cuarta entidad financiera más grande de Costa Rica con activos totales por ¢3.992.330 millones, detrás del Banco Nacional, Banco de Costa Rica y BAC Credomatic, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Hasta mayo anterior, reportó una planilla de 3.967 empleados y contaba con 99 oficinas en todo el país.
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Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Sugef, advirtió a la Junta Directiva del Banco Popular que el nombramiento de la persona a ocupar la gerencia general debe hacerse con el uso de “sanas prácticas”. (Mayela Lopez)
Personas idóneas
En el oficio de Sugef al Popular se subraya que se debe garantizar la revisión del cumplimiento de los requisitos para los cargos de gerente y subgerente para que se garanticen el perfil adecuado.
Adicionalmente, se recalcó que la elección debe cumplir con las reglas dictadas en el Reglamento sobre Idoneidad y Desempeño del Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia y el Reglamento sobre Gobierno Corporativo.
“Los miembros que finalmente designen deben contar con la experiencia, las competencias y la integridad necesaria para gestionar y supervisar los negocios (...) acorde con el tamaño y complejidad de las operaciones que ejecuta una entidad de importancia sistémica, como lo es el Banco Popular”, se indica en el documento.
La Nación consultó a la jerarca de la Sugef sobre el oficio enviado a la entidad pública pero Aguilar Montoya dijo que no podría referirse en específico al documento SGF-1419-2023.
Sin embargo, sí dio algunas pautas sobre la elección de personas a un puesto de gerencia general.
“Desde el ámbito supervisor existe interés en que las personas que desempeñan o sean nominadas para ocupar puestos en la Alta Gerencia sean las idóneas, ya que desempeñan un rol crucial, por cuanto son los responsables de implementar y cumplir las políticas, procedimientos y controles necesarios para la consecución de los objetivos del negocio”, dijo la jerarca.
Aguilar Montoya reiteró que el nombramiento es responsabilidad de la Directiva, pero si la Sugef debe referirse a la elección lo hará directamente con la Junta.
Incluso, la normativa de fiscalización permite a la Sugef recomendar, de manera fundamentada, la remoción de cualquier miembro del órgano de dirección de un banco cuando incumpla los requisitos de idoneidad. También si la persona incurre en omisiones o actuaciones que atenten contra la seguridad, estabilidad y solvencia de una entidad.
Nota del redactor: Este artículo se actualizó a las 4 p.m., del viernes 23 de junio, para incluir las respuestas del Banco Popular.
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