EscucharLa Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) previno al Poder Ejecutivo por mantener pendiente el proceso de ratificación de los cuatro representantes de la Asamblea de Trabajadores en la Junta Directiva del Banco Popular.
La entidad fiscalizadora confirmó a La Nación que comunicó, en varias ocasiones a Casa Presidencial, de la necesidad de gestionar de manera oportuna los nombramientos de los miembros de la Directiva, a raíz del rol crucial que tienen en los bancos públicos.
“El principal riesgo es que se debilite el Gobierno Corporativo como consecuencia de no estar debidamente integrada (la Directiva) conforme lo establece el artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco Popular”, advirtió la Sugef.
El artículo citado hace referencia a que la Junta está compuesta por cuatro representantes del sector de trabajadores y tres personas nombradas por el Poder Ejecutivo.
Este diario consultó a Casa Presidencial, por correo electrónico, el lunes a las 3:38 p. m., sobre los requerimientos hechos por la Sugef. Esta instancia informó de que realiza las gestiones necesarias para la recopilación de la información requerida para brindar respuesta, y detallaron que tienen un plazo de 10 días hábiles para contestar.
La Asamblea de Trabajadores escogió, el pasado 4 de noviembre, a los cuatro miembros propietarios y los cuatro suplentes para integrar la Directiva del banco público.
Casa Presidencial aún no ratifica a las personas. De hecho, el mandatario Rodrigo Chaves solicitó, el pasado 20 de noviembre, cuentas sobre si las personas nombradas cumplen con la normativa sobre idoneidad.
Los cuatro representantes propietarios son Francisco Cruz Marchena, Iliana González Cordero, Gilbert Díaz Vásquez y Martha Eugenia Camacho Murillo. Los suplentes son Víctor Mora Schlager, Wendy Vargas Méndez, Steven Oreamuno Herra y Ana Luisa Calvo Monney.
Lenín Hernández, presidente de la Asamblea de Trabajadores, alertó de que el Poder Ejecutivo podría mantener el control absoluto del órgano de dirección por casi dos años, en caso de no ratificarse a los representantes, el próximo 19 de diciembre.
Casa Presidencial acumula, en este mes de diciembre, 15 meses de haber seleccionado a los tres representantes estatales y a cuatro directivos temporales que debía escoger la Asamblea de Trabajadores.
Precisamente, el día 19 vence la ampliación de siete meses dictada por el decreto ejecutivo Nº 44019-MP-MTSS de los directivos pro tempore (temporales) seleccionados por el Ejecutivo.
Directivos estatales
Por otra parte, la Superintendencia confirmó que instó al Gobierno a “revisar profundamente” los criterios de idoneidad en la selección de los tres representantes estatales en la directiva del Banco Popular.
La Sugef no brindó detalles de las razones por las cuales solicitó una comprobación de las personas escogidas por el Poder Ejecutivo.
Los directivos estatales son Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, quien actualmente es presidente de la Directiva; María Clemencia Palomo Leitón y Nidia Solano Brenes.
El Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros de órgano de dirección y de alta gerencia dicta que quienes sean directivos tengan experiencia comprobada en la actividad financiera y que hayan participado previamente en juntas directivas de entidades financieras.
No es la primera vez que la Sugef brinda una alerta en torno al Banco Popular. En junio pasado, envió un oficio a la Junta Directiva para advertirle de que la designación de la persona a ocupar la gerencia general de la entidad debía hacerse con el uso de “sanas prácticas”.
Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), detalló en el oficio confidencial SGF-1419-2023, que la persona elegida debía contar con requisitos personales, académicos, técnicos y de experiencia necesarios para dirigir una entidad considerada de importancia sistémica por su tamaño y complejidad.
En el concurso realizado por el Banco Popular se eligió a Gina Carvajal Vega quien, antes de este nombramiento, formaba parte de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica.
El Banco Popular es una de las cuatro instituciones catalogadas como sistémicas por Sugef. Esto quiere decir que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, sufrieran un deterioro en su funcionamiento o cayeran en insolvencia. Las otras entidades con dicha capacidad de impacto son el Banco Nacional, BAC Credomatic y el Banco de Costa Rica.
A octubre pasado, el Popular registró un saldo de activos por ¢4.158.329 millones, es decir, el 10,5% del total del sistema financiero costarricense; tiene 4.036 empleados y cuenta con 99 oficinas en el territorio nacional.
