EscucharLas becas, los centros de cuido y las pensiones del régimen no contributivo mantienen una alta dependencia del impuesto a las planillas, por lo tanto reducirlo o trasladar su financiamiento a una fuente menos estable para impulsar el empleo y la formalidad tendría un impacto importante en los beneficiarios de estos programas.
En su informe más reciente, el Estado de la Nación explica que los ingresos del impuesto a las planillas representaron, en el 2020, 58% del total de ingresos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). La transferencia de Hacienda, por su parte, representó 36,4%.
Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación, explicó que en el informe incluyeron un ejercicio sobre el impacto que tendría en la población objetivo de estos programas si este impuesto se eliminara o se redujera a la mitad. Los resultados fueron los siguientes:
El programa de becas cubre actualmente a 176.560 estudiantes pobres o vulnerables. Si se eliminara el ingreso proveniente del impuesto de las planillas podría cubrir apenas a 73.272 personas, y si se redujera a la mitad le llegaría a 124.916.
En el caso de los centros de cuido infantil, la cobertura actual es de 80.604 menores de siete años pobres o vulnerables. Si se eliminara bajaría a 33.451 y si el ingreso del programa se recortara a la mitad podría cubrir a 57.027.
En pensiones no contributivas los recursos del Fodesaf cubren a 114.942 personas pobres o vulnerables. Si se eliminara el ingreso por ese impuesto se podría atender a 47.701 personas y si bajara a la mitad, a 81.321 personas.
“El Fodesaf es el principal instrumento de financiamiento para la política social selectiva del país. En la actualidad, su financiamiento está en riesgo y sufre de rigideces presupuestarias e ingresos procíclicos, es decir, que aumentan en las épocas de crecimiento económico y se contraen en las crisis”, explica el informe.
El impuesto y el empleo
Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación, explicó que en los últimos meses han circulado algunas propuestas para reducir las cargas sociales, como una opción para generar empleo y reducir la informalidad. Una de las cargas que se propone eliminar es el impuesto a las planillas.
También el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, ha indicado que el alto costo de las cargas sociales ha generado un doble problema: desempleo y elevada informalidad.
El impuesto a las planillas es el 5% que los patronos pagan al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) sobre los salarios que pagan mensualmente a los trabajadores. Con dichos recursos se financian programas, entre ellos, los citados.
Según la última Encuesta Continua de Empleo, en el tercer trimestre del 2021 el desempleo alcanzó 15,3% (cerca de 378.000 personas), y del total de ocupados, 44% son informales (unas 926.000 personas).
En el documento 10 propuestas para mayor bienestar de la Academia de Centroamérica, el economista Édgar Robles, explica que Costa Rica es uno de los países con las cargas laborales más elevadas.
Cita que en el último Índice de Competitividad Mundial (2019) del Foro Económico Mundial, estamos en la posición 127 entre 141 países con los impuestos laborales más altos.
Robles indica que con el fin de promover la formalidad y la creación de empleo, se hace necesario trasladar la mayor cantidad de cargas laborales a impuestos generales.
“Así, los presupuestos de instituciones como el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje), Fodesaf, Banco Popular, IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social), entre otros, deben ser financiados por la colectividad, no solo los trabajadores formales, quienes han venido desapareciendo en la última década”, indica Robles en el documento.
José Manuel Salazar, exdirector general de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo, también apoya la reducción de cargas sociales para impulsar el empleo y reducir la informalidad.
¿Cómo ayudar al empleo sin desfinanciar los programas sociales?
Esta situación lleva al país a un dilema entre apoyar el empleo mediante la reducción de las cargas sociales y mantener el financiamiento de las ayudas. Aunque es de suponer que más empleo haría que la población requiera menos apoyo.
“Esta fuente (el impuesto a las planillas) es la más estable, representa más de la mitad y además, si pensamos que va a ser financiado por el Ministerio de Hacienda casi que estaríamos desmantelando muchos de los programas sociales que son los que están conteniendo la situación actual”, comentó Morales.
Robles considera que confiar solamente en las planillas para financiar esas instituciones le ha venido generando un problema al Fondo porque la informalidad es creciente en el tiempo, lo cual quiere decir que cada vez menos personas están contribuyendo.
Salazar comentó que habría que hacer el cambio mediante una ley y en cualquier legislación que el país logre negociar tiene que decir cómo sustituir esos recursos.
“No se trata de reducir cargas sociales desfinanciando ninguna de las fuentes que se financian actualmente con esas cargas sociales, sino sustituir esos recursos que esa ley misma va a tener que asignar”, indicó.
A nivel de ejercicio académico, indicó Salazar, se puede pensar en el IVA (impuesto al valor agregado) o en un impuesto a las transacciones financieras o otras fuentes, o una combinación de fuentes.
Robles, por su parte, considera que una vía para seguir financiando los programas sociales es por medio del impuesto sobre la renta empresarial.
“Si vamos a tener un ahorro en el costo laboral de las empresas, entonces las empresas podrían pagar más impuesto de la renta, eso no va a tener un efecto tan fuerte sobre el óptimo de la producción, como si lo va a tener al distorsionar la relación entre contratar y no contratar”, añadió Robles.
Para este economista la pregunta es: ¿marginalmente cuál afecta más la producción? ¿El impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las planillas?
En su informe del 2020 sobre Costa Rica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propuso trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad.
