El Cuerpo de Bomberos adjudicó a dedo una compra de 40 ambulancias básicas por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones) a un consorcio que nunca antes había vendido este tipo de equipos a instituciones de Costa Rica.
El grupo tiene entre sus encargados al empresario brasileño que le vende al Estado tobilleras electrónicas para sentenciados y que acaba de hacerle un reclamo de $1,3 millones al Ministerio de Justicia y Paz por ese contrato.
Bajo el argumento de que hubo una instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández, Bomberos aplicó un procedimiento especial de contratación que dejó fuera a empresas costarricenses que sí tienen experiencia en el mercado de las ambulancias y que cobraban hasta $2,3 millones menos (¢1.058 millones). La adjudicación fue hecha el 28 de setiembre.
La institución adscrita al Instituto Nacional de Seguros (INS) solo invitó al consorcio brasileño, pese a que este aparecía con la propuesta más costosa en un estudio técnico de solo cinco páginas elaborado por la propia entidad. Argumentó que se trataba de una contratación de urgencia.
El grupo está integrado por las compañías brasileñas Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV) y Bem Estar, ninguna de las cuales registra experiencia en la venta de este tipo de vehículos al Estado en Costa Rica.
El consorcio tiene entre sus encargados al empresario Igor Oliveira Roquim, quien también representa al Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, el cual ejecuta desde noviembre del 2024 un contrato para vender tobilleras electrónicas al Ministerio de Justicia. Este grupo reclamó un alza de hasta un 72,2% en la tarifa por el uso de cada artefacto, bajo el argumento de que hay un desequilibrio económico.
Una de las compañías que integra el consorcio de las tobilleras también forma parte del grupo de las ambulancias. Se trata de la firma brasileña Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A., la cual se complementa en el negocio de las tobilleras con la también brasileña Synergye y la estatal costarricense Radiográfica Costarricense (Racsa).
En contraste, Bomberos descartó a dos empresas costarricenses que fueron incluidas en el estudio de mercado: Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa S. A. y AutoStar Vehículos S. A. Ambas contaban con adjudicaciones previas para la venta de ambulancias y ofrecieron precios menores al del consorcio ganador.
La primera de ellas ofrecía un precio $2,3 millones menor que el del grupo adjudicado.
Sin embargo, Bomberos excluyó a las compañías costarricenses por proponer plazos de entrega de 240 días, frente a los 100 días ofrecidos por SGSV.
Así consta en el expediente 2026XE-000002-0012800001, disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La Nación envió el 30 de octubre consultas al Cuerpo de Bomberos, por medio del INS, sobre el proceso y las razones para adjudicar el contrato a empresas sin experiencia en la venta de ambulancias en el país. Al cierre de edición, el INS había trasladado las preguntas a Bomberos y se esperaba una respuesta.
Ese mismo día, el diario consultó al vocero de prensa de SGSV, Antonio Alexandre García, cómo se enteró la empresa de la licitación y cuál era su experiencia en contrataciones ajenas a la venta de ambulancias. Al cierre de edición, aún no había respondido, aunque García indicó que enviaría sus respuestas el 2 de noviembre.
Laura Fernández ordenó contratación para atención prehospitalaria
La compra se tramitó de forma directa, pese a que el monto de $13,8 millones (¢6.500 millones) supera claramente el umbral de ¢258,2 millones establecido por la Contraloría General de la República (CGR) para una licitación mayor. Bomberos recurrió a la modalidad de contratación de urgencia, prevista en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP).
La institución justificó el uso de este procedimiento especial en una disposición de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien, mediante un acuerdo del 31 de julio, instruyó a Bomberos a fortalecer los servicios de atención prehospitalaria en al menos 25 estaciones del país.
“La Dirección Operativa del BCBCR (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica) expuso y sustentó la necesidad pública e imperiosa, prioritaria e impostergable de que el BCBCR fortalezca el servicio de la atención prehospitalaria en el territorio nacional bajo la instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y del Consejo Sectorial de Salud del Estado″, señala un informe de recomendación enviado el 25 de setiembre por la Proveeduría de Bomberos a Héctor Chaves León, director de la institución.
El proceso de adquisición de las 40 ambulancias fue anunciado por Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS, el 7 de octubre en conferencia de prensa en Casa Presidencial.
“A raíz de su mandato, nosotros nos tomamos las cosas en serio (...); estamos comprando ya 40 ambulancias. Ya fueron adjudicadas y espero ponerlas al servicio de todos los costarricenses en febrero”, dijo la jerarca ese día.
Sin experiencia en venta de ambulancias en el país
La brasileña Bem Estar está inscrita en Sicop como proveedora de vehículos médicos, servicios de bomberos y administración de la salud pública. Sin embargo, no tiene formalizados contratos en el país para vender este tipo de unidades ni registra participaciones en otros procedimientos de contratación.
Además, el inciso K del pliego de condiciones exigía acreditar la construcción de al menos 200 ambulancias con las mismas características y componentes para un mínimo de cinco clientes durante los dos años anteriores. Sin embargo, según un incidente de nulidad interpuesto por AutoStar, la certificación de experiencia presentada por el consorcio elegido solo menciona dos clientes.
El primero es el Cuerpo de Bomberos Militares de Río de Janeiro, al que se le vendieron 60 ambulancias. El segundo corresponde a la Secretaría de Estado de Salud de Paraná y el Fondo Estatal de Salud, con 150 unidades. Aunque el consorcio acreditó la venta de 210 vehículos de emergencia, las operaciones corresponden únicamente a dos clientes.
Pese a este señalamiento y la solicitud de anulación de la contratación por parte de la empresa excluida, Bomberos no dio trámite al incidente por haberse interpuesto de forma “extemporánea”.
Por su parte, SGSV tiene registrados 124 bienes y servicios en Sicop, principalmente relacionados con el mantenimiento de software para la gestión de sistemas. Ninguno incluye la venta de vehículos de emergencia.
De los otros tres contratos que SGSV obtuvo en Costa Rica –todos durante las administraciones de Rodrigo Chaves y Laura Fernández–, ninguno corresponde a dispositivos o vehículos médicos.
Las contrataciones abarcan el alquiler de equipo para una estación de tráfico marítimo, la detección de fugas no visibles y la venta de tobilleras electrónicas al Ministerio de Justicia y Paz.
Informe de cinco páginas justificó contratación a dedo
Una resolución de cinco páginas, emitida el 10 de setiembre pasado por la Unidad de Proveeduría de Bomberos, justificó la adjudicación directa de 40 ambulancias mediante el procedimiento especial de contratación de urgencia.
La institución alegó que la alta incidencia de accidentes viales y laborales satura la capacidad de atención de emergencias del país, lo cual genera un déficit en la respuesta médica inmediata y aumenta la mortalidad de las personas. Esta situación se presentó, entonces, como el “hecho generador” para la contratación expedita.
Además, aunque el estudio de mercado identificó tres posibles proveedores, la Unidad de Servicios Generales descartó dos porque ofrecían plazos de entrega de ocho meses, considerados “excesivos” por sobrepasar en 140 días el máximo requerido. Esto, según argumenta el informe, pondría en riesgo la salud pública.
Por ello, Bomberos invitó únicamente a SGSV, que ofrecía entregar las ambulancias en 100 días, pese a ser la opción más costosa al superar en un 6% el precio estimado inicialmente por Bomberos, pensado en $325.923 por ambulancia.
Sin embargo, el contrato adjudicado a esa empresa establece en Sicop un plazo de siete meses, casi igual al señalado como excesivo para los otros oferentes.
Empresa adjudicataria superaba el precio de las otras dos
De acuerdo con el expediente de contratación, Bomberos estimó un precio de $325.923 por ambulancia, para un total de $13 millones.
El consorcio adjudicatario ofertó inicialmente $349.790 por unidad, incluidos el vehículo y los equipos médicos solicitados. Luego, SGSV redujo el monto a $347.000 por ambulancia, para un total de $13,88 millones (¢6.490 millones). Esa cifra supera en $21.076 (6%) el precio estimado por unidad.
Cotisa S. A. ofreció $289.270 por ambulancia, para un total de $11,57 millones, mientras que AutoStar propuso $343.500 por unidad y $13,74 millones por las 40.
Aunque la oferta de SGSV excedía el monto previsto, la Unidad de Proveeduría sostuvo que el precio estaba dentro del margen permitido del 10%. Además, la Dirección Operativa y la Unidad de Servicios Generales aportaron una certificación presupuestaria por ¢7.289 millones para cubrir la compra en los ejercicios del 2026 y el 2027.
Los recursos provendrían de las partidas de “Equipo de transporte”, con ¢3.894 millones, y “Equipo sanitario, investigación y de laboratorio”, con ¢2.596 millones.