EscucharLa Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual tiene a 26 personas como imputadas por el caso de la Financiera Desyfin, que derivó en el proceso de cierre de la entidad.
Entre los señalados por el Ministerio Público, están los miembros de la cúpula de Desyfin y del gobierno corporativo, así como los dos representantes de Consultores Financieros Cofin y del Bufete Gómez & Galindo Abogados y Notarios de Centroamérica.
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En la cúpula de la Financiera se encuentra la familia Lacayo Beeche, integrada por Silvio Lacayo Lacayo (padre), Hortensia Beeche Michaud (madre) y Silvio, Manfred y Mauricio Lacayo Beeche (hijos).
También, forman parte de los imputados miembros de la Junta Directiva de apellidos Montero Pochet, Corrales Salas, López Pacheco, Gerchow Moya, Silva Gamboa y Solano Gómez, según una resolución de la Fiscalía, de la cual tiene copia La Nación, con fecha del 9 de octubre de 2024.
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Además, están imputados en la causa Mario Gómez Pacheco y José Antonio Hidalgo Marín, representantes de Cofin y del Bufete Gómez & Galindo, así como otra persona de apellidos Zamora Méndez, administrador de fideicomisos de Cofin.
La Fiscalía los investiga por aparentemente idear un plan “antijurídico” que llevó al colapso de la Financiera Desyfin, en perjuicio de ahorrantes, inversionistas y del socio minoritario Corporación El Moscardón.
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Los supuestos delitos investigados en este caso son administración fraudulenta, sabotaje informático y reducción de la pena. El último delito es una infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), establecida en el artículo 158, que sanciona la alteración de información financiera.
Luego de ser intervenida el 13 de agosto de 2024, el 9 de octubre el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) declaró inviable a la Financiera, tras acumular pérdidas por ¢21.968 millones hasta agosto de 2024. Ese mismo día, se inició el proceso de resolución para darle un cierre ordenado a la entidad.
La Financiera tiene 4.028 personas con ahorros, de los cuales 3.072 cuentan con el monto garantizado (hasta ¢6 millones) y 956 están cubiertos de forma parcial. Las obligaciones con el público ascienden a ¢99.900 millones.
