EscucharEl 13 de agosto de 2024, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de la Financiera Desyfin, coincidiendo con el tercer mes desde la medida similar aplicada a Coopeservidores.
La decisión se fundamentó en un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el cual reveló deficiencias en la gestión de la cartera de créditos y debilidades en la administración de la financiera. Al momento de la intervención, Desyfin era la financiera más grande de Costa Rica con activos por ¢211.069 millones.
El informe detalló que Desyfin tenía estimaciones crediticias subvaluadas, lo que obligó a crear provisiones que consumieron el 50% de su patrimonio, el cual era de ¢11.701 millones a junio de 2024.
Durante la fiscalización, el equipo de interventores liderado por Marianne Kött determinó que Desyfin calculó incorrectamente el valor del riesgo de sus préstamos. Se revisó el 20% de la cartera crediticia, cuyo saldo total alcanzaba ¢125.341 millones a junio.
En el primer trimestre de 2024, las pérdidas de la financiera aumentaron de ¢3.318 millones a ¢13.679 millones, tras una fiscalización especial a 25 deudores, de los cuales 21 fueron reclasificados como de menor calidad. Estos clientes representaban el 20% de la cartera total.
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El 14 de agosto, Silvio Lacayo Beeche, representante legal de Desyfin, dijo que trabajaban en un plan de capitalización. La intervención también afectó la negociación de títulos en el mercado secundario y la liquidación de cupones a corto plazo. La empresa tenía seis emisiones vigentes por ¢14.500 millones y $3,47 millones.
En octubre pasado, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) suspendió la negociación de los bonos de deuda de Desyfin en la Bolsa Nacional de Valores tras el retiro de su calificación por parte de la agencia SCR, afiliada a Moody’s.
La Sugef presentó denuncia ante la Fiscalía el mismo 13 de agosto. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, en sus pesquisas determinó que la crisis de Desyfin fue provocada por plan orquestado por los propietarios mayoritarios del Grupo Financiero Desyfin para obtener beneficios patrimoniales antijurídico.
Previo a la intervención, la Sugef realizó una fiscalización especial que incluyó más de 300 requerimientos de información a Desyfin. El 6 de setiembre, la financiera presentó un plan de regularización al Conassif, a las autoridades interventoras, planteando su capitalización y cambios en la administración. No obstante, Marianne Kött, interventora de Desyfin, aclaró que ella era la única autorizada para presentar una propuesta de este tipo.
La financiera también mantenía una deuda de ¢66.431 millones con 10 entidades financieras, de los cuales el 73% debía liquidarse en menos de un año. El 10 de septiembre, el Conassif extendió la intervención hasta el 13 de octubre, pero antes del vencimiento del plazo, declaró inviable la financiera e inició el proceso de resolución.
Aquí se definió la creación de dos bloques de activos, denominados “banco bueno” (los activos de mayor calidad de la financiera) y “banco malo” (activos que se traspasarían a un fideicomiso para su venta y distribuir el monto recuperado entre los acreedores).
El 17 de octubre, la Fiscalía ordenó allanamientos en sucursales y viviendas de socios de Desyfin, extendiendo las diligencias al día siguiente a otros inmuebles. En diciembre pasado, el Conassif informó que la absorción del llamado banco bueno se decidirá en el primer trimestre de 2025.
