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La empresa Comcoas S.A., comercializadora del cemento marca David, cerró ayer sus operaciones en el país, al que acusó de no garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas.
En un duro campo pagado publicado ayer, Alexandre Chueri, presidente de la firma, explicó que el cierre de la empresa –concretado ayer a las 5 p. m.– es el resultado de un “engorroso proceso de trámites, que se agravó por la persecución desatada contra la empresa desde su inicio (en el 2007), ejercida a través de cierres ilegales de la construcción, apelaciones y solicitudes de nulidad sin fundamento”.
En el texto el empresario agregó que la compañía cumplió con los requerimientos necesarios para su instalación y operación, en San Rafael de Alajuela.
Incluso, añade, que la Sala Constitucional ratificó el derecho de operación de Cementos David, a pesar de que una instancia como el Tribunal Contencioso-Administrativo “ordenó la nulidad de nuestros permisos y el cierre de nuestra operación”.
“Evaluados los impactos mencionados para nuestros proveedores y clientes y que ratifican la incertidumbre e inseguridad jurídica que rodea nuestra situación, nos hemos visto forzados al cierre”, apunta la nota.
Se intentó obtener más detalles con algún vocero o representante de la firma, pero se indicó que no darían más información. La empresa liquidó a los 45 empleados directos que laboraban en la planta, que fue construida con una inversión superior a los $20 millones.
Mayi Antillón, ministra del ramo, detalló que la empresa inició operaciones en el país bajo una normativa relacionada con los niveles de los metales pesados en la materia prima existente desde el 2005.
Por solicitud de la compañía, esta reglamentación se sometió a revisión, pero que el proceso se tardó por culpa del Ministerio del Ambiente (Minaet). Antillón dijo que su entidad y Salud cumplieron con los plazos previstos.
Anabel González, ministra de Comercio Exterior, lamentó el cierre de la empresa, al tiempo que aseguró que Costa Rica ofrece un “muy buen” clima de seguridad jurídica a la inversión.
Sin entrar en detalle del caso específico de David, tanto la Unión de Cámaras (Uccaep) como la Cámara de Industria, por separado, reclamaron del Estado mayor claridad en la aplicación de las leyes.
“Se otorgan permisos sin que existan reglas claras; por lo tanto, la empresa invierte, inicia operaciones, y ya cuando está en su etapa productiva se ponen en entredicho o revocan esos permisos, causando el daño no solo a las empresas, sino a sus trabajadores”, dijo Shirley Saborío, directora de Uccaep.
