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Cuatro estudios publicados entre el 2013 y 2014 critican que la política arrocera del país, caracterizada por altos impuestos a la importación y precios fijados por ley, tiene un impacto negativo sobre los consumidores, especialmente en los más pobres.
Tal situación ocurre porque los hogares con mayores carencias son los que más gastan en el grano, según los documentos.
Además, destacan que quienes más se benefician con el sistema son las empresas arroceras grandes y medianas.
Los análisis fueron elaborados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del economista e importador de arroz Bernal Jiménez Chavarría, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE) y de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).
En Costa Rica, el grano importado paga un arancel del 35% y existe un sistema de fijación de precios en toda la cadena productiva.
El costo del arroz local supera al externo de manera tal que, aún con el arancel, la importación del grano es un buen negocio.
La Corporación Arrocera Nacional y la Asociación de Industriales del Arroz cuestionaron los estudios. Alegaron que si se liberaliza el mercado y se destruye la producción local, nada garantiza que luego el precio externo se mantenga bajo.
Los empresarios se respaldan en un estudio de la Universidad Nacional que recomienda mantener la regulación hasta que las políticas públicas generen condiciones necesarias y suficientes para enfrentar la apertura.
Los números. Según el estudio de Jiménez, si se compara el costo local de producir todo el arroz en el país con el valor que tendría si todo fuera importado, surge una diferencia de $190,4 millones.
A esa diferencia el economista la califica de “impuesto”, de los cuales solo $2,2 millones (un 1,15%) llega a los pequeños productores de este cereal.
José Antonio Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Industriales del Arroz, criticó esta comparación porque actualmente se aplica un precio mix , el cual considera el arroz importado con cero arancel y más barato, más el arroz local, por lo que la parte importada más barata sí llega al consumidor, alega.
Jiménez también estimó que el sobreprecio que pagan los hogares pobres significa para ellos dos semanas y media de ingreso.
El estudio del IICE explica que la política afecta más a los pobres porque son los que gastan más en ese producto como porcentaje de sus erogaciones totales.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del 2004, citada en el estudio, el 20% de hogares más pobres (los del quintil I) dedican el 5% de sus erogaciones totales en arroz, mientras que el 20% más adinerado (el quintil V) apenas un 0,3%.
En un artículo publicado en El Financiero el analista Juan Carlos Hidalgo añade que casi la mitad del consumo nacional de arroz lo realizan los hogares más pobres o en riesgo de caer en ella.
Consultado sobre la posición del Gobierno, el viceministro de Economía, Isaac Castro, dijo que es un tema que está en estudio.
“El arroz está definido como producto sensible, pero queremos trabajar toda la agrocadena con un efecto multidimensional que no sea solo el tema del precio”, manifestó Castro.
Este Ministerio analiza actualmente elevar de 35% a 70% el arancel para el arroz pilado.
Por su parte, el viceministro de Agricultura, José Joaquín Salazar, señaló que este ministerio se concentra en elevar la productividad en la cosecha del grano. Colaboró el corresponsal en Orotina, Jorge Umaña.
1) ¿Cómo repensar el desarrollo productivo? BID. 2014: La política del arroz en Costa Rica implica una transferencia importante de los consumidores (sobre todo los pobres, para quienes el arroz representa una parte importante de su canasta básica) a los productores y procesadores medianos y grandes.
2) Análisis de bienestar sobre el arroz en Costa Rica. Bernal Jiménez, economista e importador. 27 de agosto del 2014: Los consumidores pagan un impuesto de $190,4 millones debido a la diferencia entre el costo local y el externo del grano. De este monto, los agricultores pequeños (379 productores de 1.019 en total) solo reciben $2.2 millones (1,15% del subsidio), y seis empresas agroindustriales, reciben $130,8 millones (68,7%).
3) Políticas comerciales, bienestar de los hogares y reducción de la pobreza de la Unctad. 2014: La investigación sugiere que las políticas existentes han beneficiado, principalmente, a los grandes agricultores y molineros integrados verticalmente, pues a menudo tienen licencias y cuotas, son capaces de comprar arroz a bajo precio en el mercado mundial, ganando altos beneficios ya que lo procesan y lo venden en el país.
4) Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y determinación de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de comercialización. IICE (UCR). 24 de abril del 2013: No se identifican argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de fijación de precio del arroz, ya que: muchos productores reciben menores precios al fijado (efecto de las calidades), los consumidores, particularmente los de menores ingresos, pagan precios muy por encima de los internacionales.
