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San José
Las autoridades financieras de Costa Rica tienen avanzado un proyecto de ley de seguro de garantía de depósitos, el cual harán llegar al Congreso en la segunda parte de este año, confirmó Luis Carlos Delgado, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Javier Cascante, superintendente general de las Entidades Financieras, explicó que este proyecto servirá para garantizar los depósitos de los ahorrantes, hasta un determinado monto.
El fondo de seguro de depósitos se alimentaría de los aportes que realicen las entidades de sus utilidades.
Delgado explicó que actualmente se trabaja en un borrador, y por ello prefirió no detallar sobre el contenido del mismo porque podría tener modificaciones.
También se solicitó conversar sobre el tema con Olivier Castro, presidente del Banco Central, pero no se obtuvo respuesta.
En la Asamblea Legislativa ya existe un proyecto de ley para crear un seguro de depósitos, que logró el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos en el año 2013, pero no avanzó más.
Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense, comentó que, para esta organización, el texto que está en trámite legislativo tiene serias deficiencias de fondo, por lo que un texto sustitutivo que haga viable la implementación de la figura sería bien visto por esta organización.
Por el contrario, Anabelle Ortega, directora de la Cámara de Bancos, opinó que el proyecto que ya se dictaminó es positivo y ya se discutió por cuatro años.
“La Cámara de Bancos estima que, como todo proyecto, es perfectible y aun pueden plantearse mejoras que se consideren necesarias, en lo que resta del trámite legislativo, al expediente número 17.766 (plan dictaminado). En ese orden de ideas, y si se contara con el consenso de los señores Diputados, podría tramitarse el expediente ya dictaminado, en el corto plazo, y así poder contar con el seguro de depósitos que necesita el país”, dijo Ortega.
Nivelar la cancha.
Cascante explicó que el nuevo mecanismo contribuiría a “nivelar la cancha” entre las entidades que sí cuentan actualmente con garantía estatal y las que no. Actualmente, detalló Cascante, solo los bancos comerciales del Estado gozan de la plena garantía del Estado, la cual funciona en casos de crisis que impidan que la entidad opere.
"No se trata de una garantía ante cualquier tipo de incumplimiento del banco. En ese sentido, la ejecución de la garantía estatal debe ser excepcional, máxime que ello implica trasladar al contribuyente el riesgo de la actividad bancaria, pero también el riesgo del ahorrante o inversionista”, comentó Cascante.
El único caso en el que ha operado esta garantía fue con el del Banco Anglo Costarricense, el cual se cerró en 1994; en esa ocasión el Banco Central le dio los recursos al Anglo para pagar a los ahorrantes y luego le cobró al Estado. Su costo total representó aproximadamente un 2% del producto interno bruto en aquel momento.
Cascante explicó que el marco legal vigente no explica la forma y el plazo para que dicha garantía se haga efectiva por parte del Estado.
El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y las mutuales cuentan con la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado. Esto lo que significa es que los ahorros de los depositantes están garantizados con los activos de la entidad (como créditos y edificios). Entonces, primero se venden los activos y si hace falta dinero para pagar a los ahorrantes, entonces el Estado paga la diferencia.
"El Bahnvi es el que otorga la garantía a esas entidades, en los términos y condiciones que para esos efectos establezca el reglamento respectivo dictado por el mismo Banco. La entidad puede asegurar el pago de títulos valores, la devolución oportuna de los depósitos de ahorro y otras operaciones que el Banhvi determine", explicó Cascante.
En este caso la garantía subsidiaria del Estado se ejecutó con Viviendacoop y Coovivienda (en 1999 y el 2000, respectivamente), entidades que, aunque no eran mutuales, estaban en ese entonces autorizadas para operar dentro del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda con la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado otorgada por el Banhvi.
Precisamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le pidió a Costa Rica revisar este tema.
"No es correcto, según la visión de la OCDE, que en un sistema financiero donde tanto banca pública como banca privada conviven con iguales deberes y derechos, los ahorrantes de una tengan una garantía dura como lo es la del Estado y los ahorrantes de la banca privada no tengan ninguna garantía equivalente”, explicó Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior.
Según Mora, la OCDE ve esta diferencia como una deficiencia del sistema financiero, que lo vulnera, porque si un banco privado entrara en dificultades el sistema no está preparado para lidiar con ellas.
Colaboró con esta información el periodista Marvin Barquero.
