Bancos denuncian conflicto de intereses y piden anular estudio del BCCR sobre tarjetas

La organización bancaria presentó una acción de recusación ante el BCCR por el conflicto de intereses generado en la propuesta de la fijación de las comisiones de intercambio y adquirencia enviada a consulta pública el pasado 30 de noviembre.

“No se puede sostener una fijación con base en un estudio hecho por un departamento y personas que no son imparciales. Estamos buscando que se proteja el interés público y que el estudio tenga un sustento real, sea justo y correcto. Efectivamente lo lógico sería que el Banco Central suspenda la fijación, repita el estudio y que lo haga un departamento y personas imparciales”, explicó Mario Gómez, asesor Legal de la ABC, en una conferencia de prensa, este lunes 20 de diciembre.

Además, el abogado argumentó que las comisiones propuestas son ruinosas para los bancos y generarán exclusión financiera de comercios y personas.

Pero a diferencia de los banqueros, la Cámara de Comercio respaldó el informe técnico del BCCR, y más bien solicitó acelerar la disminución en la tarifa de adquirencia e intercambio para no afectar a las empresas comerciales, en especial, las pymes.

El Banco Central informó de que no se referirá al tema de las críticas recibidas a la propuesta debido al recurso de recusación planteado por la ABC.

El ente emisor propuso las nuevas comisiones para pagos efectuados con tarjetas nacionales. En la iniciativa se hizo una separación entre las comisiones cuando se realizan operaciones transfronterizas (por ejemplo, un turista que paga en Costa Rica con una tarjeta internacional) y las operaciones locales. En el caso de las transacciones locales se planteó una reducción gradual de las tarifas cuando se efectúan pagos con tarjetas.

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La comisión de adquirencia es la que paga el comercio al banco adquirente, el cual le provee el datáfono y el servicio para que las personas puedan cancelar con tarjeta; y la comisión de intercambio, que es la que reconocen las entidades adquirentes a los emisores de las tarjetas que pasan por sus datáfonos (si la tarjeta del cliente es del proveedor del datáfono no se paga comisión de intercambio).

En el informe técnico del Banco Central se propuso que las comisiones máximas de pagos de las operaciones transfronterizas queden como están actualmente, es decir de 2,50% de tarifa máxima por adquirencia y 2% para la de intercambio.

En el caso de las transacciones locales, la iniciativa es que la comisión máxima de intercambio del 2% tenga una reducción de 0,25 puntos porcentuales (p. p.) anual y que, en enero del 2024, se ubique en 1,25%.

En la tarifa de adquirencia también se planteó una baja de 0,25 p. p. cada año. Pero en este caso del 2,50% actual, pasaría a 1,75%, en enero del 2024.

Tarifas ruinosas

La Asociación Bancaria sostuvo que las tarifas propuestas en el informe técnico del BCCR resultan ruinosas para las entidades financieras porque no cubren los costos de operación y mantenimiento del actual sistema de pago. Pero tampoco detallaron cuál sería el porcentaje idóneo para obtener el equilibrio en la operación del servicio.

“No propusimos el nivel (de las comisiones) porque le corresponde al BCCR tomar en cuenta las características de la economía nacional y las transacciones”, señaló Ronulfo Jiménez, asesor Económico de la ABC.

Jiménez detalló que el sistema de pagos de los bancos se financia mediante las comisiones. Entonces, si el porcentaje es muy alto genera exclusión de comercios y si es baja no quedan recursos para atender el servicio.

“Las principales consecuencias de esta fijación recaerían, con mayor intensidad, en los emisores. Esta situación afectaría directamente a aquellos tarjetahabientes con una baja transaccionalidad, o que realizan compras en determinados negocios, debido a que generarían un costo altísimo, incluso pérdidas para el emisor de la tarjeta”, señaló el asesor Económico de la ABC.

La organización sostuvo que las comisiones máximas generarán como resultado más exclusión de consumidores financieros, ya que éstas no cubren los costos de operación de los emisores y adquirentes y resultan ruinosas.

“La recusación pretende garantizar que el procedimiento para fijar las comisiones de intercambio y adquirencia sea objetivo e imparcial. La ABC debe procurar la sana competencia y defender los derechos de los consumidores financieros”, agregó Mario Gómez, asesor Legal de la ABC.

El estudio cuestionados por los banqueros determinó que las operaciones de pago locales representaron el 95% de las transacciones y el 84% del valor total de las operaciones adquiridas dentro del territorio nacional en el 2019.

Agilizar reducción

Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, urgió en acelerar la disminución tarifaria debido a que, en el cronograma inicial presentado por el BCCR el año pasado, la tarifa de adquirencia pasaba de 2,50% a 1,75%, en julio del 2022, pero ahora será hasta enero del 2024.

El vocero agregó que con el cambio los comercios enfrentarán 18 meses adicionales con tasas superiores a los objetivos planteados sin ninguna razón técnica fundamentada, más allá de mantener una política prudencial frente al sector bancario, en detrimento del sector comercial.

Pese a la crítica, la Cámara de Comercio y la Asociación de Consumidores de Costa Rica respaldaron el estudio elaborado por la División de Sistema de Pagos del BCCR para fundamentar la disminución tarifaria en las comisiones de pagos con tarjetas.

“No compartidos la decisión tomada por la ABC. La División de Sistemas de Pagos genera un estudio técnico el cual es público. Ahí no hay ningún tipo de conflicto porque la decisión final la toma la Junta Directiva del Banco Central (...) este tipo de temas legales (acción de recusación) lo que nos hace pensar es que son herramientas de última instancia ante una disminución eminente en comisiones”, afirmó Elizondo.

Para Erick Ulate, representante de la Asociación de Consumidores, el informe hecho por el Banco Central es profesional y brinda una transparencia en los costos de pagos con tarjetas que antes no existía en el país.

Ulate agregó, a diferencia de lo expuesto por la ABC, que la exclusión financiera se genera cuando los costos de los bancos son demasiados altos y los consumidores no pueden hacerle frente a los pagos.