Condóminos pueden declarar a un residente persona ‘non grata’, pero hay otras vías para resolver conflictos

El 3 de junio, una discusión entre dos familias vecinas por la llave de paso del agua potable terminó con el homicidio de un hombre de 53 años en un condominio en Escazú, luego de que su vecino le disparara al menos 10 veces. Los hechos quedaron grabados por una cámara de seguridad.

Desde la mediación hasta el uso de los reglamentos internos del condominio, los residentes tienen diversas herramientas a su disposición para mantener la paz y la convivencia armónica. Algunas de estas opcones incluso aplican para personas que viven en urbanizaciones, residenciales o barrios organizados.

En el caso de los condominios, es importante señalar que este tipo de espacios se rigen por la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. Con base en esta legislación, se generan reglamentos internos aprobados por los condóminos de cada proyecto. Estos establecen las pautas básicas para la convivencia, que pueden variar entre proyectos según sus características. En el reglamento se especifican detalles como las horas permitidas para fiestas, el nivel de ruido aceptable y la tenencia de animales.

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Marco Antonio Durán, gerente del departamento de Administración de Grupo CIV, que gestiona varios condominios, explicó que es responsabilidad de la administración conocer las infracciones del reglamento que alteren la tranquilidad de los vecinos del proyecto.

Sin embargo, enfatizó que no es responsabilidad de la administración intervenir en conflictos vecinales dentro del ámbito privado. La situación cambia cuando se afecta la paz de los vecinos o la plusvalía del condominio. Como ejemplo, mencionó que el conflicto ocurrido el pasado lunes 3 de junio en Escazú afectaba la plusvalía del proyecto al saber que había distintas denuncias en instancias judiciales de previo al altercado que terminó en la muerte del residente.

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En los casos donde el reglamento no contemple alguna falta mediante la que se pueda sancionar al condómino, se puede convocar a una asamblea de condóminos para generar cambios al reglamento, o establecer directrices sobre la falta que puede estar incumpliendo una persona y de esta forma corrija, si no será sancionado.

Durán señaló que las sanciones pueden variar desde amonestaciones, multas por reincidencia, hasta declarar a un vecino persona no grata, lo que puede llevar a procesos judiciales para desahuciarlo. Esto se debe a que los lotes no pertenecen en su totalidad al dueño de la casa, sino que son fincas filiales del condominio.

Resolución alterna de conflictos

Ihara González, abogada, conciliadora y directora del Centro de Mediación y Arbitraje Mediarte, explicó que existen procedimientos alternativos para resolver conflictos vecinales, evitando denuncias penales y fuertes discusiones.

El procedimiento más común es la mediación, utilizada cuando dos personas no logran alcanzar un acuerdo. Un mediador neutral guía a las partes a encontrar una solución mutuamente aceptable, con la participación voluntaria de ambas partes.

Según explicó González, los acuerdos y soluciones que se alcancen en ese proceso tienen fundamento y respaldo legal, por lo que si una persona llega a incumplir, podrá continuar con el proceso en otra instancia legal.

“Los acuerdos de un proceso de mediación tienen tanta validez como si hubieran sido establecidos por un juez. El proceso es confidencial y está respaldado por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP)”, explicó.

Para proceder con este tipo de resolución, las personas deben asistir a Casas de Justicia o a Centros de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), públicos o privados, y solicitar una audiencia. Existe un directorio de centros RAC en el sitio web del MJP.

Otra herramienta para la resolución alternativa es el proceso de arbitraje, donde un árbitro toma una decisión vinculante para las partes del conflicto. Este método es más utilizado en los conflictos donde hay contratos de por medio.

González concluyó indicando que el precio de una audiencia de mediación ronda los $400, lo que resulta más barato que un proceso en sedes judiciales, que requieren del pago de timbres y abogados.