EscucharEl gobierno rechazó las recomendaciones planteadas por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) para eliminar las distorsiones en el mercado del azúcar, detectadas en un estudio de mercado presentado en agosto pasado, el cual señala que este sector opera de manera similar a un cártel. Además, el Ejecutivo descalificó el análisis.
La comunicación de respuesta colectiva de todas la entidades, remitida por el Ejecutivo a la Coprocom, desestimó el estudio de mercado, calificándolo de tener “una serie de falencias o vacíos metodológicos que llevan a cuestionar la seriedad del estudio para generar la opinión”, según la posición del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en su carácter de ente rector del sector agropecuario.
“Causa gran preocupación que la Coprocom insista en el análisis del mercado azucarero, con un modelo de organización productiva que es funcional, pero no priorice el análisis de situaciones del mercado de bienes agropecuarios que han sido alertadas por las organizaciones de productores durante muchos años”, añade la misiva, de la cual tiene copia La Nación.
La Coprocom envió al Consejo de Gobierno y a tres ministerios una serie de recomendaciones el 5 de setiembre pasado. Estas entidades debían informar a la institución reguladora de la competencia si aprobaban o se apartaban de las recomendaciones en un plazo no mayor a 30 días, según la Ley N.º 9736, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. La respuesta fue recibida este lunes 7 de octubre, día en que vencía el plazo, confirmó Guillermo Rojas, presidente de la Coprocom.
Una vez recibidas las respuestas, serán analizadas en la próxima sesión del Órgano Superior de la Coprocom esta semana, y se tomará una decisión sobre el procedimiento a seguir, apuntó Rojas.
Las observaciones sobre el mercado azucarero fueron remitidas al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Ministerio de Salud y Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), además del Consejo de Gobierno y a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, en este último caso, solo con fines informativos, explicó en ese momento Rojas.
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La Nación consultó a las oficinas de prensa del Comex, del Ministerio de Salud y del MEIC sobre las observaciones de la Coprocom. Este lunes, Salud indicó que seguía gestionando la consulta, mientras que el MEIC recomendó dirigir la solicitud al Consejo de Gobierno. El Comex señaló, el 12 de setiembre, que el asunto estaba en análisis, y no ofreció más respuestas.
Las sugerencias de la Coprocom al Ejecutivo incluyen eliminar las cuotas de reparto entre ingenios y productores, así como liberalizar la comercialización del azúcar a escala minorista. Para lograr esto, solicitan al Ejecutivo presentar una iniciativa de ley para derogar la Ley N.º 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar, que regula, entre otros aspectos, el funcionamiento de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica).
Asimismo, proponen que el gobierno impulse la eliminación del monopolio del alcohol, mediante la reforma al Código Fiscal, vigente desde 1885.
Al respecto, la carta, fechada el 3 de octubre y dirigida a los tres comisionados propietarios y al Órgano Superior de la Coprocom, subraya que las reformas y derogaciones de leyes corresponden al Poder Legislativo. Además, argumenta que la posición expuesta por el MAG “no permite acoger la recomendación de impulsar cambios legales en el esquema actual de organización y funcionamiento del sector”.
El Estudio de Mercado de la Caña de Azúcar y sus Derivados en Costa Rica, presentado por Coprocom el pasado 23 de agosto, concluye que el mercado del azúcar en Costa Rica funciona como un cártel en la producción y comercialización, estableciendo precios no competitivos para los consumidores.
Laica, un ente público no estatal que agrupa a productores e ingenios, rechazó “contundentemente” las recomendaciones, el 29 de agosto.
El estudio, coordinado por María Fernanda Viecens, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que Laica actúa como un “agente con poder sustancial de mercado capaz de bloquear la entrada de nuevos actores”. El informe subraya que Laica posee una participación casi absoluta en el mercado, con la capacidad de fijar precios unilateralmente o restringir considerablemente el abastecimiento en el mercado relevante, sin que otros actores económicos puedan contrarrestar ese poder.
La Coprocom se ha visto limitada desde 2022 para realizar estudios de mercado debido a asuntos presupuestarios, según explicó Rojas a La Nación, en junio pasado. Los estudios de mercado en materia de competencia analizan oportunidades de innovación, tendencias actuales y futuras, y permiten identificar a los agentes económicos involucrados, además de revisar la evolución de la oferta y el comportamiento de la demanda.
“Los estudios de mercado que se han realizado han sido en un 90% gracias al apoyo del BID, porque no tenemos ni recursos económicos ni suficiente personal para desarrollarlos”, señaló Isaura Guillén, comisionada de la Coprocom.
Entre 2018 y 2022, la entidad fiscalizadora de la competencia, hizo estudios de mercado en el transporte de taxis, transporte marítimo, servicios de revisión técnica vehicular, servicio postal, servicios profesionales, mercado de gasolineras y concesiones de líneas de autobuses.
Las respuestas de los tres ministerios
Las recomendaciones al MEIC proponían eliminar las medidas antidumping y las salvaguardas a las importaciones para garantizar la competencia y ofrecer más opciones a los consumidores.
En respuesta, la entidad indicó que actualmente no existen en el sector azucarero medidas antidumping ni salvaguardas vigentes. En caso de presentarse alguna solicitud, la entidad argumenta que la Organización Mundial del Comercio (OMC) permite a sus estados miembros aplicarlas para contrarrestar los efectos negativos sobre los sectores productivos nacionales, provocados por prácticas desleales de comercio (dumping y subsidios) y por el aumento súbito de las importaciones.
Añadió que “esta administración comprende” que estas medidas solo pueden adoptarse mediante procesos de investigación.
En cuanto al Ministerio de Salud, la Coprocom recomendó modificar el Decreto Ejecutivo 39020-S para eliminar la obligación de que la fortificación con vitamina A del azúcar se realice únicamente en el territorio nacional. Esta medida, vigente desde 2015, ha sido calificada por los importadores como una barrera no arancelaria.
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Al respecto, Salud respondió que la recomendación “no es del todo clara”, ya que parece sugerir la posibilidad de importar azúcar sin fortificar y realizar el proceso en el país para reducir costos. El Ministerio señaló que el estudio no profundiza sobre los costos de inversión necesarios para la fortificación.
Salud también advirtió de que la medida podría generar el riesgo de comercializar azúcar sin fortificar, lo cual podría derivar en un problema de salud pública.
En cuanto a las observaciones dirigidas al Comex, la Coprocom recomendó eliminar o reducir los aranceles a las importaciones de azúcar y sus derivados, y no incluir estos productos en listas de excepciones (mantener aranceles preferenciales) en futuras negociaciones comerciales.
Como respuesta, el Comex indicó que el equipo negociador de los tratados de libre comercio define la posición nacional sobre la base de estudios sectoriales y un proceso de consulta pública.
“En este contexto, no se considera conveniente modificar dicho procedimiento, ni determinar a priori una posición sobre el tratamiento que se le dará a un producto en futuras negociaciones”. Añadió que en próximos procesos de negociación se tomará en cuenta la recomendación de la Coprocom.
Sobre la reducción de aranceles, el Comex indicó que no es solo su competencia, ya que involucra a otras instituciones del gobierno y que, además, debe considerarse la normativa centroamericana.
La carta de respuesta a la Comisión fue firmada por Víctor Carvajal Porras, jerarca del MAG; Indiana Trejos Gallo, ministra interina del Comex; Francisco Gamboa Soto, titular del MEIC, y Mariela Marín Mora, ministra interina del Ministerio de Salud.
