EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) dispuso al Instituto Nacional de Seguros (INS) efectuar una serie de modificaciones al cartel de licitación del proyecto del marchamo digital y proceder a establecer una nueva fecha para la apertura de ofertas. La acción significa un contratiempo a la iniciativa lanzada, inicialmente, a comienzos del 2023.
La orden se dictó después de que la Contraloría declaró parcialmente con lugar una serie de objeciones presentadas por empresas interesadas en adjudicarse el negocio de la emisión de 1,5 millones de etiquetas del marchamo digital para vehículos, por un total de ¢2.740 millones.
Los oferentes cuestionaron aspectos como experiencia, cobro de sanciones, entrega de muestras, entrega de etiquetas de marchamo digital, desglose del precio y especificaciones técnicas mínimas. “Ahora le corresponde al INS atender lo dispuesto por la CGR en la resolución y realizar las modificaciones al pliego de condiciones según corresponda", informó la entidad fiscalizadora en un comunicado.
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Carlos Mejías, director del proyecto Marchamo Digital del INS, catalogó como normal, en los procesos de contratación administrativa, la resolución de la CGR. “Algunas de las objeciones que acogió la Contraloría ya habían sido aceptadas por el Instituto, afirmó el funcionario. Añadió que harán los ajustes y continuarán con el proceso.
La aseguradora pública inició, el pasado 11 de octubre, una nueva licitación después de que la Contraloría anulara, en marzo pasado, la primera adjudicación definida por la aseguradora. La contratación se había asignado al consorcio PC Central-Neolog, por ¢2.997 millones, para 1,9 millones de marchamos digitales.
Objeciones empresariales
Las compañías que cuestionaron el cartel de licitación fueron Data Printing Solutions, Formularios Estandard Costa Rica, Capris Sociedad Anónima, SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas y Central de Servicios PC.
El cartel establece que se necesitan 1,5 millones de etiquetas para vehículos con parabrisas, que incluye la entrega del software para la escritura y lectura de las calcomanías. En el caso de las motos la adquisición sería contra demanda, con una compra mínima de 100.000 y sin software.
Una de las objeciones de las empresas fue una petición al INS para que establezca una condición racional de comparación de precios entre los productos. Sin embargo, la aseguradora no respondió a los oferentes, por lo cual la Contraloría les dio la razón en el alegato.
Otro de los cuestionamientos aceptados fue que el INS no incluyó, en su estudio de mercado de costos, el software lector del marchamo por lo cual las empresas pidieron la inclusión de dicho mecanismo en el contrato para que se refleje el precio real y evitar el riesgo de un precio ruinoso. La decisión del Instituto fue eliminar el requerimiento del software, según consta en la resolución de la CGR.
La Contraloría instruyó a la entidad pública a que, después de modificar el cartel, deberá darle una adecuada publicidad al nuevo pliego de condiciones y requerimientos al proyecto del marchamo digital. Mejías dijo que analizan las órdenes de la CGR para definir las nuevas fechas para publicar el cartel.
