EscucharLa Superintendencia General de Seguros (Sugese) expresó sorpresa ante la demanda interpuesta por el Instituto Nacional de Seguros (INS), en la cual la aseguradora estatal cuestiona la legalidad del reglamento de los seguros obligatorios, vigente desde diciembre de 2010.
La acción legal, presentada por el INS ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el pasado 20 de setiembre, también incluye como demandados al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y al Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El Reglamento de Requisitos de Funcionamiento de Seguros Obligatorios fue aprobado por el Conassif en la sesión 894-2010, celebrada el 10 de diciembre de 2010, con base en el Acuerdo 04-10 de la Sugese. Esta normativa establece los requisitos mínimos de operación para los seguros obligatorios de Riesgos del Trabajo (SRT) y el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).
El jerarca de la Sugese, Tomás Soley Pérez, dijo a La Nación que "les resultó absolutamente sorpresiva la activación de una instancia judicial por parte del INS", debido a que el reglamento impugnado fue consultado a la aseguradora durante su elaboración. Además, señaló que el INS nunca presentó ante la Sugese o el Conassif un proceso para evaluar modificaciones a dicha normativa, que cumplirá 14 años, el próximo 1.º de diciembre.
La demanda del INS coincide con el inicio de la comercialización de la póliza de Riesgos del Trabajo por parte de la empresa aseguradora MNK Seguros (antes Oceánica) para más de 500 actividades económicas, que anteriormente era ofrecida solamente por la aseguradora estatal.
William Fernández, director jurídico del INS, informó de que la Sugese fue notificada el 25 de octubre y que tiene plazo hasta el 12 de diciembre para responder. Según Fernández, el principal argumento de la demanda es que, para regular los SRT en un mercado competitivo, se debió reformar el Código de Trabajo, como sucedió en 2012 con los SOA tras la reforma de la Ley de Tránsito.
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Fernández también señaló que la Ley Reguladora del Mercado de Seguros otorgó al Conassif la facultad de autorizar la operación de las aseguradoras, razón por la que calificó el reglamento de “ilegal” porque, según él, en esta normativa, el Consejo “se arroga, entre otras cosas, la regulación exclusiva de los casos no asegurados para el INS, en lugar de asignarlos proporcionalmente a todas las aseguradoras, como ocurre con la Ley de Tránsito”. Añadió que esta situación genera un desequilibrio competitivo que perjudica al INS.
El mercado de seguros se abrió a la competencia el 7 de agosto de 2008, con la entrada en vigor de la Ley N.° 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Este marco jurídico también creó la Sugese como parte de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica con Estados Unidos (RD-Cafta, por sus siglas en inglés).
Respecto al motivo de la demanda 14 años después de la aprobación del reglamento, Fernández explicó que, entre 2013 y 2014, el INS presentó una medida cautelar en el mismo contexto, pero fue rechazada porque, en ese momento, no se evidenció la existencia de un daño, dado que no existía un competidor que ofreciera la póliza de Riesgos del Trabajo en el mercado.
Además, que la Sala Constitucional modificó su postura sobre la jerarquía de los tratados de libre comercio, como el Cafta, los cuales ahora son parámetros de constitucionalidad por considerarse tratados internacionales. “Este cambio tiene implicaciones significativas en la evaluación de normativas nacionales relacionadas con comercio y competencia”, añadió.
Fernández refirió que la demanda se encuentra bajo el expediente 24-006842-1027-CA. Sin embargo, la oficina de prensa del Poder Judicial informó de que, tras revisar los registros del Tribunal, no se encontró una demanda con las partes mencionadas.
Soley confirmó que la Sugese ya fue notificada, pero indicó que no puede referirse al fondo del caso mientras este se encuentra en instancias judiciales.
Por otro lado, Fernández subrayó que el INS no está en contra de la competencia y destacó que, desde 2008, se han mantenido como líderes del mercado. “Lo que solicitamos es actuar bajo reglas equitativas”, afirmó.
Soley expresó extrañeza y preocupación porque el INS dice estar de acuerdo con la competencia pero en la demanda plantea que “el Estado debe mantener el monopolio de los SRT y SOA administrados por el INS”, pese a que la apertura del mercado ya fue definida por tratados internacionales, un referéndum nacional, leyes de la República y la Sala Constitucional.
“Nos preocupa que la entidad estatal cuestione y pretenda que se desconozcan esas decisiones del país, ya que ello podría erosionar la confianza del público y los inversionistas. Como superintendente del mercado, me corresponde aclarar que la apertura del mercado de seguros y el respeto a la institucionalidad que la definió no están en discusión ni podría discutirse en esta vía activada por el INS", expresó Soley.
Por otro lado, Fernández indicó que el INS también solicitará una acción por inconstitucionalidad, al considerar que corresponde a los legisladores regular los SRT para un mercado competitivo
Al cierre del 2023, el INS tenía registradas 1.463.482 personas aseguradas con RT. Entre enero y setiembre de este año, la aseguradora pública registró ingresos por ¢160.525 millones en primas de este seguro. El pago de siniestros ascendió a ¢113.320 millones, durante el mismo periodo, según datos de la Sugese.
