EscucharCoopeservidores utilizó herramientas tecnológicas para manipular datos crediticios de sus clientes con el propósito de evadir los controles de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Este tipo de conductas ocurrieron en los meses previos a ser declarada inviable luego de un proceso de intervención.
En una entrevista con La Nación, el 13 de diciembre, Rocío Aguilar, ahora exjerarca de la Sugef, explicó que detectaron el uso de un software que enmascaraba la información que recibía el supervisor financiero.
Mediante su oficina de prensa, la Superintendencia luego precisó que Coopeservidores ejecutó procesos operativos y utilizó tecnologías de la información (TI) para evitar que la supervisión detectara las inconsistencias en los datos remitidos por la cooperativa por medio de archivos XML.
Los archivos XML (Extensible Markup Language, en inglés) son un formato de texto estructurado que permite almacenar, organizar e intercambiar datos. Se usan en configuraciones, transporte de datos, servicios web, entre otros.
Según la entidad supervisora, la manipulación de los datos efectuada por la cooperativa provocó que la información remitida no reflejara la realidad sobre la calidad de la cartera crediticia y demás datos financieros.
Coopeservidores, que antes de su resolución financiera era la cuarta cooperativa más importante del sector, fue intervenida el 13 de mayo del 2024, principalmente por deficiencias en el manejo de créditos. Semanas más tarde, el 21 de junio, fue declarada inviable.
“Habían desarrollado una herramienta. Es muy lamentable que esto haya sucedido, desde todo punto de vista”, afirmó Aguilar, quien añadió que no oculta que exista un peligro de manipulación de información en el sistema financiero debido al rápido avance de la tecnología.
Por otra parte, la exjerarca aseguró que la intervención de Coopeservidores no fue consecuencia de fallas en la supervisión de Sugef, ya que la entidad ingresaba datos falsos. “No hubo, durante todo el proceso (de supervisión), ningún indicio de que la información que nos estaban remitiendo fuera alterada”, manifestó la jerarca.
En diversos informes, como el oficio SGF-1429-2024, la Superintendencia acusó a la cooperativa de negligencia en su gestión para revelar su verdadera situación económica y financiera.
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En el acuerdo de intervención, se indicó que hubo inconsistencias en los datos remitidos por la cooperativa en el XML crediticio, aunque se desconocía el modus operandi utilizado para manipular dicha información.
La entidad fiscalizadora detectó las inconsistencias a partir de un estudio especial de supervisión para evaluar la calidad y razonabilidad de los datos enviados por Coopeservidores por medio del archivo XML crediticio.
El alcance del estudio incluyó la valoración de los XML crediticios remitidos mes a mes por la cooperativa al ente supervisor durante el periodo comprendido entre enero del 2022 y agosto del 2023.
Deterioro en la cartera
Debido a las inconsistencias en la información financiera remitida, la cooperativa tuvo que recalificar parte de sus operaciones de crédito, especialmente las de consumo, lo que implicó la creación de una estimación por deterioro de ¢29.933 millones.
La normativa obliga a las entidades a crear esta provisión como medida preventiva en caso de que el deudor no pague su obligación. Dicho ajuste se aplicó después de que la Sugef culminó una fiscalización de la cartera de crédito de la cooperativa para el periodo antes mencionado, de enero de 2022 a agosto de 2023.
“En los comités (de Sugef) veíamos cómo estaba la mora, suficiencia patrimonial y todos los indicadores financieros mediante el sistema de alerta temprana. Cuando vemos desplazamientos en una entidad obviamente se profundiza.
“Pero aquí, lamentablemente, vimos una entidad que alteró la información y las medidas que se pudieron haber ordenado no se pudieron aplicar porque la información era diferente”, manifestó Rocío Aguilar.
Como consecuencia, la cooperativa tuvo que hacer un ajuste en el resultado financiero del 2023 para reflejar una pérdida de ¢26.975 millones, debido al deterioro de varias operaciones de crédito. Esto sucedió antes de que se diera la intervención.
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Según Aguilar, ya en 2022 se había exigido un aumento en las estimaciones por unos ¢12.000 millones, y también se efectuó una evaluación del gobierno corporativo de la cooperativa, la cual ahora está en proceso de cierre.
La creación de mayores provisiones en la cartera de préstamos estuvo aunada a un ascenso en el indicador de morosidad de la entidad. En enero del 2024, la mora registrada era de 1,95%, pero se elevó al 5,79% en marzo del mismo año, después de la fiscalización especial hecha por Sugef. La morosidad del 3% es el nivel considerado como de normalidad.
Sin embargo, después de la intervención ordenada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en mayo del año pasado, la mora se disparó hasta el 11,66%, según los datos publicados por la Sugef en su sitio web.
Datos de crédito pasan por tres filtros
Los datos remitidos por las entidades supervisadas por Sugef pasan por tres filtros que incluyen una cantidad importante de validaciones y análisis para asegurar la precisión de la información.
El primer filtro es una plantilla que verifica que los datos reportados por las entidades financieras supervisadas cumplan con reglas básicas de estructura, como fechas, números y texto.
El segundo filtro son las validaciones de integridad, en las que la Superintendencia comprueba que la información no contenga datos no tipificados en los catálogos de la entidad.
Finalmente, el tercer filtro, denominado validaciones de negocio, se enfoca en reglas más complejas para garantizar la calidad de los datos suministrados por las entidades financieras.
Además, el proceso de supervisión incluye fases de monitoreo e inspección. En la fase de monitoreo, Sugef se basa en la información remitida por las entidades y otros órganos como las auditorías.
Ahora, la Sugef también emplea algoritmos basados en ciencia de datos para detectar irregularidades en las carteras crediticias, como operaciones con tasas de solo 1%, amortizaciones pequeñas o saldos inmóviles, a pesar de estar al día.
