EscucharUn nuevo estudio sobre el Fondo de Pensiones del Poder Judicial confirmó un empeoramiento del déficit actuarial en este régimen, el cual carece de capacidad para pagar las jubilaciones a la totalidad de los futuros beneficiarios. Actualmente, el sistema cubre a 18.200 personas, entre trabajadores y jubilados.
En la Valuación Actuarial 2024, emitida en marzo anterior, se reveló que el fondo de retiro tiene un hueco de ¢787.151 millones, un 24,1% más de los ¢634.154 millones estimados en el 2023. En un lapso de 12 meses, el desequilibrio aumentó en casi ¢153.000 millones.
En el 2039, los ingresos serán insuficientes para pagar a los pensionados y se empezará a utilizar la reserva, en el escenario de población cerrada y sin efectuar ninguna reforma. Asimismo, en el 2050, la reserva del régimen se agotaría y el Estado debería hacerse cargo del pago de beneficios.
La estimación de población cerrada es la que no toma en cuenta la entrada de nuevos trabajadores. La Superintendencia de Pensiones (Supén) ordena a los administradores de fondos de jubilaciones efectuar estudios actuariales con este método, porque es la forma de determinar si es necesario una reforma. La excepción es el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en el que el análisis se hace a población abierta, o sea, proyectando la incorporación de nuevos cotizantes.
Hoy, el Fondo de Pensiones del Poder Judicial solo tiene capacidad para pagar el 74,11% de sus obligaciones a largo plazo, lo cual se conoce como razón de solvencia.
“El Fondo se mantiene en una posición administrable a pesar de no alcanzar el nivel de solvencia requerido, por lo cual se estima conveniente mantener una adecuada administración de la reserva y monitorear los principales indicadores actuariales”, precisó el estudio.
Actuario recomendó penalizar la pensión anticipada
Para atenuar los problemas del régimen, el actuario Christian Torres, encargado del estudio, recomendó dos cambios legales a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo).
La primera fue penalizar con un 7% por año el anticipo de la edad de 65 años, con el fin de desincentivar los beneficios proporcionales.
“Para dimensionar la acción propuesta, en la actualidad el anticipo penaliza un equivalente a 1,54% por año para un hombre con edad de 62 años que anticipe tres años, para un total de 4,62%. Con la propuesta, ese último porcentaje aumentaría a 21% por el periodo de tres años”, se recalca en el estudio.
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La otra propuesta es que las pensiones superiores al 50% del monto máximo (¢4.622.000), es decir, ¢2.311.000 solo tengan un incremento anual equivalente al 25% de la inflación.
Para las jubilaciones por debajo de ¢2.311.000, se sugiere reconocer el 100% del índice de precios al consumidor (IPC).
En caso de aprobarse los cambios, el déficit actuarial se reduciría en ¢274.909 millones, desde el actual ¢787.151 millones, para ubicarse en ¢512.242 millones, además de que el indicador de solvencia se elevaría al 81,97%.
La política de solvencia del Fondo de Pensiones del Poder Judicial establece que el 80% es el porcentaje óptimo en la tolerancia de riesgo del sistema.
Otra opción: cotización del 54,2% del salario
La otra opción para lograr el equilibrio es que la cotización sobre el salario de cada trabajador y pensionado del Poder Judicial sea del 54,25%. Actualmente el aporte tripartito es del 28,93%.
En este sistema, el patrono cotiza el 14,36%; los empleados y jubilados el 13%; el Estado 1,57% y hay una contribución solidaria sobre las pensiones más altas.
La Nación consultó, este miércoles, a la Junta Administradora del sistema judicial si promoverá las modificaciones propuestas en la valuación actuarial. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Desequilibrio persistente
El Fondo de Pensiones del Poder Judicial experimentó una reforma profunda en el 2018, para reducir el déficit actuarial, que entonces era de ¢5,3 billones.
Los cambios aprobados en la Asamblea Legislativa elevaron la contribución de los trabajadores activos y los pensionados del 11% al 13%.
El cálculo de la cuantía de la pensión también se redujo del equivalente al 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios, al 82% del promedio de los últimos 20 años de salarios. También, se elevó la edad de retiro de 62 a 65 años.
Además se estableció un tope de jubilación equivalente a 10 salarios base de un empleado judicial, con lo cual la cuantía hoy es de ¢4,6 millones; y un aporte solidario para las pensiones más altas otorgadas antes del cambio legal.
Pese a las modificaciones de aquel momento, en el sistema aún persiste un desequilibrio.
Todos los estudios actuariales aplicados desde el 2019 hasta el último del 2024, muestran que el régimen mantiene un déficit que no ha podido reducirse de manera significativa.
Adicionalmente, los informes contratados a actuarios, posterior a la reforma del 2018, recomendaron una serie de cambios legales para reducir el déficit del sistema. Sin embargo, ninguna propuesta ha sido impulsada por los administradores.
Datos claves
Al cierre del 2024, el Fondo del Poder Judicial contaba con 4.236 personas pensionadas cuya edad promedio era de 68 años. El 54,5% eran hombres y las mujeres representaban el 45,5%.
En tanto, 13.983 empleados se mantenían activos trabajando en la instituciones como jueces, fiscales, defensores públicos y en la Policía Judicial.
A diciembre anterior, la reserva del sistema fue de ¢838.405 millones y significó un incremento del 8%, respecto al saldo del 2023.
