EscucharLa Defensoría de los Habitantes criticó al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) por la posibilidad de retrasar la entrada en operación de los fondos generacionales en el Régimen Complementario de Pensiones (ROP), advirtiendo que la medida tendría un efecto adverso sobre los trabajadores asalariados cercanos a la jubilación.
En los fondos generacionales los afiliados son separados por rangos de edad y cada grupo tendrá una estrategia de inversión diferenciada. Todos permanecen en el mismo fondo, solo se pasan de grupo según la edad. El esquema propuesta divide a las trabajadores en cuatro grupos según su año de nacimiento.
La institución informó, mediante un comunicado de prensa, de que solicitará a Humberto Grant, presidente interino del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), detalles sobre los argumentos técnicos y legales que justifiquen la posible decisión de frenar la puesta en marcha de la reforma que arranca el próximo 1.° de abril.
“¿Por qué es importante no postergar aún más la entrada en vigencia de los fondos generacionales? Con la entrada en vigor de los fondos generacionales, se busca la especial protección de las personas próximas a jubilarse, ya que son precisamente éstas las que tienen menos tiempo para soportar volatilidades del mercado, obligando a las Operadoras (de Pensiones Complementarias) a trasladar las inversiones de este grupo a instrumentos más conservadores", recalcó la Defensoría en su comunicado.
La solicitud de la entidad se produce luego de que La Nación reveló que la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) coinciden en revisar el diseño y los plazos de entrada en vigencia de los fondos generacionales en el ROP. Grant se mostró a favor de revisar las dudas concernientes a este modelo de agrupación.
Las operadoras plantearon sus objeciones a raíz de dudas técnicas sobre el cumplimiento de los objetivos de la reforma promovida por la Superintendencia de Pensiones (Supén). Por su parte, Róger Madrigal, presidente del ente emisor y miembro del Conassif, expresó a mediados de diciembre pasado que planteará un diálogo con las operadoras de pensiones complementarias (OPC) para revisar el impacto cambiario de los fondos generacionales
El presidente interino del Conassif coincidió con los argumentos de las operadoras y el BCCR. Él declaró a este medio que algunos miembros del Consejo estarían de acuerdo con una revisión.
La Defensoría expresó su preocupación ante la posibilidad de que, debido a los cambios en la conformación del Consejo, se frene la implementación de la reforma. El año pasado el Conassif atravesó una profunda renovación de directivos y fue la Junta Directiva del BCCR la encargada de elegir, entre enero y diciembre de 2024, a cinco de los nueve miembros de la entidad reguladora.
El Conassif está actualmente desintegrado porque, en diciembre pasado, la presidenta del órgano Laura Suárez renunció pues su nombramiento vencía en este mes de enero.
El Consejo no puede decidir de oficio detener la entrada en marcha de los fondos generacionales, pues es una potestad de la Supén. Sin embargo, la Superintendencia está actualmente sin jerarca por la dimisión de Rocío Aguilar a finales del año pasado. Al Conassif le corresponde elegir a la persona que ocupe el cargo de superintendente.
Grant respondió este miércoles a La Nación que preparan una respuesta a las observaciones de la Defensoría. “También estoy buscando un espacio para reunirme con ellos, conversar y entender sus preocupaciones. Yo creo que todos estamos del mismo lado. Este es un tema con muchas sutilezas y siempre es mejor aclarar lo que todos estamos viendo”, apuntó.
Posteriormente, en un comunicado de prensa, el Conassif afirmó que en ningún momento han considerado no implementar los fondos generacionales. Pero solicitaron un nuevo análisis técnico para valorar los eventuales resultados para los afiliados y pensionados del ROP, una vez aplicada la normativa.
Róger Porras, gerente de Popular Pensiones y presidente de ACOP, dijo que es necesario conocer todos los razonamientos técnicos posibles sobre los fondos generacionales. Añadió que el temor expresado por la Defensoría, respecto a los efectos de las volatilidades, como las sufridas en el 2022, son las mismas de las operadoras.
“Los elementos técnicos son muy relevantes para la toma de decisiones que al final la toma el Consejo”, afirmó.
Reforma relevante
Las operadoras de pensiones complementarias (OPC) deben dividir el ROP en cuatro fondos, según la edad de los afiliados, y establecer estrategias de inversión acordes con el ciclo de vida del trabajador. El objetivo de los fondos generacionales es que los ahorros de las personas a 10 años del retiro o ya pensionadas sigan una política de inversión conservadora, mientras que para quienes inician su vida laboral la estrategia sea más agresiva que permitiría más rendimientos a cambio de mayores fluctuaciones en la rentabilidad.
Para la Defensoría los cambios en el ROP son vitales porque en el 2022, durante las pérdidas generadas en las inversiones del fondo, las personas pronto a pensionarse y las retiradas fueron las más golpeadas por la pérdida de valor de su dinero, según indicaron.
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“La situación vivida en el año 2022 por los fondos de pensiones, no puede verse como un hecho aislado que pueda no repetirse, pues las inversiones que se realizan en el mercado de valores o bursátil, son susceptibles a pérdidas o ganancias, no pudiendo garantizarse un rendimiento esperado o futuro, precisamente por la dinámica misma de los mercados internacionales”, advirtió la institución.
Los fondos de pensiones comenzaron un proceso de desaceleración en las ganancias de las inversiones a partir de setiembre del 2021, y cayeron en negativo a partir de mayo del 2022. El incremento de la inflación, las tasas de interés y los efectos adversos de la guerra entre Rusia y Ucrania provocaron el fenómeno.
La pérdida en el valor de las inversiones del ROP generó que las seis OPC pasaran de administrar ¢9.679.952 millones, en abril del 2021, a ¢9.070.964 millones en setiembre del 2022, según el registro de Supén.
Las minusvalías afectaron, principalmente, a las personas ya jubiladas. En noviembre del 2022, Maricela Artavia, una jubilada, contó a La Nación que, entre agosto y setiembre de ese año, el saldo del ahorro de su pensión complementaria pasó de ¢66 millones a ¢53 millones. La baja se fundamentó, principalmente, por la reducción en la valoración de las inversiones.
La situación ocurrida en ese periodo, impactó principalmente a 251.000 afiliados cercanos a jubilarse. Los ahorros de estas personas, así como el resto de trabajadores actuales se administran en un solo fondo, lo cual expone a todos a los mismos riesgos en las volatilidades de las inversiones.
Los fondos del ROP superaron hasta el 2024 los efectos adversos de las pérdidas ocurridas dos años atrás. Al cierre del año pasado, el sistema contaba con 3,1 millones de trabajadores, 74.000 pensionados y activos por ¢12,46 billones, según datos de Supén.
Defensoría afirma que atraso en implementar reforma a pensiones del ROP afectaría en especial a los trabajadores cerca de jubilarse
