EscucharLos diputados de la provincia de Limón impulsan dos créditos por $24 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer la competitividad y la producción en esa provincia.
Ambos empréstitos fueron aprobados por el BID y están en la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Jorge Méndez, diputado liberacionista, dijo que el primer crédito se denomina Programa multifase de desarrollo sostenible de la región huetar atlántica . El plan ocupa el sexto lugar de la agenda de Hacendarios.
El empréstito será por $15 millones e incluye un aporte estatal de $3 millones. Tiene una tasa de interés Libor a tres meses más un porcentaje de riesgo, un plazo de amortización de 20 años y 4,5 años de gracia. El desembolso se hará en 4 años.
Méndez explicó que los recursos se destinarán a fortalecer la gestión municipal de todos los cantones limonenses y a incentivar el turismo ecológico.
También se invertirá en desarrollo de infraestructura, en un proyecto para unificar el manejo de los desechos de la provincia, así como rehabilitar el ferrocarril en la mayoría de ramales productivos.
Los diputados propondrán también dragar los canales de Tortuguero.
Prevención. El otro crédito es por $9,2 millones y se denomina Programa de desarrollo sostenible de la cuenca binacional del río Sixaola .
La tasa de interés será la Libor, que se fija según entidades financieras de Inglaterra. Este plan está en el quinto lugar de la agenda de la Comisión de Hacendarios.
Los recursos pretenden diversificar la producción agrícola en la región cercana al río Sixaola, con el fin de disminuir el riesgo ante inundaciones y una eventual salida de empresas transnacionales productoras de banano.
También se busca invertir en infraestructura, incentivar la producción agrícola orgánica y la conservar los recursos naturales.
José Luis Vásquez Mora, diputado socialcristiano, calificó este proyecto como “la alternativa más importante y estratégica de la historia de la región de Talamanca”.
Los recursos de los créditos serán administrados por un órgano ejecutor compuesto por varias instituciones públicas, como la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
