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El Ministerio de Trabajo rechazó la solicitud de la empresa venezolana Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa) para suspender durante tres meses los contratos laborales a 230 de sus trabajadores. La compañía alegaba una paralización de la planta de producción.
La resolución de la Dirección General de Inspección del Pacífico Central fue comunicada la mañana del viernes 4 de mayo a la compañía venezolana, y en la tarde de ese mismo día a los trabajadores de la empresa.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno, y solo se puede elevar en consulta ante la Dirección Nacional de Inspección, según advierte Víctor Manuel Aguilar, director regional de Inspección, en el documento enviado a las partes.
De acuerdo con la legislación, en caso de ser rechazada la solicitud de suspensión temporal de contratos, la empresa deberá pagar los salarios caídos a los trabajadores.
Alunasa informó al Ministerio de Trabajo de que la suspensión regía desde el 28 de marzo pasado.
Voceros de los trabajadores de Alunasa explicaron la tarde de este lunes 7 de mayo que no tenían información ni acerca del pago de salarios ni de una posible reincorporación a sus trabajos.
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Se pudo prevenir
De acuerdo con la investigación asignada a los funcionarios Noelia Altamirano Castillo y Noldan Guevara Guevara, la empresa Aluansa efectivamente sufrió una merma en el suministro de materia prima desde el 2016, problema que aumentó en el 2017 y se agravó a partir de noviembre del año pasado.
Sin embargo, los investigadores concluyen que ese problema se pudo prevenir y adquirir la materia prima en otros países.
"De la investigación se desprende que el mercado de aluminio es muy amplio en el mundo y que la producción va en aumento en países como China y otros de América. Además, que existen países de América que comercializan aluminio como es el caso de Brasil, Argentina, México y Canadá", señala el documento.
"En el caso de CGV Alunasa, la empresa no demuestra esa condición que establece la legislación y jurisprudencia, de que sea causa enteramente ajena a la voluntad de las partes" (la falta de materia prima), añade la investigación del Ministerio de Trabajo.
La firma venezolana tramitó ante el Ministerio de Trabajo la suspensión de los contratos laborales por tres meses, lo cual, si se hubiese aprobado, le permitiría dejar de pagar los salarios en ese periodo.
Los problemas de producción de esa firma se conocieron públicamente a mediados de marzo pasado, luego de que un grupo de trabajadores puso en circulación una carta con sus preocupaciones. Eso motivó la intervención del Ministerio de Trabajo, entidad que mantiene abierto un canal de diálogo entre los trabajadores y la empresa desde el 12 de abril.
