EscucharSan Francisco (EEUU), 22 ene (EFE).- Los estibadores de la costa oeste de EEUU aprobaron hoy un contrato colectivo que pone fin a un conflicto que frenó las actividades portuarias el año pasado y obligó a la intervención del Gobierno federal.
Fuentes sindicales dijeron que casi el 90 por ciento de los miembros del sindicato de estibadores aprobaron el convenio que resuelve el conflicto, que afectó a los 29 puertos más importantes de la región.
El acuerdo de principio, aprobado en diciembre, fue ratificado también por la Asociación Marítima del Pacífico, que agrupa a las empresas navieras y terminales portuarias, agregaron las fuentes.
El convenio otorga a los trabajadores portuarios seguro médico sin costo, un aumento del 60 por ciento en las pensiones y un incremento salarial mínimo del 12 por ciento al final del contrato, que será de seis años.
"En un momento en que las familias trabajadoras luchan contra el creciente aumento de los costos de atención médica y para asegurar su jubilación, el sindicato ha conseguido un contrato histórico", dijo Richard Trumka, secretario de la AFL-CIO, la mayor central sindical de EEUU.
A cambio del aumento de esos beneficios, los estibadores aceptaron la instalación de nuevos equipos tecnológicos que acelerarán el flujo de mercancías a través de los puertos.
Las fuentes sindicales aseguraron que el aumento de la eficiencia portuaria no incidirá en el empleo de los estibadores actualmente en activo, aunque se eliminarán de manera gradual unos 400 puestos de trabajo mediante jubilaciones.
La intención empresarial de modernizar los puertos y demandas laborales dieron pie a una huelga de celo de los trabajadores y, posteriormente, a un cierre patronal que durante diez días ocasionó pérdidas de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares diarios, según varios economistas.
Como sindicato y patronal no llegaban a un acuerdo, la Casa Blanca decidió terminar de manera tajante con el bloqueo, invocando el 9 de octubre la ley Taft-Harley, de 1947.
Esa ley autoriza al Gobierno a prohibir durante 80 días una huelga si se demuestra que pone en peligro la seguridad o el bienestar de la nación. EFE
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