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La falta de una rectoría y las grandes disparidades salariales son dos de los problemas que aquejan al sistema de empleo público.
La organización y la gestión de la planilla del Estado es la dificultad de fondo situada detrás de la historia de los percentiles –que se desató a raíz del estudio del Servicio Civil– y una de las complicaciones estructurales de las finanzas públicas.
Sin una rectoría se abre la puerta a que un ajuste salarial en un lado repercuta en otro que no se esperaba. Las diferencias de salarios es un incentivo para que los que están más abajo traten de alcanzar al resto.
Sobre el asunto de la rectoría, el artículo 191.° de la Constitución Política establece que un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos; sin embargo, en la práctica, el régimen de Servicio Civil solo regula las relaciones del Estado con los trabajadores de 47 instituciones.
En el resto del sector público hay una diversidad de regímenes. Por ejemplo, según la contralora, Rocío Aguilar, hay alrededor de 54 convenciones colectivas.
Esa diversidad, dice la contralora, en el artículo publicado en la
Dicha variedad explica las grandes diferencias salariales.
Un estudio de la Contraloría del 29 de enero del 2010 encontró “disparidades salariales irrazonables y desproporcionadas, las cuales oscilan entre 225% y 614% del salario total reconocido para algunos funcionarios públicos; no obstante, según la homologación efectuada por las dependencias contenidas en la muestra, las funciones asignadas y los requisitos exigidos para esos puestos son los mismos”.
La variedad de los
Todos estos temas los ha desarrollado la Contraloría en estudios publicados el 29 de enero del 2010, el 6 de marzo 2009 y en la Memoria Anual del 2007, y los expuso la contralora en el artículo de la
