25.200 personas en pobreza esperan un año o más por pensión de ¢82.000

Estas personas aguardan, en promedio, más de un año para recibir una jubilación mensual de ¢82.000. Los solicitantes acuden a este sistema porque no cuentan con derecho para retirarse en ninguno de los fondos básicos: el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Magisterio Nacional y el Poder Judicial.

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, explicó que la institución tiene la capacidad de entregar 10.000 nuevas pensiones cada año, para reducir el pendiente, pero depende de la asignación de recursos y las metas establecidas por el Gobierno.

“Tenemos un pendiente de 25.000 casos. Creemos que podría darse un impase y no recibir nuevas solicitudes para poder atender los pendientes. Nosotros, como administradores de los recursos (del fondo de pensiones), podemos valorar esa opción, pero debe aprobarlo la Junta Directiva”, comentó el jerarca a La Nación, en referencia a los datos acumulados a junio anterior.

El objetivo de entregar 5.000 nuevos beneficios en el RNC está establecido por el Poder Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026.

Sin embargo, Barrantes consideró que la meta nacional debería ser del doble para atender la demanda de los próximos años. También confirmó que ya hicieron la alerta al Gobierno de las condiciones del sistema.

El RNC se financia con las contribuciones patronales al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) sobre el costo de la planilla de las empresas. Así como por las transferencias desde el Ministerio de Hacienda por la recaudación tributaria e impuestos específicos, como el que recae sobre la venta de cigarrillos y licores.

Para el 2024, Hacienda asignó ¢34.000 millones menos en el presupuesto del fondo de jubilaciones. Según la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, si no se asignan nuevos ingresos se deberá reducir el monto de la pensión de ¢82.000 mensuales a ¢68.000.

Además, no se podrían entregar nuevos beneficios el próximo año. Tales medidas serían necesarias para garantizar el pago a los actuales 144.966 jubilados, según la CCSS.

No es la primera vez que el Gobierno deja un hueco en el presupuesto del Régimen No Contributivo. En el 2022, no se asignaron ¢20.000 millones al fondo y, durante este año, fueron ¢14.700 millones.

Ascenso en peticiones

Los datos de la Caja muestran que los trámites pendientes de respuesta empezaron a crecer de manera relevante a partir del 2020. En ese año, el sistema finalizó con 9.982 sin resolver.

Para el año siguiente, las peticiones se elevaron hasta 14.300; en el 2022, se finalizó con 21.101 casos y hasta junio pasado, el saldo acumulado era de 25.241.

El gerente de Pensiones explicó que el ascenso se explica por la alta demanda de solicitudes de beneficios en todo el país.

Los datos muestran que el 91,5% de las personas a la espera de una respuesta están en condición de pobreza básica o extrema.

El incremento ocurre a pesar de que, en el 2021 y 2022, la institución otorgó 5.031 y 6.595 pensiones, respectivamente. Dicha cantidad estuvo por encima de la meta gubernamental de 5.000 beneficios anuales.

Entre enero y junio de este año, la entidad autónoma asignó 2.769 jubilaciones.

“De acuerdo con las metas, este año se darían 5.000 pensiones nuevas. Adicionalmente, están las reposiciones (por el fallecimiento del beneficiario) que andará en 8.000, de las cuales solo se podrían reponer la mitad, a lo cual hay que sumar las solicitudes nuevas que son cada vez más”, explicó el jerarca en referencia a la dinámica del sistema.

Barrantes se refirió al tema el pasado 5 de octubre, durante la sesión de Junta Directiva 9.372, en la cual presentó un informe sobre el desempeño semestral del RNC.

De los 144.966 beneficiarios del sistema, el 63% de las personas son adultos mayores y el 30% tienen una condición de invalidez.

También hay 5.067 personas con parálisis cerebral profunda, 2.500 en indigencia y 148 menores de edad, según los datos de la Caja.